La política se ha
convertido en un espacio en el que cada partido oculta sus culpas pregonando
las del oponente. La gravedad del problema de la corrupción exige un acuerdo
para crear instrumentos de escrutinio público
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| Raquel Marín |
Al liderazgo en materia de paro (en cerrada competencia con
Grecia) y desigualdad social (solo por detrás de Letonia) España suma ahora el
de la corrupción política a tenor del reciente informe elaborado por la
Comisión Europea, que por lo demás describe una pandemia continental de la que
apenas se salvan los países escandinavos. El estudio confirma que la democracia
no garantiza la honradez en la gestión pública a menos que se dote de
instrumentos eficaces de rendición de cuentas. No es casual que los países
nórdicos tengan desde hace décadas exigentes leyes de transparencia, en tanto que
nuestro país ha sido una excepción ominosa hasta el pasado mes de diciembre, en
que se aprobó una ley que entrará en vigor en un año (dos en el caso de
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, donde reside la mayoría de los
escándalos).
La política española se ha convertido en un territorio
fangoso donde cada partido trata de ocultar sus culpas pregonando las de su
oponente. Y así ocurre desde hace más de 30 años, lo que ha impedido abordar de
forma conjunta un fenómeno que desde la Casa del Rey corroe la pirámide
institucional y alimenta el malestar ciudadano. Los políticos de la Transición
consiguieron en circunstancias adversas y en un plazo récord de dos años
transformar por consenso una dictadura militar en una democracia, pero en su
lista de méritos hay un vacío clamoroso en materia de control de la tesorería
de los partidos.
Después de 40 años de prohibición, cada partido trató de
mejorar su tesorería sin mayores escrúpulos sobre los donantes, con un pacto
implícito de no agresión. Fondos que compraban voluntades en los Ayuntamientos
franquistas (concejales de grandes ciudades habían sido consejeros de empresas
adjudicatarias de obras y servicios) se trasvasaron a los partidos para
garantizar la continuidad de los contratos.
Habrían de pasar 10 años desde las primeras elecciones
generales hasta que en 1987 se aprobó la primera ley de financiación de
partidos, que habilitaba donaciones privadas hasta un límite anual de 10
millones de pesetas. Para entonces Alianza Popular había acumulado una deuda
cuantiosa tras la campaña de Fraga y sus conmilitones franquistas para las
elecciones de 1977, en las que obtuvieron 16 escaños, tres menos que la lista
del PCE encabezada por Carrillo. El PSOE asumió préstamos impagables a resultas
del referéndum de la OTAN de 1986, en el que los socialistas defendieron el sí
en solitario sin financiación pública. UCD había desaparecido del escenario sin
que nadie respondiera de su tesorería. Y lo mismo ocurrió con la aventura
liberal apadrinada por CIU.
La proliferación de procesos electorales derivada del Estado
de las autonomías aumentó la voracidad de los partidos, que lejos de concordar
normas de transparencia y control público se blindaron tras el Código Penal
como única herramienta para sancionar las conductas ilícitas. Esta estrategia
ha derivado en el bochornoso espectáculo de políticos condenados en diversas
instancias judiciales que rigen Ayuntamientos o se sientan en escaños parlamentarios.
En pleno escándalo Filesa de financiación ilegal del PSOE a
través de empresas se produjo un singular debate en el que algunos socialistas
trataron de minimizar el delito porque la recaudación iba destinada al partido
y no al enriquecimiento personal. La pantalla de los partidos ha encarecido
infinidad de contratos con comisiones de al menos un 3% sin desalentar por ello
la codicia individual, como establecieron las condenas del presidente navarro
Gabriel Urralburu y el director general de la Guardia Civil Luis Roldán o
descubrimos día a día en los papeles de Bárcenas, el sumario de los ERE de
Andalucía y la investigación de la trama Gürtel.
