Tras seis años de crisis, la sociedad
española carece de un proyecto de país. Necesita cambios económicos profundos,
una readecuación del modelo de Estado y profundizar en la unión fiscal y social
con Europa
EULOGIA MERLE
España
afronta una profunda crisis económico-social en ausencia de un horizonte
esperanzador. Esta falta de un proyecto de país ha sido la base sobre la que
han reemergido las tensiones territoriales, pulsiones que recorren nuestra
historia, pero que solo pasan a la escena central cuando no hay un objetivo
común. Esta orfandad de un horizonte se hace más dolorosa ante las
incertidumbres del proyecto europeo, el anhelo que había aunado a generaciones
previas. Y todo ello, bajo a una crisis de la política, que dificulta la toma
de decisiones. España enfrenta, por tanto, una crisis poliédrica que no se
resolverá automáticamente con la vuelta al crecimiento, sino cuando los
españoles recreemos un nuevo espacio público compartido en el marco europeo.
La crisis
económica solo ha encontrado una salida cuando la agenda de reformas se ha
centrado en profundizar en la integración de la eurozona y que aún con lentitud
se va implantando. La europeización de la supervisión de las entidades bancarias
está permitiendo que la reducción de los tipos de interés del BCE comience a
alcanzar a toda la zona euro, canalizando así una bajada de las primas de
riesgo y, con ello, una senda de ajuste fiscal menos severa. Ahora bien, si ya
es ampliamente aceptado que solo saldremos de esta crisis con una unión
monetaria más integrada, este camino exigirá revisar también aquellas
regulaciones nacionales que pudieran dificultar tal consolidación (seguros de
desempleo, sistemas de pensiones, tributación del capital, etcétera). Por
tanto, hay que abrir un nuevo debate en Europa acerca del futuro de la parte
del Estado de bienestar que tendrá difícil encaje si se mantiene su actual
regulación nacional. Así, tras la unión bancaria toca impulsar una unión fiscal
y social que viabilicen tales políticas públicas, que inspiran el modelo social
europeo.
En todo
caso, España tiene pendiente una agenda de reformas nacionales. En el terreno
económico, el saneamiento del sector financiero ha dado un paso adelante con el
apoyo directo de Europa, una recapitalización iniciada después, por cierto, de
un primer semestre del actual Gobierno muy inestable. Aun así, será necesario
mantener una monitorización puntual del sector ante la evolución de la
morosidad a la espera de ese cierre definitivo de la unión bancaria, la palanca
fundamental para acelerar el flujo de crédito. Por otra parte, hay que acometer
una reforma laboral que incentive la creación de empleo y ofrezca una mayor
estabilidad a los trabajadores temporales. Es urgente dotar de un canal de
tránsito desde la contratación temporal hacia la indefinida, sin que medien
decisiones discrecionales por el camino. Hay que modernizar las políticas
activas de empleo y mejorar la generosidad de las políticas pasivas en el caso
de los desempleados de larga duración. Y hay que reequilibrar el poder en la
negociación colectiva con la creación de convenios nacionales-sectoriales que
den cobertura a las negociaciones de empresa y eliminando la capacidad de
decisión unilateral.
Junto a
esto, el país está huérfano de una política energética e industrial, que
aprendiendo de los errores previos (burbujas sectoriales, déficit de tarifa,
etcétara), encuentre y diferencie los espacios de actividad del Estado y del
mercado. Asimismo, hay que redoblar la lucha por la competencia efectiva en los
mercados, como el mejor instrumento para ampliar oportunidades y evitar el
acoso al consumidor.
El país debe
impulsar también una reforma fiscal. Si España aspira a disponer de un Estado
plenamente europeo, esta misión no se puede acometer con unos ingresos fiscales
nueve puntos porcentuales del PIB por debajo al promedio de la eurozona. Este
incremento no debe centrarse en quienes ya tributan, especialmente los
asalariados, sino en quienes defraudan o eluden, rentabilizando en este caso la
maraña regulatoria. No es razonable que el tipo impositivo efectivo entre las
grandes empresas ronde el 10%, mientras que las pymes tributan al 25. Tampoco
lo es que la riqueza se parapete tras sociedades para no ser gravada. Así pues,
hay que abordar una reforma profunda que debiera partir de un gran acuerdo de
país sobre las bases imponibles, aun cuando la izquierda y la derecha difieran
después en los tipos impositivos. Este consenso es central porque debe dar
continuidad a una actualización del Estado de bienestar y del propio modelo de
Estado.
