"El dictamen de los ERE, un pastiche bastardeado y mutilado"
El grupo parlamentario de Izquierda Unida
no va a apoyar mañana en la sesión plenaria del parlamento andaluz el dictamen
bastardeado y mutilado que ha resultado de la Comisión que investigó los EREs.
España |
Tercera Información | 29-11-2012 |
Ese dictamen
partía de una propuesta inicial que había elaborado el presidente de la
comisión y compañero nuestro, Ignacio García, la cual significó un excelente
trabajo, consecuencia de un análisis certero y honesto de las numerosas
comparecencias que acudieron ante los representantes de los grupos políticos andaluces.
Pero el PP y
el PSOE, en una extraña connivencia ante un asunto tan grave como es la
corrupción, han mutilado hasta el esperpento aquella propuesta inicial,
cargándose cualquier posibilidad de llegar a conclusiones útiles para evitar
que se repitan hechos como los investigados y, desde luego, impidiendo que las
responsabilidades alcancen a los niveles que, desde Izquierda Unida, hemos
establecido, desde la más estricta objetividad e independencia.
Los
andaluces y andaluzas tendrán que valorar la actitud kamikaze del presidente
del PP-A, Juan Ignacio Zoido, mutilador oficial del informe, y también la del
PSOE que no ha tenido en cuenta para nada las comparecencias en la Comisión y
que ha mantenido una postura inicial y apriorística desde el primer día.
Izquierda
Unida puede decir con la cabeza bien alta que ha hecho un excelente trabajo y
que, en todo momento, ha considerado el compromiso con los andaluces y
andaluzas que es ante quienes, únicamente, tenemos que rendir cuentas, puesto
que en el pacto con los socios de gobierno no consentimos incluir ni negociar
la Comisión de Investigación de los ERE’s.
Por lo
tanto, el documento resultante de las mutilaciones que han practicado, tanto PP
como PSOE, a la propuesta inicial del Presidente de la Comisión, es un
pastiche, incoherente y distorsionado, que no tiene, por no tener, ni siquiera
una línea de argumentación que permita mínimamente su comprensión.
Mañana será
el peso de PP y de PSOE los que, con sus votos en el Parlamento de Andalucía,
van a escenificar un extraño maridaje de connivencias y de conveniencias que
nada tienen que ver con las intenciones de llegar hasta el final mantenidas por
Izquierda Unida y que van a impedir que la verdad, los responsables y los
cambios metodológicos, sean delimitados para que nunca más se vuelva a repetir
un proceso de corrupción semejante en la administración andaluza.
IZQUIERDA
UNIDA ANTE EL DICTAMEN FINAL DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LOS ERES. UNA
REFLEXIÓN PARA LAS BASES
Contextualizando:
El Pleno del Parlamento de Andalucía, en su sesión del
día 14 de junio de 2011, a propuesta de los Grupos Parlamentarios de Izquierda
Unida y PSOE acordó por unanimidad la constitución de una “Comisión de
Investigación sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por
expedientes de regulación de empleo y a empresas en crisis otorgadas por la
Administración de la Junta de Andalucía, durante el periodo comprendido entre
los ejercicios 2001-2010”.
El objetivo principal de esta Comisión de
Investigación era determinar las responsabilidades políticas en que se pudiera
haber incurrido desde la administración de la Junta de Andalucía en la gestión
de los hechos objeto de investigación.
Esto incluye, como elemento fundamental, el
ofrecer una explicación convincente a la ciudadanía de lo ocurrido en toda su
extensión y dimensiones. Esta tarea tenía que ser completada con otra esencial:
Proponer mecanismos e instrumentos para que las irregularidades y presuntas
ilegalidades encontradas no vuelvan a ocurrir.
Por todo ello, cobra importancia el concepto de
Responsabilidad Política y en esta cuestión debemos aterrizar para entender lo
que ha ocurrido.
¿Qué entendemos por Responsabilidad
Política? Responsabilidad política vs responsabilidad penal
El esfuerzo por distinguir la responsabilidad
política de la responsabilidad penal ha constituido el trabajo de
generaciones de politólogos y juristas hasta llegar a la conclusión de que
la responsabilidad política es la derivada del “mal uso de un poder legal”.
La gran diferencia se encuentra en que, en materia
criminal, la especificación del hecho por el que se acusa debe preceder a toda
persecución. Es decir, a nadie se puede acusar sin comprobar que, al menos con
ciertas dosis de probabilidad, se ha incurrido en un tipo penal.
En materia política, en cambio, el problema no es de
legalidad, es de puro y simple acierto: el que se equivoca responde. Los
políticos responden por sus errores, simplemente por su fracaso, en tanto en
cuanto han sido elegidos para que actúen bien.
El mal uso del poder legal, aquí está la
cuestión.
El artículo 108 de la Constitución establece: “El
Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los
Diputados.”
Por su parte, en el Estatuto de Autonomía de Andalucía
– marco constitucional de referencia para esta Comisión de Investigación creada
por y en el seno del Parlamento de Andalucía – se conjugan y distinguen ambas
responsabilidades, la individual y la colectiva solidaria de los miembros del
Consejo de Gobierno en su artículo 124: “Responsabilidad solidaria del
Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno responde políticamente ante el
Parlamento de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de
cada consejero por su gestión.”
Mientras la comisión de investigación ha venido
desarrollando su trabajo, en juzgados se han estado asimismo investigando las
responsabilidades penales derivadas de los hechos objeto de estudio por la
Comisión.
Por ello y por la propia naturaleza de la comisión, el
trabajo se ha limitado a hacer un juicio político, conscientes de la
importancia de la investigación parlamentaria para el correcto funcionamiento
de la democracia.
En consecuencia, el dictamen de la Comisión no sería
una sentencia. No correspondería a una Comisión parlamentaria la depuración de
todos los hechos susceptibles de ser considerados ilegales, sino sólo los de
relevancia política. Mucho menos determinar de forma individualizada las
conductas tipificables y su calificación penal, para eso están los tribunales
de justicia.
Entendido esto, podemos pensar que el Parlamento
andaluz tiene capacidad para investigar los hechos acaecidos, depurar
responsabilidades políticas y SOBRETODO hacer las recomendaciones oportunas al
ejecutivo, para que no se vuelva a producir.
Hay que entender dos momentos diferentes
en la parte final del trabajo de la comisión:
1. Una vez escuchadas todas las comparecencias, el
presidente de la comisión, el compañero Ignacio García, junto con el letrado
del Parlamento recogieron las conclusiones de los tres grupos parlamentarios
IU, PSOE y PP. Los 3 grupos han asistido a las comparecencias, han preguntado a
los comparecientes y han sacado conclusiones.
El papel del presidente de la comisión fue crear
un documento de síntesis de las 3 propuestas que recogía, en el ejercicio de su
papel de presidente de la comisión, los hechos, los responsables políticos y
las recomendaciones para el futuro.
De este trabajo de Ignacio García se obtuvo un
documento: la propuesta de síntesis de la investigación y se devuelve a los 3
grupos parlamentarios para que la valoren y en su caso, propongan enmiendas al
texto.
El dictamen presentado por Ignacio García
suponía un documento riguroso, estructurado, con un sentido global de los
hechos. Dividido en párrafos, relataba de forma objetiva lo sucedido una vez
recogidas las aportaciones de los 3 grupos.
Desde IU entendíamos este dictamen como un dictamen de
servicio a la democracia, que sostenía un estudio de los hechos y de sus
responsables de forma fehaciente.
2. El documento final y las enmiendas al documento se
llevan a una última reunión de la comisión de investigación para su debate y
votación y ocurre lo siguiente:
- El PSOE, que había enmendado 28
párrafos del documento vota NO a 43 párrafos
- El PP vota que NO a todo.
- IU, defiende el dictamen
presentado y vota SI en su totalidad.
Por lo tanto, excluído el PP de cualquier
consenso, los 43 párrafos a los que el PSOE vota NO, salen del documento dado
que PSOE y PP votan NO a esos 48 párrafos.
Pero hay más. Si el PP votó NO a todo y el PSOE
se abstiene además en 60 párrafos más, tenemos un total de 103 párrafos que
caen del documento.
¿Qué supone sacar esos 103 párrafos del
documento?
Pues supone la mutilación del dictamen que
acaba siendo una malformación de los hechos, una incoherencia en su relato y
para muestra, un botón:
El documento inicial señala que “en un momento determinado, se entregan ayudas a
empresas y conflictos que no responden a las características apuntadas.
Hay empresas
pequeñas y con escaso número de trabajadores a las que se entregan ayudas
sociolaborales como el caso de SURCOLOR, con 24 trabajadores. Incluso en
algunos casos se recibieron ayudas, sin que ni siquiera conste que se hubiera
solicitado el ERE”.
El PP vota en
contra y el PSOE se abstiene en lo siguiente:
“109. En principio, los
criterios generales que debían presidir la concesión de estas ayudas eran los
mismos que para las ayudas sociolaborales a trabajadores:
- Numerosos trabajadores afectados. Impacto
económico importante en la zona de ubicación, al no existir alternativas de
empleo.
- Las ayudas permitirían la
viabilidad, la continuidad de la empresa y el mantenimiento del empleo.”
“110. Sin embargo, puede
comprobarse que esos criterios no han sido los que presidieron la concesión de
las ayudas.”
“111. La mayor parte de las
ayudas se concentra en una zona muy concreta y pequeña en relación con el
conjunto de Andalucía. Más del 60% de las mismas se conceden a empresas y
entidades de la Comarca de la Sierra Norte de Sevilla. Y como el mismo ex
Consejero Viera reconoció (…) De modo que “si era cierto que en la Dirección
General de empleo (la que concedía las ayudas) había una preocupación especial
por la Sierra Norte de Sevilla, otras direcciones generales o áreas de
gobierno, se preocupaban de favorecer a otras zonas”.
“114. Se han llegado a dar
ayudas a empresas inexistentes, a empresas que nunca llegaron a ponerse en
marcha, a empresas que cerraron al poco tiempo, a empresas con muy escaso
número de trabajadores, etc.”
“115. Incluso se ha llegado a
dar ayudas, teóricamente dirigidas a mantener el tejido productivo ayudando a
empresas en crisis, a concesionarios de automóviles, bares y restaurantes, a
diversos ayuntamientos, a la Universidad de Sevilla y a la Fundación San
Telmo.”
QUEDA, POR TANTO, RECHADA LA TESIS PRINCIPAL
DE LA INVESTIGACIÓN
¿Tiene sentido la actitud del PP y del
PSOE?
- Pues no parece tan alarmante que el PSOE se abstenga
de estas afirmaciones pues son sus dirigentes los principales responsables y
puede entenderse que confíen en la mayoría de los otros dos grupos para
revalidad esta tesis. Allá ellos.
- Lo que resulta MUY chocante es que el PP vote en
contra.
¿Y porqué iba a
votar el PP en contra de la principal tesis?
Saquen sus propias conclusiones, pero hay que
señalar algunas valoraciones:
1. El PP no ha creído desde el principio en esta
comisión. Ha pasado la investigación por alto, las intervenciones, los hechos,
hocicado en culpar a Griñán y Chávez. Han entrado en una especie de
esquizofrenia por la que o se señalaba a Griñán y Chávez o nada.
2. Esto le ha llevado a votar en contra de todas
las responsabilidades políticas, en un claro intento de que el dictamen
defendido por IU no saliera adelante.
3. El PP, gracias a la abstención del PSOE, ha podido
rechazar de plano que la Comisión se saldara con un éxito y por ello, ha
preferido no dotar de legitimidad el trabajo que ha elaborado IU.
