viernes, 30 de noviembre de 2012

“ESTO NO ES UNA CRISIS ES UNA ESTAFA MONTADA POR PPSOE Y LOS BANCOS”



"En defensa de nuestros derechos sociales y el Estado de Bienestar"
Desde la Plataforma en Defensa de los Servicios Público y Sociales de Toledo, se han unido al llamamiento regional de protesta y de defensa de lo que es de todas las personas que vivimos en esta región.
España | Tercera Información | 30-11-2012 | 
Cada persona de Toledo está invitada a participar en la protesta. “Tenemos el deber y la obligación de defender nuestros derechos sociales, y la calle es el único lugar que nos han dejado.”, ha manifestado la Plataforma.
El recorrido será desde el Parque de la Vega, hasta el Hospital Virgen de la Salud, que comenzará a las 12:00 horas.
La Plataforma en Defensa de los Servicios Público y Sociales de Toledo ha señalado que “Es mucho lo que nos jugamos, y aunque sea lo más vistoso, no es sólo una tema económico lo que nos esta moviendo, sino la configuración de un modelo social, que los políticos, como representantes visibles de los intereses ocultos del capital, llevan años ejecutando y que actualmente están planeando dar la batalla final, por eso la sociedad civil debe decir ¡BASTA!
Debemos saber que no estamos solos, que alzaremos nuestra voz junto con las miles de personas que saldrán a la calle en cada rincón de esta maltrecha comunidad. Juntos le diremos a este gobierno, con voz clara, que se lo podemos decir más alto, pero no más claro: ESTO NO ES UNA CRISIS, ES UNA ESTAFA”









“UN ENTRAMADO QUE NO SE SALVA NI EL PPSOE, PORQUE AMBOS SALIERON BENEFICIADOS DIRECTAMENTE E INDIRECTAMENTE”



 
"El dictamen de los ERE, un pastiche bastardeado y mutilado"‏
El grupo parlamentario de Izquierda Unida no va a apoyar mañana en la sesión plenaria del parlamento andaluz el dictamen bastardeado y mutilado que ha resultado de la Comisión que investigó los EREs.
España | Tercera Información | 29-11-2012 | 

Ese dictamen partía de una propuesta inicial que había elaborado el presidente de la comisión y compañero nuestro, Ignacio García, la cual significó un excelente trabajo, consecuencia de un análisis certero y honesto de las numerosas comparecencias que acudieron ante los representantes de los grupos políticos andaluces.
Pero el PP y el PSOE, en una extraña connivencia ante un asunto tan grave como es la corrupción, han mutilado hasta el esperpento aquella propuesta inicial, cargándose cualquier posibilidad de llegar a conclusiones útiles para evitar que se repitan hechos como los investigados y, desde luego, impidiendo que las responsabilidades alcancen a los niveles que, desde Izquierda Unida, hemos establecido, desde la más estricta objetividad e independencia.
Los andaluces y andaluzas tendrán que valorar la actitud kamikaze del presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, mutilador oficial del informe, y también la del PSOE que no ha tenido en cuenta para nada las comparecencias en la Comisión y que ha mantenido una postura inicial y apriorística desde el primer día.
Izquierda Unida puede decir con la cabeza bien alta que ha hecho un excelente trabajo y que, en todo momento, ha considerado el compromiso con los andaluces y andaluzas que es ante quienes, únicamente, tenemos que rendir cuentas, puesto que en el pacto con los socios de gobierno no consentimos incluir ni negociar la Comisión de Investigación de los ERE’s.
Por lo tanto, el documento resultante de las mutilaciones que han practicado, tanto PP como PSOE, a la propuesta inicial del Presidente de la Comisión, es un pastiche, incoherente y distorsionado, que no tiene, por no tener, ni siquiera una línea de argumentación que permita mínimamente su comprensión.
Mañana será el peso de PP y de PSOE los que, con sus votos en el Parlamento de Andalucía, van a escenificar un extraño maridaje de connivencias y de conveniencias que nada tienen que ver con las intenciones de llegar hasta el final mantenidas por Izquierda Unida y que van a impedir que la verdad, los responsables y los cambios metodológicos, sean delimitados para que nunca más se vuelva a repetir un proceso de corrupción semejante en la administración andaluza.
IZQUIERDA UNIDA ANTE EL DICTAMEN FINAL DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LOS ERES. UNA REFLEXIÓN PARA LAS BASES
Contextualizando:
El Pleno del Parlamento de Andalucía, en su sesión del día 14 de junio de 2011, a propuesta de los Grupos Parlamentarios de Izquierda Unida y PSOE acordó por unanimidad la constitución de una “Comisión de Investigación sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y a empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía, durante el periodo comprendido entre los ejercicios 2001-2010”.
 El objetivo principal de esta Comisión de Investigación era determinar las responsabilidades políticas en que se pudiera haber incurrido desde la administración de la Junta de Andalucía en la gestión de los hechos objeto de investigación.
 Esto incluye, como elemento fundamental, el ofrecer una explicación convincente a la ciudadanía de lo ocurrido en toda su extensión y dimensiones. Esta tarea tenía que ser completada con otra esencial: Proponer mecanismos e instrumentos para que las irregularidades y presuntas ilegalidades encontradas no vuelvan a ocurrir.
Por todo ello, cobra importancia el concepto de Responsabilidad Política y en esta cuestión debemos aterrizar para entender lo que ha ocurrido.
 Este documento se acompaña de una entrevista al Presidente de la Comisión, Ignacio García, sumamente aclaratoria: http://www.youtube.com/watch?v=X0k_1DJcwW8&feature=em-uploademail

¿Qué entendemos por Responsabilidad Política? Responsabilidad política vs responsabilidad penal
El esfuerzo por distinguir la responsabilidad política de la responsabilidad penal ha constituido el trabajo de generaciones de politólogos y juristas hasta llegar a la conclusión de que la responsabilidad política es la derivada del “mal uso de un poder legal”.
La gran diferencia se encuentra en que, en materia criminal, la especificación del hecho por el que se acusa debe preceder a toda persecución. Es decir, a nadie se puede acusar sin comprobar que, al menos con ciertas dosis de probabilidad, se ha incurrido en un tipo penal.
En materia política, en cambio, el problema no es de legalidad, es de puro y simple acierto: el que se equivoca responde. Los políticos responden por sus errores, simplemente por su fracaso, en tanto en cuanto han sido elegidos para que actúen bien.

El mal uso del poder legal, aquí está la cuestión.
El artículo 108 de la Constitución establece: “El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.”
Por su parte, en el Estatuto de Autonomía de Andalucía – marco constitucional de referencia para esta Comisión de Investigación creada por y en el seno del Parlamento de Andalucía – se conjugan y distinguen ambas responsabilidades, la individual y la colectiva solidaria de los miembros del Consejo de Gobierno en su artículo 124: “Responsabilidad solidaria del Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno responde políticamente ante el Parlamento de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada consejero por su gestión.”
Mientras la comisión de investigación ha venido desarrollando su trabajo, en juzgados se han estado asimismo investigando las responsabilidades penales derivadas de los hechos objeto de estudio por la Comisión.
Por ello y por la propia naturaleza de la comisión, el trabajo se ha limitado a hacer un juicio político, conscientes de la importancia de la investigación parlamentaria para el correcto funcionamiento de la democracia.
En consecuencia, el dictamen de la Comisión no sería una sentencia. No correspondería a una Comisión parlamentaria la depuración de todos los hechos susceptibles de ser considerados ilegales, sino sólo los de relevancia política. Mucho menos determinar de forma individualizada las conductas tipificables y su calificación penal, para eso están los tribunales de justicia.
Entendido esto, podemos pensar que el Parlamento andaluz tiene capacidad para investigar los hechos acaecidos, depurar responsabilidades políticas y SOBRETODO hacer las recomendaciones oportunas al ejecutivo, para que no se vuelva a producir.