Aun cuando
una parte del Estado de bienestar debe europeizarse, existe todavía un amplio
espacio para la actuación de los países. En este campo, España debe focalizar
los esfuerzos en la educación y en los primeros años de vida. El principal foco
de desigualdad y reducción de oportunidades se sustancia en la infancia,
especialmente en momentos como el actual dado el lacerante nivel de desempleo.
Además, hay que desarrollar mejoras en los sistemas de gestión sanitaria, sin
privatizarla. Asimismo, es urgente un programa contra la pobreza a corto plazo,
que minimice también sus efectos negativos sobre la igualdad de oportunidades a
largo.
Adicionalmente,
ese acuerdo fiscal debe sustentar una reforma del sistema de financiación, cuya
revisión deberá responder a una readecuación del modelo de Estado. Por una
parte, el actual Estado de las Autonomías carece de instituciones de
cooperación, dado que el constituyente desconocía el resultado último del
proceso descentralizador. Por otra parte, no podemos esconder que el choque de
legitimidades entre el Tribunal Constitucional y el referéndum sobre texto
estatutario en Cataluña, aun contando con todas las garantías, ha tensionado
las costuras del país. Por tanto, hay que abrir, en todo caso con
interlocutores leales, una actualización del consenso constitucional, sin
esperar “cerrar definitivamente” el Estado de las Autonomías, pero sí encauzar
institucionalmente tales tensiones.
Por último,
España hace frente a estos retos con el instrumento del cambio, la política,
atravesando su propia crisis. Hace ya más de una década que todas las
instituciones de intermediación entraron en una crisis estructural. La prensa,
las discográficas o los partidos han perdido el monopolio de la intermediación.
En el terreno político, hemos pasado del elector cuatrienal a un ciudadano en
red, que interactúa políticamente de manera cotidiana, pero el modelo de
participación partidista sigue apegado a una sociología periclitada. Además,
este desafío estructural, que exige una reinvención de la política, ha coincidido
en el tiempo con la crisis económico-social y territorial y, por supuesto, con
la emersión de nuevos escándalos de corrupción sistémica. Por todo ello, la
política se encuentra muy cuestionada y aunque aún no han surgido voces
totalizadoras, el riesgo de fragmentación democrática comienza a ser notable.
Es necesario, pues, revitalizar la acción política para fortalecer la
democracia representativa y eso pasa por una reforma orgánica de los partidos
políticos que le elimine las barreras de entrada y haga porosa la relación
entre electores y elegidos. El PSOE ha iniciado ese camino en la Conferencia
Política, pero la reforma debe ser más profunda y universal.
En fin,
España acumula seis años de crisis económica, que comienza a estabilizarse de
la mano de una revisión de la estrategia europea, focalizada ahora en
profundizar en la unión. En todo caso, hay que avanzar ya sobre la unión
bancaria e impulsar una unión fiscal y social, que asienten las bases de un
Estado de bienestar europeo. Además, España necesita una renovada agenda de
reformas, que actualice nuestra economía y fortalezca el Estado de bienestar
nacional, para lo cual resulta central una reforma fiscal que responda también
a una revisión del modelo de Estado. Y para todo ello, el país necesita una
remodelación interna de los partidos.
Sin duda, ya
no podemos decir: “España está enteramente por hacer”; como enunció Indalecio
Prieto. En los últimos 35 años se ha modernizado este país como nunca antes en
su historia. Ahora bien, sí debemos afirmar conscientes de nuestro deber:
España está enteramente por reformar.
Jonás Fernández es director del Servicio de
Estudios de Solchaga Recio & asociados y autor de Una alternativa
progresista (Deusto).
Fuente: www.elpais.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario