El Gobierno
ha vendido su intervención como un pulso contra las grandes compañías en
defensa de los usuarios eléctricos. Pero la situación dista de ser clara y
mucho menos definitiva.
nuevatribuna.es
| Ladislao Martínez | 29 Diciembre 2013 - 16:44 h.
El Gobierno ha vendido su intervención como un pulso
contra las grandes compañías en defensa de los usuarios eléctricos
Fue el
propio Rajoy quién hizo pública la subida del precio de la electricidad para el
primer trimestre de 2014. La secuencia de acontecimientos es digna de comentar.
Primero se anunció una subida del 11% debido al sorprendente resultado de la
última subasta CESUR de 2013, después se produjo una queja gubernamental, una
intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC),
la posterior anulación de la subasta y una propuesta de la Comisión atendida
por el Gobierno.
Resultado,
una subida del 2,3% para el primer trimestre del año que corresponde con
el límite inferior propuesto. Todo ello en un contexto de enfrentamiento entre
el Ministro de Industria y las grandes eléctricas motivado por la retirada en
el último momento de más de 3000 millones de euros (ME) de los presupuestos
Generales del Estado que tenían como fin eliminar el déficit de tarifa de
2013…, ¡y el mismo día en que se publica en el BOE la nueva ley eléctrica (Ley
24/2013) que pretendidamente acabaría con la posibilidad de incurrir en nuevos
déficit por encima del 2% de las cantidades totales recaudadas en el negocio
eléctrico!
El Gobierno
ha vendido su intervención como un pulso contra las grandes compañías en
defensa de los usuarios eléctricos. Pero la situación dista de ser clara y
mucho menos definitiva.
Hay que
precisar que la subasta CESUR es una subasta de futuros que, aunque implica
pequeñas cantidades de energía, sirve para fijar la parte liberalizada o “del
mercado” del precio de los usuarios de la Tarifa de Último Recurso (TUR). Ni se
trata del precio total de la electricidad de esos usuarios, a ello hay que
sumarle el coste de las actividades no liberalizadas conocido como “Peajes”, ni
todos los usuarios eléctricos están acogidos a esta tarifa.
Según datos
de la orden de peajes de agosto de 2013, a la TUR están acogidos 17,2 millones
de usuarios, mayoritariamente domésticos, con una potencia contratada de menos
de 10 kW. Sólo estos contratos se veían directamente afectados por la subasta.
Existen además otros 9,7 millones de usuarios, que aunque tienen las mismas
características de potencia contratada, y que por tanto podrían acogerse a la
TUR, están atendidos en el mercado liberalizado. Y también están excluidos los
restantes usuarios que reciben la electricidad a baja tensión (mayoritariamente
pequeña industria y sector servicios) que totalizan 1,7 millones de contratos y
los casi 110.000 contratos de alta tensión (fundamentalmente sector industrial
y grandes servicios).
De los 237
Teravatioshora (TWH) que se preveía consumir en nuestro país en 2013, sólo 41,3
TWH lo eran bajo la TUR. Como se ve la subasta sólo afectaba directamente a
menos de 1/5 de la electricidad consumida, aunque representa casi ¼ de la
facturación total e implica al 60% de los contratos. Hay no obstante un buen
número de contratos de usuarios de baja potencia contratada referenciados
indirectamente a la TUR.
Es falso por
tanto, como han proclamado distintos miembros del PP y sus voceros comparsas,
que esta medida se haya adoptado en defensa de la competitividad de las empresas
ya que éstas pagan la electricidad al precio que tienen establecido con sus
comercializadoras y no están afectadas (salvo excepciones) por la subasta. Sí
es cierto que la mayoría de los usuarios domésticos verán con alivio que el
precio de la electricidad de este primer trimestre será significativamente
menor que el anunciado.
¿Estuvo
manipulada la subasta? La versión de la gran patronal eléctrica es que los
precios del mercado durante 2013 han sido inusitadamente bajos por la excelente
eolicidad, hidraulicidad y baja demanda. A ello añaden que en los días previos
hubo poca producción eólica y que se debieron usar centrales de gas que ahora
adquieren la materia prima a precios más altos ya que abandonaron los contratos
“tomar o pagar” por el poco uso de las centrales. Dado que la mayor parte de
esos contratos son secretos, aunque la explicación no suena irracional, no
tienen otro aval que su palabra. En mi opinión había buenas razones para
esperar una subida del precio del mercado por las razones que ellos esgrimen,
pero hubo con total seguridad sobreactuación interesada y muy probablemente
acuerdo para provocar una subida mayor de lo razonable. Los precios del mercado
diario de los días previos a la subasta fueron desmesuradamente altos y la
retirada temprana de parte de la producción ofrecida, así como la escasa
participación de sus comercializadoras en la puja, son indicios más que
razonables. A ello hay que añadir el hecho de que las comercializadoras de las
5 grandes empresas son las únicas que ofrecen la TUR, por lo que si los precios
efectivos de la electricidad durante el trimestre son menores que el supuesto,
los márgenes de comercialización crecen de forma importante.