Hay que entender dos momentos diferentes en la parte final del trabajo de la comisión:
1. Una vez escuchadas todas las comparecencias, el presidente de la comisión, el compañero Ignacio García, junto con el letrado del Parlamento recogieron las conclusiones de los tres grupos parlamentarios IU, PSOE y PP. Los 3 grupos han asistido a las comparecencias, han preguntado a los comparecientes y han sacado conclusiones.
 El papel del presidente de la comisión fue crear un documento de síntesis de las 3 propuestas que recogía, en el ejercicio de su papel de presidente de la comisión, los hechos, los responsables políticos y las recomendaciones para el futuro.
 De este trabajo de Ignacio García se obtuvo un documento: la propuesta de síntesis de la investigación y se devuelve a los 3 grupos parlamentarios para que la valoren y en su caso, propongan enmiendas al texto.
 El dictamen presentado por Ignacio García suponía un documento riguroso, estructurado, con un sentido global de los hechos. Dividido en párrafos, relataba de forma objetiva lo sucedido una vez recogidas las aportaciones de los 3 grupos.
Desde IU entendíamos este dictamen como un dictamen de servicio a la democracia, que sostenía un estudio de los hechos y de sus responsables de forma fehaciente.
2. El documento final y las enmiendas al documento se llevan a una última reunión de la comisión de investigación para su debate y votación y ocurre lo siguiente:
- El PSOE, que había enmendado 28 párrafos del documento vota NO a 43 párrafos
- El PP vota que NO a todo.
 - IU, defiende el dictamen presentado y vota SI en su totalidad.
 Por lo tanto, excluído el PP de cualquier consenso, los 43 párrafos a los que el PSOE vota NO, salen del documento dado que PSOE y PP votan NO a esos 48 párrafos.
 Pero hay más. Si el PP votó NO a todo y el PSOE se abstiene además en 60 párrafos más, tenemos un total de 103 párrafos que caen del documento.

¿Qué supone sacar esos 103 párrafos del documento?
 Pues supone la mutilación del dictamen que acaba siendo una malformación de los hechos, una incoherencia en su relato y para muestra, un botón:
 El documento inicial señala que “en un momento determinado, se entregan ayudas a empresas y conflictos que no responden a las características apuntadas.
 Hay empresas pequeñas y con escaso número de trabajadores a las que se entregan ayudas sociolaborales como el caso de SURCOLOR, con 24 trabajadores. Incluso en algunos casos se recibieron ayudas, sin que ni siquiera conste que se hubiera solicitado el ERE”.
 El PP vota en contra y el PSOE se abstiene en lo siguiente:
109. En principio, los criterios generales que debían presidir la concesión de estas ayudas eran los mismos que para las ayudas sociolaborales a trabajadores:
- Numerosos trabajadores afectados. Impacto económico importante en la zona de ubicación, al no existir alternativas de empleo.
- Las ayudas permitirían la viabilidad, la continuidad de la empresa y el mantenimiento del empleo.”
110. Sin embargo, puede comprobarse que esos criterios no han sido los que presidieron la concesión de las ayudas.”
111. La mayor parte de las ayudas se concentra en una zona muy concreta y pequeña en relación con el conjunto de Andalucía. Más del 60% de las mismas se conceden a empresas y entidades de la Comarca de la Sierra Norte de Sevilla. Y como el mismo ex Consejero Viera reconoció (…) De modo que “si era cierto que en la Dirección General de empleo (la que concedía las ayudas) había una preocupación especial por la Sierra Norte de Sevilla, otras direcciones generales o áreas de gobierno, se preocupaban de favorecer a otras zonas”.
114. Se han llegado a dar ayudas a empresas inexistentes, a empresas que nunca llegaron a ponerse en marcha, a empresas que cerraron al poco tiempo, a empresas con muy escaso número de trabajadores, etc.”
115. Incluso se ha llegado a dar ayudas, teóricamente dirigidas a mantener el tejido productivo ayudando a empresas en crisis, a concesionarios de automóviles, bares y restaurantes, a diversos ayuntamientos, a la Universidad de Sevilla y a la Fundación San Telmo.”

