sábado, 31 de agosto de 2013

EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL TODAVÍA ES EL 5º MÁS EFICIENTE DEL MUNDO


 Artículos de Opinión | Rosa María Artal | 30-08-2013 |    
Sólo nos superan en el mundo y, por este orden, Hong Kong, Singapur, Japón e Israel. En Europa la sanidad española es la más eficiente. Sigue a poca distancia, el 6º, Italia. En el puesto 10º mundial está Suecia, y después en el 14ª el Reino Unido, 19º, Francia, el 25º, Holanda, 27º Portugal y el 30º Alemania. En la cola Irán, Estados Unidos, Serbia y Brasil.
Lo ha evaluado la Agencia estadounidense Bloomberg y se han basado 3 parámetros: esperanza de vida (con un peso del 60%), coste per capita relativo de la sanidad (30%) y coste absoluto per capita del sistema (10%). Radiocable -que ha encontrado la noticia- explica así el procedimiento utilizado: El coste relativo es el coste per capita como porcentaje del PIB per capita. El coste absoluto es todo lo que se gasta en sanidad y que cubre los servicios de salud preventivos y curativos, planificación familiar, actividades de nutrición y ayuda de emergencia.
A todo esto tenía que poner remedio el PP que se ha empleado a fondo en destruir la sanidad pública y privatizarla para lograr rentabilidad privada con nuestra salud. Incluso a una empresa portorriqueña en entredicho ha entregado Madrid 3 de nuestros hospitales. Cada día crecen las denuncias por la prolongación de las listas de espera, por tener que pagar hasta el agua del grifo a 10 cms el vaso como ocurre, nos dicen, en un Hospital de Valladolid. Cada día se precariza y se oprime más a sus profesionales. A ellos sobre todo debemos esa eficiencia reconocida.
Esa masa amorfa y con escasa conciencia que aún apoya estas prácticas igual piensa que está bien así, que por bajar unos puestos en calidad se arregla la crisis o se mantienen -porque ellos lo valen- los sobresueldos que impúdicamente cobran sus admirados políticos. Lamentablemente no son ellos solos -como sería lo justo- quienes padecen el deterioro.
Malos tiempos para mermar la sanidad cuando la desesperanza por tanto atropello impune nos anega. De momento seguimos en cabeza de los mejores, pero la aceleración de los destrozos no trae los mejores augurios. No durará por este camino.



UN MES DE PLAZO PARA DAR DE ALTA A LOS BECARIOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL

Los becarios universitarios que realicen prácticas académicas externas podrán darse de alta en la Seguridad Social hasta el próximo día 30 de septiembre, según una resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
España | EP | 30-08-2013 |

La medida fue avanzada el jueves por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que indicó que a partir de la próxima semana se podrán presentar las primeras solicitudes.
El plazo para presentar altas y, en su caso, bajas a la Seguridad Social por parte de los estudiantes universitarios estará abierto hasta el 30 de septiembre, aunque el alta surtirá efectos desde el 28 de junio.
Los ingresos de cuotas correspondientes al periodo junio-agosto de 2013 podrán efectuarse hasta el próximo 31 de octubre, según consta en la resolución.
Estos plazos extraordinarios abiertos por la Seguridad Social para facilitar las altas a los becarios universitarios en prácticas son consecuencia de la sentencia que dictó el Tribunal Supremo el pasado 21 de mayo, por la que anulaba el Real Decreto que regulaba las prácticas académicas externas de los universitarios y ordenaba la retroacción de actuaciones.
Durante su comparecencia en el Congreso, Báñez confió en que esta medida sirva para "eliminar la precariedad que fueron dejando los gobiernos socialistas en el pasado" con la creación de las ’prácticas académicas externas en empresas’.
"Eso sí que son minijobs: minisueldos, jornada completa y cero cotización. Y eso también lo ha cambiado ya el Gobierno del PP. Ahora, los empresarios tendrán que cotizar por esas prácticas", ha concluido la ministra.