El efecto repetitivo (1.700 procedimientos judiciales en
curso, 800 Ayuntamientos involucrados, miles de encausados) amenaza con
banalizar una corrupción que ciertamente no es exclusiva de los políticos en un
país con una economía sumergida del 25%. Pero a los partidos corresponde
defender el interés público y fijar las normas para atajar esta metástasis que
ha contaminado de mendacidad el discurso político. Aznar proclamaba que “el PP
es incompatible con la corrupción” cuando Bárcenas recaudaba donaciones opacas
y repartía sobresueldos. Rajoy elogió como modelo de Gobierno al de Jaume
Matas, hoy condenado por sentencia firme, y arropado por dirigentes populares
negó cualquier responsabilidad del PP en la red Gürtel. El pasado mes de agosto
solemnizó en sede parlamentaria su desconocimiento de la actividad delictiva de
Bárcenas, cuyo nombramiento como tesorero había sido un error. En línea con su
jefe, Cospedal sostiene contra toda evidencia que Gürtel es una conspiración
contra el PP, al que califica como el partido más transparente.
Ha tenido que cumplir 35 años la Constitución antes de que
el Parlamento sancionara una Ley de Transparencia que no está entre las más
avanzadas de Europa, como dijo Rajoy, pero constituye un gran avance. Zapatero
había asumido este compromiso en su primer programa electoral, pero no aprobó
el pertinente proyecto hasta julio de 2011, casualmente el mismo día en que
anunciaba la disolución anticipada de las Cortes.
El preámbulo de la nueva ley hace una vigorosa defensa de la
transparencia como pieza fundamental para recuperar la confianza de los
ciudadanos. Impecable declaración de principios que casa mal con la anterior
desidia. De inicio el texto no emana del artículo constitucional que consagra
el derecho a la información, lo que le hubiera dotado de especial protección.
Es cierto que del Rey abajo obliga a todas las instituciones que tienen
financiación pública, pero establece excepciones extremadamente genéricas (“la
política económica y monetaria”, “la protección del medio ambiente”) y consagra
el silencio administrativo negativo, lo que exime a los interpelados de dar
explicaciones. Por último, reserva al ministro de Hacienda el nombramiento del
presidente del Consejo de Transparencia, que se convierte en un organismo
gubernamental más. En todo caso abre una vía inédita a los ciudadanos para
controlar la gestión pública en un tiempo en el que la tecnología digital
permite procesar un volumen ingente de datos.
A la corrupción
endémica vinculada a la gestión urbanística se han incorporado otros sectores
como la sanidad
El informe europeo sobre corrupción critica el nulo amparo
de los denunciantes en nuestro país. Fue un mal augurio que la primera denuncia
pública se saldara sancionando al acusador. Alonso Puerta, primer teniente de
alcalde de Madrid, fue expulsado del PSOE en 1981 por implicar a dos concejales
socialistas en un soborno. La comisaria europea de Interior entiende que la
denuncia interna, desde las empresas o desde los partidos, es con frecuencia el
último recurso para destapar redes corruptas que han echado hondas raíces en la
contratación pública. El caso Gürtel es una muestra.
A la corrupción endémica vinculada a la gestión urbanística,
los contratos de recogida de basuras, las obras públicas y en general el
delirio del ladrillo, se han incorporado otros sectores relacionados con la
privatización de servicios públicos, específicamente la sanidad, que mueve cada
año más de 70.000 millones de euros. La ruina de las cajas de ahorros ha tenido
mucho que ver con el clientelismo político, del que no se libra la gran banca
mediante la condonación de créditos, actividad que el Gobierno se dispone
finalmente a prohibir. El Banco de España tiene cumplida información de este
dossier que salvo orden judicial no comparte con los órganos fiscalizadores.
La gravedad del problema exige un acuerdo de todas las
fuerzas políticas para crear instrumentos de escrutinio público con carácter
preventivo. ¿Qué hay de la comisión independiente que el Parlamento acordó
crear hace un año? El creciente abismo que separa a los ciudadanos de sus
representantes exige correcciones profundas y urgentes, porque sin partidos no
hay democracia viable. Manuel Azaña escribió en su diario del 11 de junio de
1933: “Mi temor más fuerte no es que la República se hunda, sino que se
envilezca”. Desaparecidas las utopías totalitarias del siglo pasado, el
principal desafío de la democracia hoy es evitar su envilecimiento.
Fuente: www.elpais.com
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