QUEDA, POR TANTO, RECHADA LA TESIS PRINCIPAL DE LA INVESTIGACIÓN
¿Tiene sentido la actitud del PP y del PSOE?
 - Pues no parece tan alarmante que el PSOE se abstenga de estas afirmaciones pues son sus dirigentes los principales responsables y puede entenderse que confíen en la mayoría de los otros dos grupos para revalidad esta tesis. Allá ellos.
 - Lo que resulta MUY chocante es que el PP vote en contra.
 ¿Y porqué iba a votar el PP en contra de la principal tesis?
 Saquen sus propias conclusiones, pero hay que señalar algunas valoraciones:
 1. El PP no ha creído desde el principio en esta comisión. Ha pasado la investigación por alto, las intervenciones, los hechos, hocicado en culpar a Griñán y Chávez. Han entrado en una especie de esquizofrenia por la que o se señalaba a Griñán y Chávez o nada.
 2. Esto le ha llevado a votar en contra de todas las responsabilidades políticas, en un claro intento de que el dictamen defendido por IU no saliera adelante.
 3. El PP, gracias a la abstención del PSOE, ha podido rechazar de plano que la Comisión se saldara con un éxito y por ello, ha preferido no dotar de legitimidad el trabajo que ha elaborado IU.
 A juicio del presidente de la comisión “Habrá un cierre inesperado, sin dictamen debido. Aquí se han confrontado dos dictámenes escritos a priori sin tener en cuenta la investigación, el dictamen del PP y el del PSOE. Uno, el del PP, pretendía barrer con todo y a todos los niveles, y otro, el del PSOE, vacío. Ambas eran irreconciliables, y pretendiendo salirse con la suya, el PP decidió echarlo todo por tierra deslegitimando el trabajo de investigación elaborado por la comisión.”
 Ante esto, somos sinceros. Perdemos tod@s: el Parlamento, la política y la ciudadanía y entendemos que con ejemplos como estos, no nos podemos extrañar que la sociedad se encuentre cada día más alejada de la política. Los intereses partidistas del PSOE, de salvaguardar a los suyos, junto con el interés del PP de no dotar de legitimidad el trabajo que ha elaborado IU y por ende a la naturaleza de esta comisión.

La votación en el Pleno del Parlamento
 Hoy, miércoles 27 de noviembre, el Pleno, previsiblemente rechazará lo que ha quedado del documento y la posición de IU será, obviamente, votar en contra porque, a juicio de nuestro grupo parlamentario: “lo que sale de la comisión nada tiene nada que ver con lo original y ante esta incoherencia es preferible que el fracaso se visualice al cien por cien”.
Por otro lado, está nuestra ética. No vamos a votar a favor de un dictamen mutilado que deja incoherencias tan grandes como esta:
 Cuando se habla del interventor, IU ha defendido que éste pudo hacer algo más para advertir de las irregularidades que se estaban cometiendo, pero advertíamos que había denunciado hasta 15 veces. La mutilación del PP y del PSOE al dictamen supone eliminar esta advertencia y señalar al interventor como responsable que no actuó en ningún momento. Esto es inadmisible.