GUINDOS OCULTÓ AL CONGRESO PÉRDIDAS DEL FROB SUPERIORES A LOS 21.000 MILLONES DE EUROS

El PP también ha rechazado en la Diputación Permanente del Congreso la petición de comparecencia urgente del ministro de Economía, Luis de Guindos, planteada por la Izquierda Plural y por Esquerra Republicana de Catalunya para que explique el balance de 2012 del FROB.
España | Agencias | 30-08-2013 | 

El presidente de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Cayo Lara, cree que las cuentas de 2012 arrojan un "inmenso agujero patrimonial" del FROB por valor de 21.832 millones de euros que "pagarán los ciudadanos" mediante una "conversión del capital del préstamo de 39.400 millones de euros", lo que supone "dar por perdidos 36.000 de los 52.000 millones" de euros de fondos públicos que se han inyectado en las entidades financieras.
Una realidad que choca con los mensajes lanzados por el Gobierno durante el último año de que "todas las ayudas a la banca serían devueltas a la Hacienda pública por la banca". "Se ha demostrado que todo era una falacia", ha insistido, recordando que Guindos seguía repitiendo hasta hace tres meses que serían las entidades financieras las que devolverían todo el dinero.
Por eso, IU-ICV-CHA cree que es urgente que el titular de Economía explique "por qué no se ha dicho la verdad" y por qué "el conjunto de los ciudadanos debe pagar los excesos e irresponsabilidades de unos cuantos, cuánto dinero se ha dado a la banca por distintas vías, cuál es el riesgo real que se sigue asumiendo y cuáles son las previsiones de incremento del agujero por la constante devaluación del valor de los activos inmobiliarios". "Esperamos que De Guindos venga y nos cuente la verdad y no más milongas", ha concluido el diputado.
Por parte de ERC, Teresa Jordà ha insistido en los mismos argumentos de que el rescate bancario se ´vendió´ como "un préstamo y no una donación" y ha recordado que el Fondo Monetario Internacional (FMI) también advierte de que "los contribuyentes no recuperarán ni una cuarta parte de los 250.000 millones de euros avalados, prestados o inyectados a la banca". "El ministro debe explicar si acepta esas previsiones y da ese dinero por perdido, o para explicar el magnífico plan que tiene para recuperarlo", ha concluido.
EL PP RESPONDE INSULTANDO A LA OPOSICIÓN
Fiel al estilo que viene caracterizando al Partido Popular en el ejercicio de su mayoría absoluta parlamentaria, el portavoz ´popular´ de Economía, Vicente Martínez-Pujalte, ha cargado contra la oposición por pedir explicaciones al Gobierno. "Ahora tienen mucho interés en que vuelva a venir [el ministro Guindos] para rellenar el vacío de agosto y que parezca que están trabajando cuando lo que están haciendo es montar un paripé, que saben que lo es, me parece muy bien, pero voy a votar que no y, además, convencido de que ustedes lo que quieren es engañar a los ciudadanos y poner palos en la rueda para que las cosas vayan mal", ha acusado el diputado.
Martínez-Pujalte ha planteado que el presidente del FROB y subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, compareció por última vez el 24 de abril, "cuatro meses después de cerrarse las cuentas de 2012", ante la subcomisión de seguimiento, por lo que los grupos ya tuvieron una ocasión para preguntarle por los datos de cierre del ejercicio.

