Los recursos de la
Formación para el Empleo proceden de la cuota que empresas y trabajadores
depositamos en la seguridad social, unos recursos que, en plena crisis, suponen
1.860 millones de euros, en el presente año.
nuevatribuna.es | Javier López | 22
Diciembre 2013 - 17:55 h.
El
31 de diciembre de 2010 concluyó la vigencia del IV Acuerdo de Formación
Continua. Desde entonces el acuerdo se ha visto prorrogado aprovechando la
normativa existen que dotaba de cierta estabilidad al mismo RD 395/2007, pese a
la conciencia generalizada de la necesidad de revisar en profundidad el modelo.
La
crisis económica, los cambios de gobierno, la inestabilidad política y social
que se ha generado, han impedido que la necesidad se convierta en proceso de
negociación y búsqueda de un acuerdo político y social. Sin embargo la necesidad
persiste y se convierte, cada día, en más acuciante.
Conviene
aclarar que, cuando hablamos de Formación Profesional para el Empleo, nos
estamos refiriendo a la organización y gestión del subsistema de Formación para
el Empleo, cuyos recursos proceden de la cuota que empresas y trabajadores
depositamos en la seguridad social, unos recursos que, en plena crisis, suponen
1.860 millones de euros, en el presente año.
Los
cambios que se han producido son brutales y la conciencia de los problemas que
aquejan al sistema es general. Para empezar, casi seis millones de personas
paradas, han hecho que la mayoría de los recursos para formar a personas
trabajadoras, se dediquen a formar personas desempleadas. La formación
profesional para el empleo desarrolla así el principio de universalidad, donde
empresas y trabajadores ocupados ejercen la solidaridad con aquellas personas
que han perdido su empleo o no lo encuentran.
Ahora
bien, este principio de universalidad, debe producirse sin perjudicar el
reciclaje y la mejora de la cualificación de las personas ocupadas, lo cual
tiene efectos siempre positivos sobre la viabilidad y futuro de las empresas.
Eso sólo puede conseguirse incrementando con recursos del Estado, destinados a
políticas activas de empleo, los fondos recaudados por la cuota de formación,
no podemos olvidad tampoco que la cuota también financia la formación del
colectivo autónomo que no cotiza por formación.
Otro
problema proviene de la falta de conexión entre los dos ministerios que tienen
competencias en materia de Formación. La Educación de adultos, la Formación
Profesional, la Formación Universitaria, son competencia del Ministerio de
Educación. La Formación Profesional para el Empleo depende del Ministerio de
Empleo. La desconexión entre ambos departamentos y los recursos propios del
subsistema de Formación para el Empleo, procedentes de la cuota de formación,
han contribuido a alimentar este aislamiento y crear comportamientos
endogámicos en el subsistema.
No
es un fenómeno exclusivo de la formación para el empleo, porque ocurre en otros
ámbitos, pero sería malo negarlo. No tiene, además, explicación alguna que los
centros públicos de formación profesional, centros de adultos, universidades,
dependientes de los departamentos de Educación, no participen activamente en la
formación de personas trabajadoras, ya sean ocupadas o desempleadas. Es un
derroche inaceptable e incomprensible.
Otra
distorsión procede del incompleto desarrollo del Estado Autonómico, que carece
de instrumentos propios de un Estado Federal. Me explico. De los 1860 millones
de la cuota, algo más de 1000, van a parar a las Comunidades Autónomas. A
partir de ahí las Comunidades ejecutan programas formativos que, en muchos
casos, no respetan el carácter finalista de la cuota para la formación.
Se
han producido numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, que reconocen
que el Estado puede y debe establecer normativa para ordenar la utilización de
los recursos que transfiere y también para reanalizar los fondos no gastados,
pero no se hace y la consecuencia inmediata es que, una vez transferidos los
recursos y tras la justificación de que se han aprobado los fondos (no es
necesario tan siquiera justificar que se han pagado los mismos), poco más
sabemos. La autonomía no debería estar reñida con sistemas integrados de
información, gestión, evaluación, compartidos. Instrumentos con los que cuenta
un Estado Federal, pero de los que carecemos en España.
Otro
elemento que llama a la preocupación es la gestión de la formación bonificada.
Esta línea de bonificación debería, en principio, permitir que las empresas,
entendidas como empresarios y trabajadores utilizasen la cuota a cambio de
realizar formación específica, adaptada a las necesidades de la empresa. Sin
embargo, con un tejido de pequeña empresa y microempresa, la bonificación ha
producido muchos problemas.
Miles
de empresas (las llamadas entidades organizadoras), se han especializado en
gestionar bonificaciones a las pequeñas empresas. El incumplimiento de la
obligación de informar a la representación legal de los trabajadores no es
infrecuente y el control de las irregularidades y abusos en bonificaciones, muy
difícil. Hay países, como Inglaterra, donde sistemas similares han levantado
escándalos por fraudes millonarios.
Al
final, la Fundación Tripartita, de la que forman parte el gobierno, empresarios
y sindicatos, termina gestionando menos del diez por ciento de los recursos de
la cuota, 181 millones de euros, repartidos en programas de centros,
sectoriales, intersectoriales, autónomos, economía social, jóvenes. Una
dispersión difícilmente comprensible.
La
formación sectorial, fruto del acuerdo entre empresarios y sindicatos, se
articula en torno a cerca de 90 Comisiones Paritarias, nacidas de la
negociación colectiva de convenios sectoriales o de acuerdos de formación en
algunos sectores. Una dispersión poco útil para diseñar procesos formativos
realmente útiles.
Es
verdad que la gestión de la Fundación Tripartita cuenta con numerosos controles
administrativos, de la Inspección de Trabajo, de la intervención, del Tribunal
de Cuentas y de los tribunales de justicia. Pero los problemas descritos
dificultan la eficacia y la eficiencia del conjunto del subsistema en el
cumplimiento del objetivo de garantizar la formación continua de los trabajadores
y trabajadoras.
Soy
maestro. No me considero un experto en formación para el empleo. He llegado a
esta responsabilidad hace poco menos de un año. El subsistema de formación para
el empleo es muy complejo, donde conviven intereses encontrados, con reglas
propias, que hacen aconsejable no entrar en el mismo como un elefante en
cacharrería.
Mis
opiniones admiten, sin duda, matizaciones y correcciones. Pero he hablado con
mucha gente y creo que no me encuentro muy alejado de la realidad en la
descripción de los problemas que sitúan la formación para el empleo en un punto
muerto, al borde del precipicio.
Dejaré
para una segunda entrega, un avance de posibles soluciones. Pero creo que para
realizar el intento hay que tomar en cuenta que, si queremos revisar el modelo
y corregir sus problemas, no hay soluciones mágicas. Además, reconocer los
males, no debe significar que tiramos por la borda los logros conseguidos, que
no son pocos. No todos coincidimos en las propuestas para solucionarlos. El
clima político tampoco ayuda. Pero merece la pena intentarlo y, en todo caso,
constituye una auténtica irresponsabilidad mantener este estado de cosas, a la
espera de que el paso del tiempo solucione, por sí solo, los problemas.
Javier
López | Presidente del Ateneo 1º de Mayo
Fuente: www.nuevatribuna.es
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