Merkel reina en Europa

Merkel rescata al SPD de cuatro años más de oposición y consigue a cambio estabilidad para su tercer mandato como canciller y legitimidad para su proyecto político en tres ámbitos fundamentales. En primer lugar, para las políticas de austeridad que ha impuesto hasta ahora y que en lo esencial, en sus elementos centrales, va a seguir aplicando...

nuevatribuna.es | Por Gabriel Flores | 23 Diciembre 2013 - 16:07 h.

Tras unos días iniciales de duelo, más de dos meses de intensas negociaciones con la derecha alemana y dos semanas en las que los líderes socialdemócratas se han volcado en convencer a sus afiliados, el SPD (Partido Socialdemócrata de Alemania) aceptó el cobijo que le ofrecía Merkel en su Gobierno.

Merkel rescata al SPD de cuatro años más de oposición y consigue a cambio estabilidad para su tercer mandato como canciller y legitimidad para su proyecto político en tres ámbitos fundamentales. En primer lugar, para las políticas de austeridad que ha impuesto hasta ahora y que en lo esencial, en sus elementos centrales, va a seguir aplicando. En segundo lugar, para su propia figura como canciller y como líder del bloque de poder conservador europeo que ha diseñado una salida de la crisis de la eurozona que privilegia los intereses de los grandes grupos empresariales, las economías del norte de la eurozona y los mercados financieros. Y en tercer lugar, para la necesaria flexibilización en la eurozona de las políticas de ajuste que muy probablemente va a producirse en los próximos meses con objeto de evitar que el fracaso económico y social de la austeridad acabe convirtiéndose en un fracaso político y electoral de la derecha. Ese ligero alivio de la severidad en las políticas de austeridad y las ayudas que se concedan a los países con problemas de financiación tendrán un límite claro: no propiciarán el riesgo moral ni supondrán una relajación en el cumplimiento de los compromisos en materia de recortes y ajustes.

Por su parte, el SPD se ofrece como el contrapeso social a las extremistas políticas de austeridad impuestas en los último años e intentará capitalizar una gestión menos dogmática en la consecución de los objetivos de consolidación fiscal y equilibrio presupuestario, los nuevos planes de inversión comunitaria, aún por precisar, destinados a favorecer el crecimiento y la lucha contra el desempleo, y las concesiones que a paso de tortuga irá realizando el nuevo Gobierno respecto al avance de la Unión Bancaria y a la imprescindible disminución de la actual fragmentación financiera.

No sería justo despachar en un par de párrafos y con dos o tres comentarios despectivos la decisión de los líderes del SDP y, no se olvide, de la gran mayoría de sus afiliados que han votado a favor del contrato de coalición con la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la Unión Social Cristiana (CSU). La gran coalición no es un asunto banal ni tampoco lo son las concesiones conseguidas por la socialdemocracia, tanto en lo que supone la inclusión de algunos puntos básicos de su propuesta electoral en el programa del próximo Gobierno como al poder que obtiene en ministerios de gran importancia política y económica.

Tampoco es fácil prever qué impactos va a tener la gran coalición en las fuerzas progresistas opositoras que ahora se quedan en flagrante minoría parlamentaria. Y no digamos de las repercusiones que vaya a tener el acuerdo entre las fuerzas de izquierdas que en el conjunto de Europa y, especialmente, en los países del sur de la eurozona resisten las políticas de recortes, las reformas desreguladoras y privatizadoras y las devaluaciones internas que condenan al desempleo y la pobreza a millones de personas.    

De la naturaleza contradictoria de esas repercusiones pueden dar una idea las declaraciones de algunos dirigentes políticos europeos. Así, por ejemplo, tanto Rajoy como Hollande se felicitaron públicamente por el acuerdo, el mismo miércoles 27 de noviembre en el que se conoció el pacto, no solo por razones de obligada cortesía política con la gran potencia europea, sino también por considerar que la gran coalición puede beneficiar los intereses nacionales de sus respectivos países y la tarea de promover una mayor implicación de las instituciones europeas en las tareas pendientes de cambio institucional y pronta concreción de programas europeos de inversión en infraestructuras y de apoyo al empleo juvenil que ofrezcan algún incentivo al débil crecimiento de sus economías.