A juicio del presidente de la comisión “Habrá un
cierre inesperado, sin dictamen debido. Aquí se han confrontado dos dictámenes
escritos a priori sin tener en cuenta la investigación, el dictamen del PP y el
del PSOE. Uno, el del PP, pretendía barrer con todo y a todos los niveles, y
otro, el del PSOE, vacío. Ambas eran irreconciliables, y pretendiendo salirse
con la suya, el PP decidió echarlo todo por tierra deslegitimando el trabajo de
investigación elaborado por la comisión.”
Ante esto, somos sinceros. Perdemos tod@s: el
Parlamento, la política y la ciudadanía y entendemos que con ejemplos como
estos, no nos podemos extrañar que la sociedad se encuentre cada día más
alejada de la política. Los intereses partidistas del PSOE, de salvaguardar a
los suyos, junto con el interés del PP de no dotar de legitimidad el trabajo
que ha elaborado IU y por ende a la naturaleza de esta comisión.
La votación en el Pleno del Parlamento
Hoy, miércoles 27 de noviembre, el Pleno,
previsiblemente rechazará lo que ha quedado del documento y la posición de IU
será, obviamente, votar en contra porque, a juicio de nuestro grupo
parlamentario: “lo que sale de la comisión nada tiene nada que ver con lo
original y ante esta incoherencia es preferible que el fracaso se visualice al
cien por cien”.
Por otro lado, está nuestra ética. No vamos a votar a favor de un
dictamen mutilado que deja incoherencias tan grandes como esta:
Cuando se habla del interventor, IU ha defendido
que éste pudo hacer algo más para advertir de las irregularidades que se
estaban cometiendo, pero advertíamos que había denunciado hasta 15 veces. La
mutilación del PP y del PSOE al dictamen supone eliminar esta advertencia y
señalar al interventor como responsable que no actuó en ningún momento. Esto es
inadmisible.
Y ahora, ¿Qué?
Podemos sentirnos orgullosos del trabajo que
hemos realizado desde IU, una fuerza política que cree en la naturaleza de
estas comisiones. Así lo han demostrado nuestros parlamentarios en la comisión
y también lo demuestran nuestros compañeros de IU en el Ayuntamiento de Madrid
quienes se han ido de una Comisión de investigación - Madrid Arena - porque el
PP ha bloqueado las comparecencias de los principales responsables y ya ha
anunciado que la investigación política durará tres días.
Vegüenza. Eso es lo que sentimos desde el
grupo parlamentario de Andalucía, donde se ha hecho un trabajo serio que se ha
echado por tierra por las maniobras del bipartidismo, y lo que deben sentir
nuestros compañeros del grupo municipal del Ayuntamiento de Madrid.
Creemos en la democracia, en que el pueblo
conozca detalladamente lo que se ha hecho. La transparencia ante todo y por
ello una de las recomendaciones que defendimos y seguiremos defendiendo es la formalización
de las comisiones de investigación, eso sí, hay que hacer balance
global:
1. Los que señalan que el pacto de gobierno de PSOE e IU
recogía conclusiones pactadas de esta comisión están muy alejados de la
realidad. Ni la comisión se recogía en el pacto ni las conclusiones han sido
pactadas y para muestra, el resultado. Los altavoces del PP, desde luego,
seguirán vendiendo esta idea.
2. Quienes han coincido finalmente han sido PP y PSOE, lo
que ha toda lógica nos lleva a pensar que ambos sabían su dictamen antes de
empezar la comisión de investigación, no han atendido a la investigación y han
defendido al final sus propuestas iniciales.
3. Un hecho tan saludable para la democracia como es una
comisión de investigación, no merece la pena cuando los grandes partidos llevan
los dictámenes ya hechos y que responden a intereses partidistas: “no lleves el
dictamen de antemano y atente a lo que se escuche en la comisión de
investigación”.
4. El ciudadano se puede sentir defraudado y engañado. Es
un hecho que nos lleva a pensar que el sistema institucional hoy difícilmente
da respuesta a las preocupaciones de la ciudadanía. Hace falta una reflexión
sobre el papel de las instituciones.