¿DEMOCRACIA? ¿QUÉ DEMOCRACIA?

Artículos de Opinión | Diego Jiménez | 03-12-2013 |

Recientemente, en mi artículo Emerge el fascismo reflexionaba sobre el preocupante auge del mismo en Europa y en España. Pero, con ser grave esa irrupción de actitudes antisociales y antidemocráticas, no es ése el único mal que amenaza a las sociedades occidentales, formalmente democráticas. Y digo formalmente porque la crisis económica está siendo un pretexto para acabar, no sólo con las conquistas sociales que empezaron a consolidarse en el viejo continente tras el drama de la Segunda Guerra Mundial, sino con la democracia misma.

Hace ya casi dos años, a primeros de enero de 2012, en plena efervescencia de la crisis económica, el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, en una reunión con líderes sindicales del continente, alertaba sobre el peligro de que la democracia desapareciera de países como España, Grecia y Portugal si no se adoptaban drásticas medidas de ajuste para atajar la crisis. Esas medidas a las que apelaba Barroso se han dado, pero la democracia, hoy, se tambalea.

Si nos ceñimos al caso español, muchos son los indicadores que demuestran que las amenazas del presidente de la Comisión Europea están siendo, de facto, una realidad. Para empezar, el pasado jueves, día 28, fue aprobada en el Congreso la LOMCE. Y no sé a qué venían tantas manos tendidas hacia el titular de Educación, José Ignacio Wert, sin duda orgulloso por haberla sacado adelante, de forma ’democrática’, pero con los 182 votos exclusivos de su grupo. No puede considerarse democrática una ley que ha concitado tantos rechazos sociales. El Parlamento es la expresión de la soberanía popular, pero, en virtud del ’rodillo’ que ejercen las mayorías, acaba distanciándose de la ciudadanía.

Ese mismo día se aprobó, con menos bombo mediático (con los votos en contra de ERC, Amaiur, IU, Entesa Progres per Catalunya y PSOE), la llamada Ley de Transparencia. Votada el pasado miércoles en el pleno del Senado, volvió al Congreso sin incluir mejora alguna para el derecho de acceso a la información, hasta el punto de que Victoria Anderica Caffarena, coordinadora de campañas de Acces Info Europe, afirmó: «El Partido Popular ha ignorado a la sociedad civil durante todo el proceso de adopción de la ley de transparencia manteniendo una postura única, muy limitada y que plantea una propuesta que viola los estándares mínimos internacionales».

El Senado había ignorado los distintos llamamientos hechos por la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) para la mejora de ese proyecto de ley, al no estar en línea con los estándares internaciones. Según algunas fuentes, acabará ocupando la posición 75 de 96 en la lista de países con leyes de acceso a la información, con una puntuación de 68 sobre 150 puntos según los indicadores del Global RTI Rating (ranking global de acceso a la información). En un contexto en que la ciudadanía necesita dotarse de mecanismos que saquen a la luz tantos escándalos de corrupción, esta ley viene a negar esa posibilidad, pues la misma OSCE afirmaba que dificultaría el trabajo de los periodistas.

Pero, sin ningún género de dudas, si hay alguna norma que evidencia la indudable deriva autoritaria del Estado Español, es precisamente el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana, la conocida como ’Ley mordaza’.

Precedida, como es sabido, de contundentes acciones policiales represivas, este anteproyecto de ley, que nos retrotrae al Estado policial franquista, supone un ataque directo a las libertades de expresión y manifestación. Pese a su maquillaje cosmético a su paso por el Senado, la cuantía de las multas que se tratan de imponer a la ciudadanía, incluso por convocar una concentración por twitter ante el sacrosanto edificio del Congreso, nos parece, no ya excesivo, sino simplemente una burla al Estado de Derecho, el mismo que este mismo Gobierno viene atacando sistemáticamente. De ahí a la existencia de un Gobierno formalmente democrático (en el que se conservan la división de poderes, las elecciones periódicas, una supuesta libertad de prensa...), pero que con sus actuaciones bordea los límites de un Estado autoritario semifascista, va un paso.

Porque, lo digo con toda claridad, no puede considerarse democrático un sistema político que gobierna para el 20% de la población más rica y castiga al 80% restante. No hay democracia cuando se salva a la Banca pero se permite que ésta viole el derecho fundamental a la vivienda. No puede ser democrático un Estado que no impide que las rentas del capital crezcan indefinidamente mientras menguan las del trabajo. No puede considerarse que exista democracia en un país en el que más de seis millones de ciudadanos están privados del derecho fundamental al trabajo. No hay democracia cuando estamos cansados de oír las apelaciones de Rajoy al necesario sacrificio de la ciudadanía, mientras que la casta dirigente se escuda en leyes mordaza para que no conozcamos sus tropelías y enormes privilegios de los que gozan. No es democrático un Estado que viola los derechos humanos como en el caso de la valla de Melilla. No sigo por no abrumarles más.

Pero, ante tantas evidencias, me pregunto: ¿Tenemos realmente democracia? ¿Qué democracia

*Artículo publicado en La Opinión de Murcia