La
derogación de la ley de plazos nos alejará del sistema vigente en la mayoría de
los países europeos. La regulación enormemente restrictiva que propone el
Gobierno, con inclusión de la penalización en los supuestos de malformación del
feto, nos devuelve a tiempos preconstitucionales
España |
TerceraInformación | 22-12-2013 |
Jueces para
la Democracia han expresado que valoran "muy negativamente el proyecto del
Gobierno de reforma de la legislación sobre el aborto. La derogación de la ley
de plazos nos alejará del sistema vigente en la mayoría de los países europeos.
La regulación enormemente restrictiva que propone el Gobierno, con inclusión de
la penalización en los supuestos de malformación del feto, nos devuelve a
tiempos preconstitucionales.
Dicha
reforma resulta innecesaria, pues existe una aceptación colectiva muy amplia de
las normas actuales sobre la materia, que resultan adecuadas a nuestra realidad
social. La reforma que impulsa el Gobierno es contraria a la evolución en
valores que ha tenido el conjunto de nuestra sociedad. Sin embargo, el ministro
Gallardón ha preferido pagar el peaje a determinados grupos de presión, como la
jerarquía eclesiástica. Se trata de una regulación que pretende imponer la
moralidad propia de una confesión religiosa al conjunto de la sociedad. Pero en
un Estado aconfesional no se deben aplicar dogmas de fe a toda la ciudadanía.
Con esta decisión el Gobierno demuestra que no es capaz de gobernar para la
mayoría de la sociedad y que no tiene inconveniente en atacar los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres.
El resultado
de esta reforma será que miles de mujeres tendrán que viajar al extranjero para
abortar, como ocurría en la época del franquismo. Y que quienes decidan abortar
en nuestro país lo harán en situación de clandestinidad y en condiciones de
riesgo para su integridad. Además, esta regulación incrementará las
desigualdades sociales entre las mujeres que tengan recursos para poder abortar
y quienes no los tengan. Resulta poco comprensible la actuación de un gobierno
que recorta constantemente las ayudas familiares y al mismo tiempo criminaliza
la interrupción voluntaria del embarazo. Todavía resulta más grave la
contradicción entre obligar a las mujeres a tener descendencia en el caso de
malformaciones físicas o psíquicas y, al mismo tiempo, retirar las ayudas a la
dependencia.
Expresamos
nuestra preocupación por esta escalada continua de castigos de todo tipo, que
son más propios de una sociedad cerrada que de un país democrático. Asimismo,
se incorpora un ideario que se pretende imponer forzosamente al conjunto de la
población. Nuevamente el Gobierno actúa de forma enormemente autoritaria y
erosiona los principios básicos de convivencia en una sociedad plural, en lugar
de respetar la libertad y las opciones legítimas de cada persona. Desde Jueces
para la Democracia consideramos muy criticable esta intensa vulneración de los
derechos de las mujeres, la más grave de nuestra etapa democrática."
Fuente: www.tercerainformacion.es
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