LA PRIVATIZACIÓN DEL SOL

Artículos de Opinión | ALB Noticias - A las barricadas | 30-08-2013 |
Las recientes medidas energéticas del Ministro de Fomento, Energía y Turismo, José Manuel Soria, han provocado un aluvión de críticas desde todos los sectores de la opinión pública. No es para menos puesto que penaliza tremendamente el autoconsumo energético de tal manera que lo hace mucho más caro que pagar la luz a las empresas eléctricas mayoritarias en el sector. Esta medida convierte en peligrosos evasores de impuestos a quienes han intentado convertirse en autosuficientes en una materia tan importante como la energía y le da un golpe de muerte a todo un sector económico que había crecido en los últimos años.
Así pues, se trata de una medida al gusto de las grandes empresas energéticas, que penaliza a muchos miles de personas que desde hace unos años están apostando por las energías renovables como forma de energía autónoma, cada día más barata y asequible, y más o menos limpia, que podría llegar a ser una solución a pequeña escala para las necesidades energéticas de una buena parte de la población. Con esta medida se logra paralizar el tremendo auge de industrias como la solar o la eólica, de gran crecimiento en los últimos años, y volver a poner sobre la mesa una posible reapertura de la central nuclear de Garoña en un periodo de tiempo relativamente breve.
Hay una clara correlación entre la clase política y las grandes corporaciones energéticas. Estas medidas que benefician parecen ser el garante de una jubilación dorada para los líderes del PP, ahora que ven que el gobierno se les puede escapar en los próximos años. Demuestran nuevamente para quién gobiernan quienes gobiernan, no importa del signo que sean.
Indagando en otras posibles causas ocultas tras estos decretos, viene a la cabeza el famoso déficit de tarifa, un dinero que supuestamente el estado adeuda a las eléctricas. Y como ocurren en otras medidas del gobierno serán los consumidores quienes terminen pagando la factura. En este caso lo haremos mediante el encarecimiento progresivo de nuestras facturas (como por ejemplo con la última subida de la luz) y mediante ciertos favores a estas empresas. Es evidente que a las eléctricas no les haría mucha gracia tener a miles de hogares desconectados de la red. Ante la generalización de este tipo de servicios y de pequeñas compañías instaladoras de paneles solares, han querido poner el freno y terminar con este aspecto que no controlan.
De poco sirven saber que el estado español no es en absoluto independiente en términos energéticos, ya que importa prácticamente todo el petróleo y una buena parte del carbón del extranjero. A veces viene de países conflictivos en un mundo cada día más revuelto, en otras ocasiones de países como Rusia que en cualquier momento pueden encarecer el precio de la energía por motivos geopolíticos y en otras de nuestros "aliados" que justamente están en fase de exprimir todo lo posible de los estados del sur europeo antes de sacarnos del primer mundo. No es casual que a pesar de que el estado podría ser energéticamente autónomo, estemos importando energía de las centrales nucleares francesas. La línea de muy alta tensión (MAT) que atravesará Catalunya es una prueba más de esta sinrazón que destruye nuestro entorno, que nos ata a una nueva dependencia energética y que no tiene reparos en desplazar o dejar sin su medio de vida a numerosas personas. Es la lógica de un capitalismo autodestructivo, que no conoce el mañana, y que nos dejará un legado ruinoso se mire por donde se mire.

Ante este catastrófico panorama no queda otra que la lucha y la desobediencia civil a gran escala. Es curioso notar que hasta la revista económica americana Forbes, entre otros medios financieros europeos, critica la medida adoptada por el ministro Soria. Anuncia además que provocará una oleada de desobediencia civil que puede llegar a hacer inaplicables estas medidas. De momento comienzan a salir propuestas de corto recorrido como el cambiar de compañía eléctrica y abandonar a las grandes corporaciones promotoras de esta ley.
No es de ser agorero decir que no es suficiente, porque basta que el gobierno les imponga nuevas trabas a estas empresas para que se hundan y todos sus clientes tengan que volver al redil que marca el "mercado". La desobediencia civil y la insumisión tienen que ir a la raíz del problema, que es el enorme e insostenible consumo energético de nuestra sociedad. Reducir el consumo, tener placas solares sin declarar, no pagar las multas, pinchar la luz, o simplemente reclamar cada recibo, es una segunda fase de la resistencia. La tercera fase sería fomentar un movimiento social contra el desarrollismo salvaje del sistema capitalista que no tiene en cuenta el entorno más que como fuente de recursos y de explotación como lo fue el movimiento contra el TAV o lo está intentando la acampada de resistencias contra la MAT en Girona.
Sería bonito ver en los próximos años que las cooperativas de energías "verdes" tengan cientos de miles de usuarios, que los pinchazos se han generalizado, que ya no gastamos tanto como antes y nuestras vidas intentan ser algo más sustentables teniendo en cuenta el consumo, que los actos de acción directa contra las agresiones al territorio (líneas MAT, fracking super-puertos, pantanos, transporte de alta capacidad, etc.) se han extendido por todas partes. Y que todo este movimiento social conecta con los demás movimientos populares (vivienda, sindical, estudiantil, comunitario, ecologista, feminista, juvenil, etc.) en lucha contra el capitalismo. Hoy más que nunca: o nosotrxs o ellxs.
Fuente. http://www.alasbarricadas.org/notic...

