Lidia Falcón
21diciembre 2013
No creí que se
atrevieran. Durante dos años, y antes, en la campaña electoral, los dirigentes
del PP han estado amenazando a las mujeres, y en general a toda la sociedad,
con penalizar, prohibir y dificultar la posibilidad de practicar el aborto.
Pero las protestas de los grupos feministas, los comentarios desfavorables de
amplios sectores políticos e intelectuales, tanto hombres como mujeres, y la
campaña de escándalo que tal propósito mereció en casi todos los países
avanzados, retrasaron la puesta en práctica de tales medidas. Desde Australia a
Estados Unidos, pasando por Portugal y Noruega, las feministas me preguntaban
continuamente si sería cierto que se iba a aprobar una ley como la anunciada, y
tanto se retrasaba que dudé de que llegaran a realizarlo. Pero al fin ahí está
el proyecto.
Cierto que hubo un
tiempo en que Gallardón amenazó con suprimir el supuesto de violación como
exculpatorio del aborto, pero no solo la OMS y el Comité de No discriminación
de la Mujer de Naciones Unidas lo aprueban y recomiendan, sino que con toda
seguridad las mujeres de su partido –y quien sabe cuantos hombres- le pusieron
el límite a sus delirios ultra. Pero ya nos encontramos en la misma situación
que en los primeros años ochenta, cuando las feministas nos extenuamos en
reclamar el derecho de las mujeres a disponer no solo de su propio cuerpo sino
también de su vida futura, hipotecada para siempre por una maternidad no
deseada.
Transcurridos treinta
años de aquellas luchas, parece una pesadilla encontrarnos de nuevo en la calle
gritando que nuestro cuerpo es nuestro, que nuestros vientres y su capacidad
para procrear no pertenecen ni a la Iglesia católica, ni al legislador, ni al
juez ni al médico, ni siquiera al hombre que ha engendrado el embrión, todos
los poderes que siempre se han apropiado de la capacidad de reproducción de las
mujeres, haciéndose dueños de su útero y de su vida.
En estos últimos
meses, y seguirán en los siguientes, se han publicado y repetido los argumentos
feministas, sociológicos, médicos y de derechos humanos que defienden la
decisión única de la gestante para interrumpir el embarazo. Constituyen el
fundamento del reconocimiento de las mujeres como seres humanos libres, como
ciudadanas, como sujetos de derecho social, moral y político. Se ha descrito,
con toda veracidad, el panorama de las desgracias que las acechan de ponerse en
práctica tal ley, así como de la enorme penalización económica para toda la
sociedad que suponen los abortos clandestinos, con sus secuelas para la salud,
los viajes a ciudades extranjeras, el pago de las clínicas privadas, sin que se
pueda cuantificar el sufrimiento que todo ello supone para la mujer y las
personas que la quieran. Por tanto, no voy a repetirlos.
Pero sí quiero hacer
una reflexión de lo que esta ley supone desde una óptica política. Es una
demostración más, con la Ley de Memoria Histórica, el archivo de los procesos
contra los asesinos franquistas, el abandono de la búsqueda de los restos de
las víctimas en todas las cunetas de España, la ocultación de la historia de
este siglo último en las escuelas y los medios de comunicación, de que el
franquismo ni se ha extinguido ni se ha archivado ni se persigue, sino que
sigue gobernando.
La persecución del
aborto fue una de las señas de identidad del fascismo que perduró en nuestro
país bastante más que los cuarenta años que se señalan de dictadura. Teniendo
en cuenta que en Castilla y León, en Galicia, en Andalucía, en Extremadura, la
dictadura se impuso inmediatamente después del 18 de julio y que la Constitución
no se aprobó hasta 1978, el franquismo estuvo victorioso e imperante cuarenta y
dos años en la mitad del país. Pero hay que añadir que la mayoría de los
dirigentes de la tan alabada Transición eran franquistas de carnet, con camisa
azul hasta la víspera de convertirse en demócratas; que impusieron esta
Constitución con su defensa “del derecho a la vida”; que los mismos apellidos
de la derecha centenaria siguen rigiendo la economía, la política y la cultura,
y que la Iglesia católica española es más reaccionaria que las nuevas
tendencias papales, por lo que en nada puede extrañarnos esta ley Gallardón.
En todo caso lo que me
extraña es la sorpresa y el escándalo de los sectores feministas y de izquierda
ante las reformas legales y económicas que está llevando a cabo el gobierno del
PP. Parecen creer que la democracia que tanto les han publicitado se había
asentado definitivamente en nuestro país. Al parecer la sociedad padece una
profunda amnesia y ya no recuerda lo que es la derecha española, cuando solo hace
diez años que seguía gobernando. Cierto es que José María Aznar y sus equipos
no pusieron en cuestión la reforma legal de 1983 en la que se despenalizaban
tres supuestos de aborto, y que esta nueva ley viene incluso a restringir, pero
resultaba absolutamente ingenuo suponer que Rajoy y compañía iban a consentir
que se definiera como un derecho de las mujeres que puedan practicarse un
aborto sin pedir permiso a nadie, aunque solo durante el bien corto plazo de 14
semanas, y a pesar de que tal práctica siempre es un delito que jamás ha sido
borrado del Código Penal.
Si alguna revancha
tenía que tomar el gobierno de ultra derecha que nos oprime contra los tímidos
avances que el feminismo había logrado, si de alguna manera podía vengarse de
que las mujeres ya no seamos las esclavas que disponía la legislación de la
dictadura, si finalmente tenía que presentarse ante la Iglesia católica, su
gran aliada y cómplice, como el garante de los principios tridentinos, tenía
que ser volviendo a prohibir el derecho de la mujer a ser dueña de su cuerpo y
de su destino.
En el ADN de la
derecha, de la Iglesia, de todas las fuerzas reaccionarias está dominar a las
mujeres, someterlas a su insustituible labor maternal, mantenerlas como las
fuerzas reproductoras a las que hay que obligar a parir, tanto si lo desean
como si no.
Esta ley de Gallardón
se entronca directamente con todas las disposiciones y doctrinas franquistas
que imperaron casi medio siglo en nuestra historia reciente. Viene a probar,
una vez más, que la Transición y la supuesta democracia que trajo aquella son
herederas directas del franquismo. Y que solo una ruptura radical con los
dirigentes del fascismo y derrocando el régimen monárquico y patriarcal que nos
oprime podremos las mujeres alcanzar nuestra propia liberación.
Fuente: www.publico.es
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