En sentido contrario destacan los agrios comentarios de Melénchon, uno de los líderes más importantes de la izquierda opositora francesa (el Frente de Izquierdas), que publicaba en su blog el pasado 14 de diciembre un comunicado titulado “Los nuevos caniches de Merkel” en el que puede leerse: “El SPD se ha vendido a Merkel. Prefiere la alianza con la derecha antes que un acuerdo de izquierdas. La socialdemocracia solo sirve para apuntalar el orden liberal, […]. En Francia como en Alemania, los socialdemócratas son la camisa de fuerza de los pueblos. Ese mundo no es el nuestro. En Francia, la alternativa es la oposición de izquierdas.”

También hay que tener en cuenta el rechazo provocado por el acuerdo en los grandes medios de comunicación alemanes que representan los intereses del mundo empresarial y promueven el pensamiento liberal-conservador. El Frankfurter Allgemeine Zeitung desaprobaba las grandes ventajas sociales (salario mínimo y posibilidad de adelantar la edad de jubilación de los 67 a los 63 años) que, según el periódico, la socialdemocracia había impuesto a Merkel. Y en el mismo sentido se manifestaba Die Welt al subrayar que la señal enviada a Europa por la gran coalición era catastrófica, ya que predicaba la austeridad para los países en crisis, pero engordaba el Estado de bienestar alemán en lugar de ponerlo a dieta para dar ejemplo. Por su parte, el Bild (el rotativo de mayor tirada diaria de Europa) pasaba a considerarse “la oposición extraparlamentaria” y valoraba que “este Parlamento es demasiado débil. Su oposición demasiado pequeña. Y demasiado a la izquierda. Eso no es bueno para Alemania”. 

Por último, mientras el presidente de la patronal alemana, la BDI (Federación de Industrias Alemanas), estimaba que el acuerdo era una ocasión perdida que podía mermar y poner en peligro el atractivo que ofrece Alemania como localización industrial, la DGB (Confederación de Sindicatos Alemanes) aprobaba el acuerdo, destacando especialmente las medidas de mayor contenido social y recomendaba a sus afiliados que también fuesen miembros del SDP que aprobaran el pacto.

Principales contenidos del acuerdo

Las partes que han firmado el pacto de coalición gubernamental han llegado a una solución que consideran satisfactoria. No creían disponer de otra opción mejor y temían que si las negociaciones no llegaban a buen puerto tendrían que elegir una solución que supondría más costes, mayores incertidumbres y menos apoyos de la ciudadanía. Un Gobierno en minoría CDU-CSU, la arriesgada aventura de una nueva convocatoria electoral o cualquier otra posibilidad eran considerados arreglos peores por los partidos firmantes y por la opinión pública.

Las dos partes debían hacer concesiones. El SPD no podía aspirar a modificar de forma sustancial la política económica llevada a cabo por Merkel ni la estrategia de salida de la crisis que se ha impuesto en la eurozona. ¿Debería el SPD intentar cambiar a través de un acuerdo político lo que el electorado había respaldado, sin que una nueva convocatoria electoral le proporcionara el apoyo social para hacerlo? La CDU y la CSU, por su parte, no podían imponer todo su programa. Tenían que hacer concesiones y permitir que el SPD justificara su presencia en minoría en un Gobierno de coalición con la derecha conservadora y pudiera argumentar ante sus afiliados y votantes que la renuncia a parte de su programa electoral se compensa con medidas que supondrán más bienestar y protección social para los sectores más débiles de la sociedad. No podía encontrar mejor justificación ni más noble. Tampoco podía aceptar menos.