600 AÑOS DE PRIVILEGIOS


30 de Agosto de 2013 - José Enrique Centén Martín

El mejor “lobby” de la historia sin dudarlo es, la Iglesia Católica, se inicia con la desaparición del Imperio Romano con Teodosio I (casualidad de la vida, nació en Hispania) cuando el 27 de febrero del año 380 declaró el cristianismo única religión imperial legítima. Prohíbe los Juegos Olímpicos por paganos en el 393 influenciado por el obispo de Milán, Ambrosio (340-395), primer cristiano en conseguir que se reconociera el poder de la Iglesia por encima del Estado demostrando así su autoridad frente al emperador, y poco a poco la Iglesia influenció en todos los reinos que surgieron tras la caída del Imperio debido a su única virtud, la paciencia.

España no quedó al margen, desde el Concilio de Constanza siendo rey Juan II se firma el primer Concordato entre el rey y la Iglesia Católica en 1418, siendo varias veces renovado y mejorado a su favor a lo largo del tiempo, en 1737 con Felipe V, 1753 con Fernando VI, mejorado con Carlos III y Carlos IV, en 1814 con Fernando VII y con Isabel II en 1851. Se abolió entre 1931 y 1939 por la laicidad de la II República, nuevamente renovado con la dictadura franquista en 1939 debido al apoyo recibido por la jerarquía eclesiástica, siendo revisado continuamente para mejorarlo en 1941, 1946, 1950, 1953, 1976 y en 1979 con la nueva Constitución de 1978, un insulto a la aconfesionalidad del Estado a su artículo 16.3 donde dice:
Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
Este “lobby” introducido en todos los estamentos políticos desde la antigüedad, con miembros en la mayoría de los partidos políticos a los que recuerda en algunas ocasiones la pena de excomunión por la aprobación de determinadas leyes escudándose en su dogma, pero en realidad es evitar la merma de sus bienes económicos y privilegios.
Según la Constitución, el Estado no puede intervenir en el ámbito de las confesiones y las confesiones no pueden interferir en el ámbito estatal. El España el Estado es fiel cumplidor en su no intervención en el ámbito religiosa, pero la confesión católica está continuamente presionando para abolir o penalizar prácticas por el mero hecho de considerarlas herejes (dogmas u opinión diferente a la ortodoxia de su religión), entrometiéndose en áreas que debería de competir únicamente al Estado. Incluso abortando la revisión de los enormes privilegios sociales, fiscales, políticos y administrativos que esta iglesia posee desde 1418, con su legión de acólitos en todos los estamentos de la nación chantajea al Estado aconfesional para anular Leyes en contra al interés de la Iglesia, incluso contraviniendo dogmas eclesiásticos como son los pecados capitales y sociales:
Sin tapujos reclaman al Gobierno del presidente Rajoy medidas en el ámbito social y cultural. “Acuerdos contrarios a la lógica democrática, ya que consolidan la casi omnipresencia de la Iglesia Católica en instituciones y espacios que no son los suyos: hospitales, ejércitos, ceremonias civiles, etc., sin olvidar su constante intento de injerencia en las políticas sociales así como en el desarrollo legislativo regulador de los derechos civiles, la moral pública, la investigación, etc. Un poder de coacción moral incompatible con el pluralismo ético y cultural de la sociedad española y con el ejercicio de las libertades que consagra nuestra Constitución”.
Se oponen a la separación y el divorcio, pero tiene el Tribunal de Rota donde únicamente acceden personas por un módico precio superior a seis cifras.
Exige la penalización del aborto, aun en peligro de la madre o malformación del feto, entrometiéndose en la libertad personal e individual de la mujer un organismo regido exclusivamente de hombres, mientras calla en los recortes para ayudas a las familias en guarderías sociales y la dependencia en general.
Están contra investigación con células madre embrionarias. Aunque represente un avance para salvar vidas.
Impone la asignatura de religión (católica) en la enseñanza y la elección o destitución de los maestros de religión (sin tener título oficial de maestros), pagados por el Estado.
Callan por las restricciones en la enseñanza pública, porque controlan la mayoría de las escuelas privadas y subvencionadas.
Imponen 10 de los 14 días festivos del calendario español.
Y en los últimos 10 años ha conseguido apropiarse, por el sistema de inmatriculaciones, más de 4.500 propiedades públicas, entre ellas la Mezquita de Córdoba, con la complicidad de los poderes públicos de este soterrado “lobby” en la mayoría de los partidos políticos, propiedades que ha engrosado los más de 100.000 inmuebles que poseen en España exentos del IBI al igual que los edificios públicos dedicados a seguridad ciudadana (comisarías), servicios educativos públicos (colegios) y penitenciarios (cárceles), o a la defensa nacional (cuarteles), los inmuebles de la Cruz Roja, las sedes diplomáticas de otros países y las estaciones de ferrocarril. Sin contar las exenciones de impuestos de que goza la jerarquía católica en sus miles de propiedades rústicas y urbanas, al margen de los incontrolados ingresos por la venta de entradas en visitas a sus catedrales y centros religiosos restaurados con dinero público.
La hipocresía de la Iglesia Católica se demuestra desde hace seis siglos al incumplir de uno de los 7 pecados capitales recopilados y clasificados por Gregorio Magno (540-604).
La avaricia: “el afán o deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas para atesorarlas”.
Y en uno de los cinco pecados sociales promulgados por Benedicto XVI el 17 de marzo del 2008,  “no te enriquecerás hasta límites obscenos a expensas del bien común”.

