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19 febrero, 2014 por victorjsanz
“Vivimos en un
mundo que genera hambre en un planeta de la abundancia”, puso de manifiesto
ayer en Andorra la activista por la soberanía alimentaria Esther Vivas.
No en vano, según datos de la ONU “hay comida para alimentar a 12.000 millones
de personas -casi el doble de la población mundial-, mientras que uno de cada
siete seres humanos en el mundo pasa hambre”.
“Nos dicen que este modelo es el que permitirá
alimentar a un mayor número de personas pero, con las cifras en la mano, queda
demostrado que genera hambre”, ahondó Vivas, que ayer dio la
segunda conferencia del ciclo de charlas del Centro de Estudios
Ambientales (CEA) Ítaca de Andorra con motivo del
quinto aniversario de su apertura. “Es la cara más cruenta, el ejemplo más
claro de que este sistema no funciona”, sentenció la investigadora en políticas
agrarias y alimentarias.
“Vivimos
en un mundo que genera hambre en un planeta de la abundancia”, puso de
manifiesto ayer en Andorra la activista por la soberanía
alimentaria Esther Vivas.
Para Vivas, “llegamos a esta situación
porque actualmente son unas pocas empresas las que acaban monopolizando la
producción, la distribución y el consumo de alimentos”, las cuales “anteponen
sus intereses de ganar dinero con la comida en lugar de priorizar el acceso de
las personas a la misma”. Entre otras empresas, la activista por la soberanía
alimentaria culpabilizó a Nestlé, Monsanto, Kraft, Mercadona, El Corte Inglés o
Alcampo. “Son las que deciden qué comemos y las que monopolizan el sistema”,
reiteró.
La catalana, también licenciada en Periodismo y
diplomada en estudios superiores de Sociología, rechazó que las causas del
hambre en el Tercer Mundo tengan que ver exclusivamente con fenómenos
meteorológicos, sino que “muchas veces tienen causas políticas” y son
“consecuencia del expolio de recursos naturales que se ha llevado a cabo en estos
países”. Puso como ejemplo a Haití, estado azotado brutalmente con un terremoto
hace cuatro años “que necesita comprar alimentos a multinacionales extranjeras”
cuando “en los años 70 producía suficiente arroz para dar de comer a toda su
población”. Sin embargo, “desde entonces y hasta hoy, las políticas de
liberalización comercial impuestas por instituciones como el Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o la Organización Mundial del
Comercio (OMC) han erosionado la capacidad productora de este país”, denunció.
Agricultores “en extinción”
Vivas aseguró que las grandes superficies “tienen un
peso muy importante a la hora de decidir qué comemos o qué compramos”. “Muchas
veces utilizan productos reclamo a los que baja el precio, pero el consumidor
acaba adquiriendo mucho más de lo que tenía previsto de otros productos que no
tienen por qué tener un precio tan bajo como imagina el cliente que va a
comprar atraído por la oferta”.
La activista cargó contra Mercadona y otras grandes
superficies por “vulnerar los derechos sindicales en sus centros” y les acusó
de “pagar precios muy bajos al campesinado y de vender productos que vienen de
la otra punta del planeta, cuando estos mismos se producen aquí”. Y todo ello
“para conseguir productos a un precio competitivo”.
En toda esta vorágine, afirmó Vivas, “los
campesinos son los que más salen perdiendo” porque, “ya sea aquí o en países
del Sur, “se paga un precio muy bajo por los alimentos y, a veces, incluso por
debajo del coste de producción”. Sin ir más lejos, los olivareros del Bajo
Aragón denuncian campaña tras campaña que las grandes superficies utilizan el
aceite como producto gancho.
Como consecuencia, “los agricultores están abandonando
y, en el Estado español, el porcentaje de población activa que trabaja en el
campo representa entre entre un 4 y un 5%”, por lo que “podemos decir que el
campesinado está prácticamente en peligro de extinción”.
Venta directa como solución
Como alternativa, la activista sugirió que los
consumidores se agrupen en cooperativas para “comprar directamente” al
agricultor y al ganadero. De esta forma, se articularía “un nuevo campesinado
como opción laboral y de vida en un contexto de crisis”.
Pero además, “si queremos comer bien son necesarios
cambios políticos”, dijoVivas, quien aseguró que Aragón “es hoy una de
las principales puertas de entrada de transgénicos” al país, ya que “se están
cultivando variedades prohibidas por la Unión Europea”. La investigadora
aseguró que este tipo de alimentos producen “impacto medioambiental,
contaminación” y representan “un peligro para la salud”.
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