Y ahora, ¿Qué?
 Podemos sentirnos orgullosos del trabajo que hemos realizado desde IU, una fuerza política que cree en la naturaleza de estas comisiones. Así lo han demostrado nuestros parlamentarios en la comisión y también lo demuestran nuestros compañeros de IU en el Ayuntamiento de Madrid quienes se han ido de una Comisión de investigación - Madrid Arena - porque el PP ha bloqueado las comparecencias de los principales responsables y ya ha anunciado que la investigación política durará tres días.
 Vegüenza. Eso es lo que sentimos desde el grupo parlamentario de Andalucía, donde se ha hecho un trabajo serio que se ha echado por tierra por las maniobras del bipartidismo, y lo que deben sentir nuestros compañeros del grupo municipal del Ayuntamiento de Madrid.
 Creemos en la democracia, en que el pueblo conozca detalladamente lo que se ha hecho. La transparencia ante todo y por ello una de las recomendaciones que defendimos y seguiremos defendiendo es la formalización de las comisiones de investigación, eso sí, hay que hacer balance global:
 1. Los que señalan que el pacto de gobierno de PSOE e IU recogía conclusiones pactadas de esta comisión están muy alejados de la realidad. Ni la comisión se recogía en el pacto ni las conclusiones han sido pactadas y para muestra, el resultado. Los altavoces del PP, desde luego, seguirán vendiendo esta idea.
 2. Quienes han coincido finalmente han sido PP y PSOE, lo que ha toda lógica nos lleva a pensar que ambos sabían su dictamen antes de empezar la comisión de investigación, no han atendido a la investigación y han defendido al final sus propuestas iniciales.
 3. Un hecho tan saludable para la democracia como es una comisión de investigación, no merece la pena cuando los grandes partidos llevan los dictámenes ya hechos y que responden a intereses partidistas: “no lleves el dictamen de antemano y atente a lo que se escuche en la comisión de investigación”.
 4. El ciudadano se puede sentir defraudado y engañado. Es un hecho que nos lleva a pensar que el sistema institucional hoy difícilmente da respuesta a las preocupaciones de la ciudadanía. Hace falta una reflexión sobre el papel de las instituciones.




“LA CONDICIONES IMPUESTAS A LA BANCA TENDRAN GRAVES CONSECUENCIAS SOBRE LOS CIUDADAN@S Y LA DEBIL ECONOMIA”



IU afirma que las imposiciones de Bruselas para el rescate bancario “son las condiciones de la vergüenza”
El secretario federal de Economía y Trabajo de IU advierte de que “reduciendo el campo de actividad de las entidades bancarias nacionalizadas, tanto territorialmente como en líneas de negocio, se hace muy difícil que puedan recibir los créditos públicos recibidos”

España | Tercera Información | 29-11-2012 |

El secretario federal de Economía y Trabajo de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, ha calificado de “condiciones de la vergüenza” las imposiciones anunciadas por Bruselas para la ejecución del llamado rescate bancario. “Las consecuencias de esas imposiciones sobre el empleo y sobre la Seguridad Social española serán tremendas. Además, se hace pagar la crisis financiera a los trabajadores del sector y a los ahorradores que han sido engañados por una práctica comercial tolerada por la autoridad bancaria”.
“Es más –completa García Rubio-, reduciendo el campo de actividad de las entidades bancarias nacionalizadas, tanto territorialmente como en líneas de negocio, se hace muy difícil que puedan obtener beneficios en el futuro y, por tanto, devolver los créditos públicos que han recibido”.
El dirigente federal de IU valora que “no se trata de limitar la cantidad de actividad, sino la calidad de la misma, que no debería tener nada que ver con la especulación y los paraísos fiscales. Pero eso debe asegurarlo una gestión pública orientada al interés colectivo y a proporcionar los créditos que son imprescindibles para asegurar el impulso de la economía real y el consumo razonable de las familias. Esto debe ser responsabilidad funcional de los gestores de las entidades y responsabilidad política del Gobierno que los nombra”.
Para el responsable económico de Izquierda Unida, “la realidad desmienten todas las promesas del Gobierno de Mariano Rajoy. La venta del Banco de Valencia a CaixaBank por 1 euro, cuando va a recibir 4.500 millones garantizados por el Estado y ha recibido otras ayudas y avales del FROB, muestra que el camino decidido es que los costes de esta reestructuración se paguen con dinero público, es decir de todos los contribuyentes. Resulta escandaloso”.
“Izquierda Unida muestra su solidaridad con todos los trabajadores del sector que se van a ver afectados y con los pequeños ahorradores a los que se vendieron participaciones preferentes sin su consentimiento expreso e informado”, destaca.
García Rubio señala que “desde IU se seguirán planteando todas las iniciativas legales y políticas necesarias para que quienes son los verdaderos responsables de esta situación paguen por ello”.