Es necesario proclamar la laicidad del Estado como si fuese una nueva Reconquista, en este caso para la abolición de los privilegios de la Iglesia Católica desde hace 600 años. Eliminar la influencia religiosa donde los laicos diseñen, ordenen y apliquen las leyes, usos y costumbres de una sociedad, dejando a los clérigos solo el ámbito de sus organizaciones religiosas y cumplan con su ortodoxia y no caigan en otro de los pecados sociales proclamados por Benedicto XVI, “no provocarás la injusticia social”.

CENTELLA (IU) PROTESTA POR EL VETO UNILATERAL DE POSADA

Posada, utilizando la potestad que le otorga el Reglamento del Congreso, decidió personalmente el pasado 26 de agosto no incluir en el orden del día de la Diputación Permanente la solicitud registrada por IU.


EL GOBIERNO REFUERZA SU CONSIGNA DE HACER COMO SI BÁRCENAS NO EXISTIERA

Sin visos de cambios o apariencia de desgaste tras el periodo estival. El presidente está “como siempre, muy tranquilo”, a ojos de un integrante del Consejo de Ministros, el primero tras el parón vacacional. ¿Crisis de Gobierno? “En eso no estamos”, en palabras de Soraya Sáenz de Santa María. Incluso Miguel Arias Cañete desechó que piense en la candidatura europea o andaluza como tanto se ha escrito estos días. Y, por supuesto, ni un solo cambio en la estrategia diseñada por Moncloa, y que en ocasiones tanto ha molestado en círculos populares, para dar respuesta al caso Bárcenas.
Una consigna que pasa, básicamente, por blindar todo lo que se pueda al Ejecutivo ante la presunta trama de corrupción que afecta al partido que le sustenta y que lleva meses perturbando su día a día, amén de que forzó a Mariano Rajoy a dar explicaciones en el Senado. El Gobierno, suelen repetir los fontaneros gubernamentales, “trabaja sin descanso” para sacar a España de la crisis -los datos, dijo este mismo viernes la vicepresidenta, apuntan a la recuperación- mientras los tribunales trabajan sin presión política sobre los casos abiertos, incluido al que afecta al PP.
Así, en su regreso, Sáenz de Santamaría no se saltó una coma de esa línea de acción. Al contrario, fue más escrupulosa si cabe en su cumplimiento estricto. Nada de titulares sobre esta cuestión: “El Gobierno tiene que respetar los procedimientos judiciales abiertos y no valorarlos”, fue la base expuesta por la portavoz de Rajoy en el Ejecutivo. La misma que semana tras semana utilizó antes del mes de agosto para dar portazo a las cuestiones relativas al extesorero popular. Se le preguntó expresamente por el borrado de los discos duros  de los dos ordenadores de Luis Bárcenas“Tampoco podemos entrar a valorar las decisiones de los partidos” cuando “están actuando como empresa”, zanjó. Esto es, “serán los jueces los que tendrán que decidir”.
El presidente demuestra de esta forma que no tiene intención de un cambio brusco. Acudió al Senado, dónde se disculpó por confiar tanto tiempo en Bárcenas -otrora, incluso, su hombre de confianza-, pero los resultados han sido escasos a su favor. Y, con la vuelta a la rutina, intenta de nuevo proteger al gabinete gubernamental. A Sáenz de Santamaría se le repreguntó si cree que el PP está ayudando a la Justicia borrando datos claves de unos ordenadores solicitados por Pablo Ruz: “No puedo añadirle más. No me corresponder a mí valorar procedimientos judiciales”, contestó. Esto es, “los jueces decidirán” y los populares esperan un archivo de la causa.
Mientras, en el PP, algunos cargos observan con cierto malestar esta puesta de perfil. No es nueva la queja, más aún cuando constatan que la vicepresidenta está aguantando mucho mejor la crisis políticas que otros primeros espadas. Es una opinión generalizada. “Todo el mundo habla mejor de ella”, llegó a afirmar un miembro de la dirección nacional. Los populares esperan acontecimientos bajo la máxima de que “algo hay que hacer” mientras Javier Arenas centra todos los comentarios.
Este sábado, el presidente inicia formalmente el curso político con el tradicional mitin de Sotomayor (Pontevedra). Su silencio ha sido sepulcral estas semanas, desde que concediera una breve rueda de prensa tras despachar con el Rey en Palma de Mallorca. En Galicia, “informará de su hoja de ruta” pero “no tiene por qué hablar de Bárcenas”, en voz de uno de sus asesores. Irremediablemente sí tendrá que afrontar el caso el lunes, cuando ha citado el Comité Ejecutivo, del que forman parte los barones regionales.
libertaddigital.com/


“EL PP PODRÍA HABER COMETIDO UN DELITO DE ENCUBRIMIENTO”


‘Al Rojo Vivo’ habla con Joaquim Bosch, portavoz de ‘Jueces para la Democracia’, en relación al borrado de datos que el Partido Popular (PP) realizó sobre los ordenadores de Luis Bárcenas, contenedores, supuestamente, de información comprometedora sobre la presunta financiación ilegal del PP. ¿Podría haberse incurrido en algún tipo de delito?
El Partido Popular podría haber cometido un delito al destruir los datos que contenían los ordenadores de Luis Bárcenas, imputado en el caso Gürtel desde febrero de 2009. Según afirma el magistrado Joaquim Boch “de todo lo que se ha publicado se desprende que podría haberse producido algún delito de encubrimiento por destrucción de pruebas y se deberían aclarar algunas cosas para ver si esto es así o no”.
“Las alegaciones que ha expuesto ante el juzgado el Partido Popular de que han destruido los dos discos duros porque así lo indica la legislación de protección de datos son poco razonables. Esta normativa se refiere a datos exclusivamente personales, de tipo particular, y en ningún momento justifica que se borre todo el contenido de los discos duros”, continúa.
Dada la situación de Luis Bárcenas, dueño de los ordenadores e imputado por el caso Gürtel, Bosch afirma que existe “un problema sobre el conocimiento formal que pueda tener el Partido Popular. Si existe una investigación judicial y en el PP había conocimiento de que existían datos que afectaban a dicho procedimiento, estos datos no podían haber sido borrados o destruidos”.
“Es posible que el PP alegue que no tenía constancia formal cuando destruyó la documentación, pero ese desconocimiento no significa que fuese un hecho notorio que esos ordenadores guardaban información relevante para la investigación”, recalca.
Una situación que, según el magistrado, también afecta a la credibilidad y confianza de los ciudadanos hacia las instituciones y los partidos políticos. “Cuando tenemos a una ciudadanía que está reclamando más transparencia a las fuerzas políticas contra la corrupción, la forma en la que se han desarrollado los hechos no favorece que haya mayor confianza en las instituciones”.
Joaquin Bosch habla también sobre la posibilidad de que se hubiera cometido un delito de obstrucción a la Justicia. “La obstrucción a la Justicia aquí tendría un encaje penal más difícil, ya que no existe un tipo que regule esta conducta. Tendríamos que ir a si se ha podido destruir uno de los instrumentos de los delitos que se investigan, que sí sería posible. Para ello habría que aclarar quién ha ordenado la destrucción y el por qué”.
“No resulta lógico que una empresa cada vez que despide a un trabajador borre los discos duros del ordenador en el que trabajaba. Una cosa es que se eliminen datos de tipo personal, y otra es borrar los datos que corresponden al funcionamiento ordinario del Partido Popular”, concluye.
lasexta







EL GOBIERNO QUE CIERRA LAS FOSAS DEL FRANQUISMO DICE LUCHAR AHORA CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS

La declaración de Exteriores se produce un día después de que Amnistía Internacional alertara de que "en España la impunidad perdura y a las víctimas se les niega el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación"
IÑIGO ADURIZ Madrid 30/08/2013 17:14 Actualizado: 30/08/2013 18:35
El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo.- Reuters
En España hay al menos 88.000 víctimas del franquismo que tras su desaparición durante la Guerra Civil y la dictadura, permanecen enterradas en fosas comunes a lo largo y ancho del país. Y sin embargo, nada más llegar al poder, el Gobierno que preside Mariano Rajoy cerró la oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictaduraque fue creada para coordinar la exhumación de desaparecidos;eliminó la partida de los Presupuestos destinada a la memoria histórica; y obstaculizó la investigación de los crímenes cometidos durante el régimen de Franco iniciada por la justicia argentina al impedir la declaración de las víctimas
A pesar de todo ello, el Ejecutivo ha hecho pública este viernes unadeclaración con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (ver PDF), en la que considera que "la desaparición forzada, que debe considerarse como un verdadero ultraje a la dignidad humana, constituye, desgraciadamente, un problema global que afecta a diversas regiones en todo el mundo".
A renglón seguido, el Gobierno que ha acabado con la apertura de las fosas del franquismo llega a asegurar que "la promoción y el respeto por los derechos humanos, así como la lucha por erradicar toda violación de los mismos y, muy específicamente, las desapariciones forzadas, constituye una absoluta prioridad del Gobierno de España". 
El texto del equipo que preside Rajoy llega tan sólo un día después de que Amnistía Internacional hiciera público un informe (ver PDF), precisamente, con motivo de la mencionada conmemoración del día de las víctimas de desapariciones, que denuncia que "en España la impunidad perdura y a las víctimas se les niega el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación". "No se están investigando las desapariciones forzadas y otros crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo", añade el prestigioso organismo internacional.
La situación ha empeorado desde 2012 
En su documento, Amnistía Internacional se dirige directamente contra el Gobierno, al recordar que "las autoridades españolas rehúsan colaborar con la Justicia argentina". Pero también orienta sus críticas hacia la administración de justicia, en la que ha observado "una tendencia continuada a archivar de plano de las investigaciones" sobre los crímenes cometidos durante el periodo comprendido entre julio de 1936 y diciembre de 1951, y que supuso la desaparición de unas 114.000 personas.
La organización considera que "esta situación ha empeorado desde que en febrero de 2012 el Tribunal Supremo dictó una sentencia que estableció la imposibilidad de investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo en base a argumentos que son contrarios al derecho internacional, entre ellos: la vigencia de la Ley de Amnistía, la prescripción de los delitos de derecho internacional, o una errada interpretación del principio de legalidad penal".
A pesar de las actuaciones puestas en marcha desde que gobierna, y de las críticas de Amnistía Internacional, el Gobierno asegura en su declaración que "sigue trabajando en todos los ámbitos de la prevención y la lucha contra las desapariciones forzadas, de manera que todas las personas puedan ejercer plenamente todos los derechos y libertades que les son inherentes en el marco de una sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y las libertades fundamentales".