Los puntos centrales del acuerdo que ha obrado el milagro y ha sido capaz de dar satisfacción a las partes firmantes y a buena parte de la opinión pública pueden resumirse en seis o siete medidas.   

El salario mínimo es la gran estrella del pacto y la llave que ha permitido que el SPD haya aprobado el acuerdo. Habrá un salario mínimo de 8,5 euros por hora a partir del 1 de enero de 2015, excepto para aprendices y trabajadores en prácticas. Los acuerdos colectivos ya negociados que estipulen salarios mínimos sectoriales inferiores a esos 8,5 euros seguirán vigentes hasta el año 2017.

El rechazo a subir los impuestos sobre las rentas y patrimonios más altos y el equilibrio de las cuentas públicas eran objetivos irrenunciables para la derecha y su inclusión en el acuerdo era innegociable. Los ricos no tendrán que pagar más impuestos, los presupuestos públicos serán equilibrados y, a partir de 2015, el nuevo Gobierno no emitirá nueva deuda pública.

Respecto a las jubilaciones, cada parte logra lo que pretendía. Desde 2014, las madres o progenitores que hayan tenido hijos antes de 1992 conseguirán un aumento de sus pensiones y los asalariados de 63 años que hayan cotizado durante 45 años podrán jubilarse antes de los 67 años sin sufrir ninguna penalización. A partir de 2017, habrá una pensión mínima que se situará en torno a los 850 euros.

Se confirma la voluntad de acabar en 2022 con la energía nuclear civil. Las energías renovables que ahora representan alrededor del 25% del total de la producción eléctrica alcanzarán entre el 55% y el 60% en 2030.  

El SPD introduce en el acuerdo que los niños de familias no comunitarias nacidos en Alemania puedan adquirir la doble nacionalidad a los 23 años sin tener que elegir entre la nacionalidad alemana y la de sus padres.

La CSU consigue que los automovilistas extranjeros paguen un peaje en las autopistas alemanas; para lograrlo, el nuevo Gobierno deberá hacer compatible esa medida con la normativa europea y buscar la forma de  evitar que recaiga sobre los automovilistas alemanes.

Además, el pacto incluye un aumento de las inversiones en educación e infraestructuras. En total, la financiación pública necesaria para aplicar el pacto supondrá un total de 23.000 millones de euros a los largo de toda la legislatura. No parece un precio muy alto. Se supone que esos fondos se obtendrán de una mayor recaudación proveniente de la mejora paulatina de la economía y que, en ningún caso, implicarán una mayor presión fiscal o nuevas figuras impositivas que chocarían frontalmente con el espíritu y la letra del pacto.

¿Y con Europa? ¿Qué pretende hacer con Europa el nuevo Gobierno de la gran potencia que ha impuesto junto a sus aliados del  norte de la eurozona un diagnóstico sesgado de la crisis y una estrategia de austeridad que tan desastrosas consecuencias han producido en las economías y sociedades de los países del sur de la eurozona? En el acuerdo, como cabía esperar, no hay casi nada sobre lo que el nuevo Gobierno pretende hacer con Europa o, mejor dicho, no hay nada nuevo o contrario a lo hecho por Merkel en su anterior mandato.

Como ya se había comprobado durante la campaña electoral, no hay grandes diferencias en política internacional, el euro o la UE entre la derecha conservadora y la izquierda socialdemócrata alemanas. Por eso se puede encontrar tan poca materia en el pacto suscrito dedicada a qué van a hacer en Europa. Ambas partes coinciden en la defensa del euro y de la estabilidad presupuestaria, el mayor control y capacidad sancionadora de instituciones comunitarias sobre los presupuestos de los Estados miembros y en marcar las líneas rojas del cambio institucional que es necesario impulsar en la eurozona y el conjunto de la UE. Líneas rojas que vienen determinadas por una negativa rotunda a establecer mecanismos automáticos de mutualización de deuda y en evitar cualquier medida de apoyo que pueda alentar la más mínima desatención en los compromisos adquiridos por los países del sur de la eurozona para llevar a cabo las reformas estructurales que consigan reducir al mínimo sus desequilibrios macroeconómicos.