Dos
comentarios se están repitiendo con inusitada unanimidad. La primera es que la
subasta CESUR es un mecanismo demasiado fácil de manipular y que debería
sustituirse por un procedimiento más seguro. Un severo varapalo a posteriori
para la ya extinta CNE que en julio de 2012 emitió un informe, solicitado por
la Secretaría de Estado de la Energía, avalando este método de fijación de
precios. Se analizaron entonces las subastas 15 y 16. En mayo de 2013 la CNE
indicó no obstante que existían anomalías en el mercado mayorista que
incrementaba los precios a medida que se acercaba la fecha de las subastas que
fijan el precio de la tarifa y los sobrecostes por servicios de ajuste y
restricciones técnicas.
El segundo
es señalar la fragante contradicción del Gobierno, que hasta dos días antes
defendía la transparencia de estas subastas y parecía querer profundizar en la
liberalización, que había tramitado la nueva ley eléctrica (24/2013) con el
objetivo declarado de evitar incurrir en nuevos déficit….y que interviene
abruptamente en el proceso cuando se siente traicionado por las grandes eléctricas
a las que siempre había defendido. Se repite así lo ocurrido con el gobierno
del PP en el que Rodrigo Rato controlaba la economía, cuando, tras promulgar la
ley eléctrica 54/97, que teóricamente liberalizaba el sector, se decidió que el
precio de ésta no podía subir más del 2% anual, inaugurando así la creación de
los sucesivos déficit de tarifa que han marcado la política de los sucesivos
gobiernos.
Uno de los
riesgos de la decisión adoptada es que los 48,48 euros/megavatiohora (€/MWH )
de producto base y los 56,27 de punta, resulten insuficientes para cubrir los
costes de comercialización. Para eso en el Real Decreto Ley que sirve de base
para la fijación de los nuevos precios (RDL 17/2013 de 27 de diciembre) se
establece literalmente que “los desvíos entre el precio reconocido en la TUR y
el precio del mercado son reconocidos en la fijación del precio de la TUR del
ejercicio siguiente“. O en Román Paladino, una nueva creación de déficit,
trimestral en este caso. Si la predicción gubernamental se queda corta, la
subida se aplaza brevemente.
Porque
mirando al día después de este enmarañado asunto los datos básicos son los
siguientes. El año 2013 terminará con un déficit que superará los 3000 ME, lo
que representa cerca del 8% del total de costes reconocidos (sin impuestos ni
alquiler de contadores). Unos 22.000 ME en peajes de acceso y 18.000 ME de la
parte liberalizada. Si a ello se añade que la ley 24/2013 no permite un déficit
anual superior al 2%.....o se mata la ley recién estrenada, o se diseña un
mecanismo para eliminar el déficit. En un artículo reciente señalé que sólo cabían dos
soluciones: o recortar derechos reconocidos o subir los ingresos, ambas medidas
difíciles de adoptar. Señalaba también mi temor a que al Gobierno se le caiga
más temprano que tarde la capa de paladín de los derechos de los usuarios
eléctricos y que los costes vuelvan a recaer sobre los que suele: los
productores de energías renovables y los consumidores domésticos de
electricidad.
Me gustaría
comentar alguna alternativa para eliminar el problema, para probar que existen
diversas salidas a esta encrucijada. Se podría por ejemplo realizar una quita a
los tenedores de deuda eléctrica o una merma en los intereses reconocidos.
Según la orden de peajes de agosto, en 2013 se destinan a tal fin 2.300 ME. Si
a los inversores en renovables, que debieron endeudarse y que arriesgaron con
tecnologías novedosas, de bajo impacto ambiental e intensivas en mano de obra,
se les recortaron a posteriori derechos, no entiendo porque no puede hacerse lo
mismo con quienes se limitaron a poner su dinero a la búsqueda del beneficio.
Debería
también cambiarse el mercado mayorista para eliminar la sobreretribución para
tecnologías como la hidroeléctrica ya amortizada y la nuclear.
No tiene
tampoco ninguna justificación mantener la subasta CESUR con su reconocido
carácter inflacionista en el mecanismo de fijación de los precios.
Sobra
también la ayuda de Estado de casi 750 ME a una interrumpibilidad que no es en
modo alguno necesaria. En definitiva, toca que paguen ahora quienes más se han
beneficiado en el pasado para convertir en cierta la frase, tantas veces
repetida por el Gobierno, de que se repartan equitativamente los costes de la
reforma.
Por Ladislao
Martínez | Patrono de la Fundación Renovables
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