EL DEFENSOR CATALÁN VE “CASI DIABÓLICO” NEGAR QUE HAY MALNUTRICIÒN INFANTIL

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha afirmado este jueves en el Parlament que Cataluña tiene un “problema real” de malnutrición infantil, por lo que ha exigido subsanar los déficits que tienen las políticas públicas diseñadas para abordar este fenómeno y ha pedido a los diputados que sean capaces de poner en marcha soluciones.
En una comparecencia ante la Diputación Permanente para explicar el informe que presentó a principios de agosto –a petición de CiU y ERC y ante la polémica surgida–, Ribó ha considerado “casi diabólico” dudar sobre la existencia de este problema, ya que los organismos de estadística, entidades sociales y las mismas administraciones públicas llevan meses alertando sobre él.
El informe apunta a que al menos 50.000 menores de 16 años sufren problemas de malnutrición, entendida como la imposibilidad de seguir una dieta equilibrada por motivos económicos, en una intervención en la que también ha recordado que el 16,6% de los menores catalanes viven en un hogar sin ningún ingreso –frente al 5,8% de 2008– y que hasta 10.000 de ellos viven en familias que perdieron en 2011 las ayudas propias de la renta mínima de inserción (RMI).
El documento “no pretende demostrar que hay malnutrición infantil; eso ya está demostrado”, según Ribó, que ha constatado que el trabajo de unas 30 páginas dedica más de dos tercios de su contenido a proponer mejoras en la gestión de las becas comedor.
Asimismo, ha recordado que los datos de la misma Consejería de Salud recabadas a partir del trabajo de los médicos de atención primaria constatan 751 casos de desnutrición relacionados con la pobreza, y, aunque éste no es un problema estructural en Cataluña, sí “existe de manera puntual”.
“A pesar de los esfuerzos de las administraciones y del trabajo muy encomiable de las entidades sociales, hay déficits en las políticas públicas” en relación con este fenómeno creciente –ha dicho– algo que el Síndic también sabe por haber recibido 1.700 quejas específicas que “no son historias creadas o inventadas”, decenas de ellas en las últimas semanas.
Por todo eso, ha pedido abordar “serenamente” el problema, así como un cambio de chip en el diseño de las ayudas, al entender que puede ser erróneo excluir de la RMI a una pareja sin ningún ingreso y que las becas comedor no tienen el diseño adecuado para solventar el problema.
En concreto, ha señalado que estas ayudas están orientadas solo a menores de 3 a 12 años, solo durante los ocho meses y medio que dura el curso y que en ocasiones se han abonado desde marzo, además de subrayar la necesidad de unificar criterios de actuación y mejorar la coordinación entre las diferentes instituciones.
POLÉMICA ESTIVAL
En relación con la polémica sobre el significado de la palabra malnutrición o desnutrición y de la gravedad del problema –diversos consejeros han salido al paso del informe este verano–, Ribó ha insistido en que el problema existe, y “evidenciarlo no es ningún ataque”.
También ha destacado que se limita a ejercer las competencias que le otorga el Estatut desde la más radical independencia, ha pedido “respeto y serenidad” institucionales, y ha destacado que la gente espera soluciones concretas, por lo que ha animado a los diputados a ponerlas en marcha.
De hecho, considera que el debate es “profundamente político”, y por eso ha pedido a los partidos diálogo, con una petición clara al Govern: el despliegue del artículo 24 del Estatut, que apunta a la concesión de ayudas a las familias en situación de pobreza.
europapress.es



MUY GRAVE: FRANCISCO PEREZ DE LOS COBOS, EL MAGISTRADO QUE SE SALTA LAS LEYES

El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ha presentado su dimisión como miembro de la comisión de expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la que formaba parte desde marzo de 2012, para denunciar que la máxima autoridad de este tribunal se saltaba la ley al compatibilizar ambas funciones.
Lo que establece la ley
El artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que el cargo de magistrado no es compatible con “el desempeño de actividades profesionales o mercantiles” y no hace distinción en el tratamiento a magistrados o el presidente del Constitucional.
De Los Cobos habría recibido una autorización verbal del anterior presidente del Constitucional, Pascual Sala, para mantener su puesto en el Alto Tribunal y el de asesor en la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, según publica este jueves El País.
Faltó a plenos del Constitucional por estar en reuniones de la OIT
Francisco Pérez de los Cobos recibió durante el período que compaginó ambos puestos las mismas dietas que el resto de miembros de la OIT por asistir a las reuniones de la comisión de ese organismo y la presencia en ellas le impidió estar presente en plenos del Constitucional, como ya adelantó ELPLURAL.COM en julio pasado.
Lo más grave
Aparte de la relevancia formal del hecho de que De los Cobos compatibilizó ambas funciones por saltarse la normativa, es de mayor gravedad que el presidente del Constitucional fuera por un lado, como miembro del Alto Tribunal, juez de la ley de la reforma laboral del Gobierno ante el recurso presentado por el PSOE y, por otro lado, asesor en la sede de la Organización Internacional del Trabajo que debía evaluar si la reforma laboral se ajusta a los criterios internacionales. Esto es aún más grave si se añade que De los Cobos, catedrático de Derecho del Trabajo, como ya se ha informado, asesoró en asuntos laborales al PP desde 1992.
Militante del PP y magistrado del Constitucional
Los escándalos alrededor de Francisco Pérez de los Cobos no terminan aquí. Cabe recordar que el presidente del Constitucional ocultó su militancia en el PP. Su nombre aparece en el listado de donantes y afiliados del partido entre 2008 y 2011. De los Cobos fue elegido magistrado del alto tribunal el 29 de diciembre de 2010.
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