Habrá probablemente, gracias al acuerdo, más flexibilidad en la consecución de los equilibrios de las cuentas públicas y exteriores sin alejarse de la disciplina fiscal. Y mayor presencia de inversiones europeas que contribuyan a superar el descrédito de las instituciones comunitarias y a sembrar la esperanza de que también las economías del sur de la eurozona saldrán algún día de la crisis y el estancamiento económico. En todo caso, la continuidad de las políticas de austeridad y disciplina fiscal es innegociable y la nueva gran coalición sólo admitirá avances institucionales sustanciales cuando los países del sur de la eurozona lleven a cabo las reformas estructurales que garanticen disciplina fiscal, mayores posibilidades de ajuste del mercado laboral a la coyuntura económica y unas estructuras productivas más homogéneas con las de sus socios del Norte. Mientras tanto, los mecanismos europeos de financiación, ciertas modalidades limitadas de mutualización de la deuda pública y los rescates tendrán la función de incentivar que las reformas estructurales y los ajustes sigan su curso y que las autoridades nacionales no se plieguen a la presión de la calle.

La defensa del acuerdo por parte de la dirección socialdemócrata ha estado centrada en la conquista que supone el salario mínimo y en las nefastas consecuencias de un rechazo de las bases del partido que acarrearía la dimisión de la actual dirección, la amenaza de fracturas irremediables en el SPD y una larga marcha por el desierto de la oposición.

Los argumentos esgrimidos parecen haber vencido muchas resistencias iniciales y han convencido al 75,96% de los miembros del SPD que han participado en la votación (un 77,86% del total de 474.820 adherentes al partido que habían sido llamados a votar). El 23,95% de los votantes  han manifestado su oposición al acuerdo y alrededor de 105.000 afiliados no han votado. En resumen, una indiscutible victoria de apoyo al acuerdo y a la actual dirección del SPD, especialmente para su presidente Sigmar Gabriel que llevó el peso de las negociaciones, consiguió sacar el mejor partido al desastre electoral sufrido hace tres meses (desde 1949, solo los resultados electorales del SPD en 2009 fueron peores que los del pasado 22 de septiembre de 2013) y arriesgó mucho personalmente abriendo un proceso inédito de dar la última palabra al conjunto de los miembros del SPD. Gabriel ha sido largamente recompensado por su trabajo con la vicecancillería, el Ministerio de Economía y Energía y una presencia de sus colegas de la dirección socialdemócrata en el nuevo Gobierno muy por encima de lo que podía esperarse del pobre resultado de su partido en las reciente elecciones federales (25,7% de los votos frente al 41,5% de la derecha conservadora). Además de Merkel y Gabriel, el nuevo Gobierno contará con 5 ministros del SPD, 6 de la CDU y 3 de la CSU. El SPD consigue los ministerios de Economía y Energía, Asuntos Exteriores, Trabajo y Asuntos Sociales, Justicia, Medio Ambiente y Familia. 

El salario mínimo, su alcance y posibles consecuencias económicas

La aceptación del salario mínimo por parte de los conservadores ha sido la pieza clave que ha permitido llegar a un acuerdo de coalición que pudiera ser ratificado por las bases socialdemócratas. ¿Qué alcance tiene el salario mínimo y qué potenciales repercusiones cabe esperar de su implantación?

Se ha acordado un salario mínimo de 8,5 euros por hora que entrará en vigor en 2015 e irá sustituyendo progresivamente a los acuerdos colectivos sectoriales que en materia de salario mínimo hayan convenido una cuantía inferior. Como consecuencia, la extensión del nuevo salario mínimo a todos los sectores de la economía alemana no será plena hasta el año 2017. 

