INTERIOR ASEGURA QUE LA LEY
"BENEFICIARÁ" A LOS QUE SE MANIFIESTAN PORQUE PRETENDE EVITAR QUE LAS
PROTESTAS "SE CONTAMINEN" CON ACTOS VIOLENTOS
EUROPA PRESS
Madrid 02/12/2013 10:59 Actualizado: 02/12/2013 11:15
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco
Martínez.- EP
Exhibir
banderas o símbolos preconstitucionales o franquistas será sancionado
administrativamente conforme a la futura Ley de Seguridad Ciudadana
si incitan a la violencia, el racismo o la xenofobia, según ha explicado
este lunes el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Ha
asegurado que la ley se aplicará "con arreglo al principio de
proporcionalidad" y que no entrará en "consideraciones de tipo
político, sean las que sean", sino en conductas de fomento del odio que,
además, ya están tipificadas en la Ley del Deporte y en otras normas.
En sendas
entrevistas en Onda Cero y Antena 3, el número dos de Interior ha
defendido la futura ley subrayando que, con la potestad sancionadora del
Estado, la ley pretende cubrir el "terreno" que queda entre los
delitos tipificados en el Código Penal -del que van a desaparecer las
"faltas"- y la "impunidad total".
En el caso
de las ofensas a España, ha explicado que en la Ley de Seguridad la redacción
será "prácticamente idéntica" a lo previsto en el Código Penal, salvo
que se aplicará a "todo aquello que no llegue a tener consideración de
delito", como quemar una bandera. También será una ofensa pitar el
himno en un partido de fútbol, aunque ha reconocido que otra cosa es la posibilidad
real de identificar a los autores de esas ofensas. Ha subrayado que los
símbolos constitucionales son "bienes jurídicos" que se deben
"proteger".
En cuanto a
las protestas contra los desahucios, ha explicado que se sancionarán las
que lleguen a impedir los desalojos porque lo que se penaliza es la
"obstrucción" de las obligaciones de los funcionarios públicos:
"Si se protesta de manera pacífica, sin violencia y sin realizar una
obstrucción real a esas funciones no van a entrar en ese tipo infractor".
Así, ha
invitado a leer íntegramente cómo se definen los tipos infractores, asegurando
que están "muy medidos". Según ha dicho, en realidad, "los
primeros beneficiados" de la ley serán quienes "ejercen el
derecho" de manifestación, porque "pretende evitar que el ejercicio
de este derecho se contamine" con actos violentos. Por ejemplo, ha
subrayado que el uso de capuchas o cascos se castigará cuando se utilicen para
alterar el orden público.
La ley es
consecuencia de la reforma del Código Penal, en el que dejarán de estar
tipificadas las faltas. En este punto, ha asegurado que la vía administrativa
es garantista, con procesos de instrucción a cargo de las delegaciones de
gobierno en las que cabe presentar alegaciones y aportaciones. Además, ha
recordado que después cabe recurrir judicialmente las sanciones aunque, eso sí,
pagando las tasas que establezca la ley, que pueden llegar hasta 2.750 euros.
Por último,
ha dejado claro que le ley puede sufrir nuevos cambios antes de que el
Gobierno apruebe el proyecto de ley definitivo y, posteriormente, en su
tramitación parlamentaria.
Fuente: www.publico.es
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