El número de trabajadores beneficiados por la medida y el incremento nominal de sus ingresos salariales son poco precisos. Sirva como indicador fiable los datos que proporciona el Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW), que estima que el nuevo salario mínimo podría afectar, cuando sea totalmente efectivo, al 17% del total de los asalariados alemanes o algo más de 6 millones de trabajadores. La distribución sectorial, social y territorial de esos efectos será muy desigual, ya que se verán especialmente involucrados el 46% de los trabajadores con un empleo a tiempo parcial, el 44% de los jóvenes menores de 24 años, el 34% de los trabajadores del campo, el 34% de los trabajos que no requieren ningún tipo de cualificación formal, el 32% de los que trabajan en pequeñas empresas de menos de 20 empleados, el 27% de los trabajadores de Alemania del Este (en los Länder de la desaparecida República Democrática Alemana), el 22% de los que trabajan en servicios vinculados al consumo o el 21% de las mujeres trabajadoras.

Como media, esos 6 millones de trabajadores alemanes que ahora perciben menos de 8,5 euros por hora verían aumentar sus ingresos nominales en torno al 30%. Y la repercusión sobre la masa salarial agregada, si no hubiera modificaciones en el nivel de empleo, se situaría en un aumento de entre el 3% y el 5%.

El salario mínimo legal acordado es significativamente inferior al que ya existe en una parte importante de los acuerdos sectoriales vigentes. Y es también inferior a los establecidos en Luxemburgo (10,8 euros por hora), Francia (9,4 euros), Bélgica (9,1 euros), Holanda (9 euros) o, incluso, Irlanda (8,7 euros); aunque, por supuesto, es muy superior a los de España (3,9 euros), Grecia (3,4 euros) y Portugal (2,9 euros)

Respecto a las posibles repercusiones económicas del alza del salario mínimo hay muchas opiniones, pero ninguna de ellas puede alegar argumentos concluyentes de carácter teórico o empírico; menos aún, en el resbaladizo terreno de su impacto sobre el empleo. Aunque la agitación de la patronal y de los medios que representan a la derecha conservadora o liberal es grande y procuran alarmar a la opinión pública por sus potenciales efectos negativos, no parece que el impacto del nuevo salario mínimo en términos de destrucción de empleos vaya a ser demasiado importante. Las previsiones más pesimistas estiman un potencial destructivo de entre 350.000 y 1,6 millones de empleos, pero hay también razones poderosas para suponer que el incremento del salario mínimo en hogares con una alta propensión al consumo incrementará la demanda doméstica y generará actividad económica y empleos que podrían ser tanto más numerosos cuanto más se oriente la nueva demanda hacia la producción doméstica en lugar de hacia los bienes importados.

¿De qué depende que el impacto del salario mínimo sea más o menos beneficioso para los sectores más frágiles de las clases trabajadoras?

En primer lugar, de la capacidad que tenga la patronal de eludir su implantación  camuflando parte del empleo actual en la economía sumergida, transformando contratos laborales por otros de carácter mercantil que convertirían a trabajadores asalariados en falsos autónomos o sustituyendo empleos a tiempo completo por mini-jobs, aprovechando que éstos cuentan con un tratamiento fiscal más favorable y unos costes de seguridad social inferiores. Podría darse la siguiente paradoja: la extensión y el aumento del salario mínimo repercutiría negativamente sobre el empleo asalariado, especialmente en las actividades menos productivas y rentables en las que abundan los empleos más precarios y peor remunerados; finamente, la suma del aumento de las rentas salariales mínimas y del retroceso del empleo podría neutralizar el impacto sobre la masa salarial global.

En segundo lugar, del impacto del salario mínimo sobre la inflación y, como consecuencia, sobre la evolución de la capacidad real de compra de los salarios. Podría darse la siguiente situación: el mayor nivel del salario mínimo no mejora de forma significativa el poder adquisitivo de parte de los trabajadores beneficiados. Especialmente, si ese aumento nominal del salario implica un aumento del tipo marginal del impuesto sobre la renta de las personas físicas o una reducción de las transferencias públicas que en forma de bienes públicos o, directamente, en forma de renta percibían antes las personas y hogares que no alcanzaban determinado umbral de ingresos.

Como se puede deducir de los comentarios anteriores, la responsabilidad de los sindicatos y los partidos de izquierdas en la tarea de control de las posibles derivas indeseables que pueden perjudicar los intereses de los sectores que teóricamente deberían beneficiarse de la implantación del salario mínimo es un factor esencial a la hora de neutralizar sus potenciales efectos negativos.

Respecto a su impacto positivo sobre las economías de la eurozona, las dudas son de similar envergadura, sino más. 

En el peor de los casos, la competitividad de los productos alemanes va a verse poco afectada, dado que la demanda exterior de la producción alemana es muy inelástica, sufre poco con el aumento de sus precios y la apreciación del tipo de cambio efectivo real tiene un impacto muy pequeño. El alza de la demanda doméstica de bienes de consumo que pueda generar el aumento del salario mínimo no va a suponer tampoco un salto significativo en las importaciones alemanas procedentes del resto de países de la eurozona, ya que mayoritariamente son bienes industriales, equipos y materiales de transporte.

En resumen, el aumento de los salarios nominales que va a suponer la implantación del nuevo salario mínimo para una franja significativa de las clases trabajadoras de Alemania es importante y va a beneficiar especialmente a los sectores más frágiles. No obstante, su alcance respecto al aumento de la capacidad adquisitiva de los salarios o del empleo es tan discutible como impreciso, aunque no parece que vaya a ser muy grande.  

Lo más probable es que el nivel general de precios en Alemania reciba un pequeño empujón, pero ese ligero aumento de la inflación y de los salarios nominales más bajos va a tener mayor incidencia en fortalecer la obsesión por mantener a raya la inflación y la presión sobre la política monetaria del BCE que en perjudicar los márgenes empresariales, las exportaciones alemanas o el empleo. También cabe esperar que el consumo de los hogares de menor renta aumente algo y tenga un efecto final positivo sobre las importaciones alemanas procedentes de sus socios de la eurozona. En todo caso, poca cosa. Nada que vaya a producir cambios sustanciales en la situación económica y el empleo en Alemania o en los países del sur de la eurozona.

¿Quién capitalizará en Alemania y en Europa la nueva gran coalición?

En el corto plazo y en Alemania, ambas partes; especialmente sus principales dirigentes, Merkel y Gabriel. Ambos han logrado lo que querían y cuentan con el apoyo, según todos los sondeos de opinión, de la mayoría de la sociedad alemana. Pese a ello, conviene tener en cuenta que las reticencias que despierta el acuerdo son muy importantes, como ya han mostrado las manifestaciones realizadas por la patronal y los medios de comunicación más influyentes y lo irán demostrando con mayor rotundidad que hasta ahora el resto de fuerzas políticas, tanto los dos grupos parlamentarios de oposición (La Izquierda y Los Verdes), que son inequívocamente progresistas, como las principales fuerzas extraparlamentarias de derechas (Alternativa para Alemania y Partido Democrático Liberal) que se han quedado a unos pocos miles de votos de entrar en el Bundestag y que, seguramente, reforzarán sus posiciones en las próximas elecciones al Parlamento Europeo.

En España, la repercusión ha sido aparentemente muy escasa, al menos por ahora. El acuerdo desautoriza o debilita las posiciones de la parte más cavernícola de la derecha española que intenta arrasar al PSOE y sus posibilidades electorales y, de paso, a los dos grandes sindicatos.

Por otro lado, el nuevo Gobierno alemán también alienta la ilusión de un gran pacto en materia económica entre el PP y el PSOE que los desequilibrios y debilidades estructurales de la economía española hacen imposible. La gran coalición alemana va a suponer, probablemente, un obstáculo para el desarrollo de las propuestas de izquierdas en el PSOE y para la credibilidad de esas propuestas. Hará más difícil que un programa alternativo al del PP y al de las instituciones europeas, nítidamente enfrentado a las políticas de recortes, austeridad y privatización de lo público, gane terreno en el seno del PSOE y que los sectores socialistas de izquierdas se reafirmen como alternativa a la actual dirección del PSOE y a su intención de sucederse a sí misma tras el paso atrás que pronto deberá dar (¿o no?) Rubalcaba.  

¿Y a medio y largo plazo quién rentabilizará el acuerdo de gran coalición? ¿Qué partidos capitalizarán los frutos de las medidas de carácter más social que apruebe y aplique el nuevo Gobierno? En Alemania, la propia subordinación del SPD a Merkel y a la mayoría gubernamental conservadora hará muy difícil que los socialdemócratas rentabilicen sus hipotéticos logros y mucho más fácil que los posibles traspiés y los nuevos episodios de crisis que pueden sobrevenir en la eurozona sean cargados a las espaldas del SPD.

Merkel ya encabezó otra gran coalición con los socialdemócratas entre 2005 y 2009 que acabó en la derrota electoral más estrepitosa en la historia del SPD. Tras intentar poner tierra por medio respecto a las posiciones que mantuvo durante la anterior gran coalición presidida por Merkel y antes, respecto a las políticas que se aplicaron durante los dos mandatos de Schröder (1998-2005), e intentar recuperar parte de sus señas de identidad como partido de izquierdas durante la reciente campaña electoral, el SPD cambia de nuevo el paso y se vuelve a enredar en una coalición con la derecha en la que ocupa la subordinada posición que le viene asignada por sus malos resultados electorales. Sería una auténtica sorpresa que en tales condiciones pudiera reforzar su posición y ampliar su electorado en próximas elecciones.    

En el resto de Europa, el análisis de las posibles repercusiones es igual de complicado. La reafirmación de la estrategia conservadora de salida de la crisis basada en la austeridad, la devaluación interna y los recortes llevan a los países del sur de la eurozona a un callejón sin salida y siembra desesperanza entre los sectores que han sido arrojados al paro y la pobreza por la crisis económica y las políticas aplicadas. La desafección con esas políticas y con las instituciones comunitarias que las encarnan va a proseguir y se va a manifestar a muy corto plazo en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, por mucho que la suavización de la austeridad que pueda propiciar la presencia socialdemócrata en el nuevo Gobierno alemán pueda limitar su alcance.

La mayor flexibilidad en los ritmos de recortes de gasto público que se exijan a las economías del sur de la eurozona, algunos tímidos avances en el cambio institucional que está en marcha, especialmente el importante proyecto de Unión Bancaria que sigue su camino a paso de tortuga, y algunos proyectos comunitarios que favorecerán la inversión en infraestructuras comunitarias y una mayor implicación financiera europea a favor del empleo juvenil no van a impedir que la fragmentación financiera, bancaria y productiva siga existiendo. Tampoco, que esa fragmentación acabe plasmándose en el mapa político e incida en una creciente desigualdad económica y en una crisis social propicias para el desarrollo de xenofobias, nacionalismos simplistas y exasperados o medidas autoritarias que representan la contra imagen y los contravalores de lo que pudo ser, no ha sido y debería reafirmar y conquistar en un próximo futuro un proyecto progresista de construcción de la unidad europea.

El acuerdo suscrito por los socialdemócratas alemanes pinta muy mal para un proyecto europeísta de progreso, para los países del sur de la eurozona y para los millones de personas que en Europa sufren el paro y la pobreza. Tampoco parece que los réditos que pueda sacar el SPD vayan a ser muchos. Y menos aún, sus correligionarios de los países del sur de la eurozona. Todo parece indicar que el SPD ha hecho un mal negocio. Merkel, encantada, afianza la hegemonía de la derecha europea y reina en Europa. 

Fuente: www.nuevatribuna.es