Desde finales de 2008 se han cerrado en España casi 10.500
sucursales bancarias, lo que supone una reducción del 23%. En este contexto,
¿ha afectado al acceso de la población a los servicios y productos financieros
y, por tanto, a la exclusión financiera?
Con objeto de responder a esta
pregunta, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) ha llevado a cabo una
investigación donde identifica los municipios españoles donde no existe ninguna
oficina bancaria y los cambios que se han producido como consecuencia de la
crisis. Además identifica aquellos municipios en los que solo existen sucursales
de un determinado tipo de entidad de depósito, de forma que estima el
porcentaje de la población que tiene acceso a los servicios financieros gracias
a que solo un banco o una caja de ahorros o una cooperativa de crédito tienen
una sucursal en su lugar de residencia.
La comparación de la situación
existente en 2008 antes de la crisis con la de 2012 (último año analizado) es
que el porcentaje de población que vive en municipios en los que ni siquiera
existe una oficina bancaria ha aumentado de un 2% en 2008 (936.079 habitantes)
a un 2,2% en 2012 (1.017.361 habitantes), lo que en cifras absolutas son 81.282
habitantes. La cifra de población excluida es muy superior a la estimada en
otros informes, ya que el de Funcas incluye todos los municipios españoles y no
solo los de más de 1.000 habitantes como han hecho otros estudios, siendo en
los municipios más pequeños donde más dificultades existen en el acceso a los
servicios financieros.
En volumen de población excluida,
el mayor aumento ha tenido lugar en las provincias de Barcelona (con un aumento
de 16.454 habitantes), Tarragona (14.258), Cáceres (14.229) y Madrid (11.319).
Con esta variación, a finales de 2012 hay 11 provincias españolas en las que
más de un 10% de su población reside en municipios en los que no hay ninguna
oficina bancaria, llegando a superar el 25% en Zamora. Los municipios que no
disponen de ni tan siquiera una oficina bancaria son muy pequeños, con una
media de solo 276 habitantes, frente a un promedio del total de municipios de 5.824
habitantes. En algunas provincias (como en La Rioja o Soria), el tamaño medio
de los municipios excluidos no llega a 100 habitantes. En el ámbito de
comunidad autónoma es Castilla y León la que sufre la mayor exclusión
financiera, con un 75% de sus municipios, en los que viven 353.836 habitantes
(el 13,9% de su población), sin sucursales bancarias.
Con
la crisis, otros 81.282 habitantes han dejado de tener acceso en su población a
un banco
La información referida a 2012
muestra que las cajas de ahorros son con diferencia las más activas en el
fomento de la inclusión financiera, ya que rescatan de la exclusión al 2,2% de
la población española, es decir, a 1.063.166 habitantes que residen en 995
municipios en los que solo hay sucursales de cajas de ahorros. En valores
absolutos es en Barcelona donde más población es rescatada de la exclusión
financiera por las cajas de ahorros (102.454 habitantes), seguida de Tarragona
(94.803) y Ourense (67.638).
A gran distancia de las cajas de
ahorros, las cooperativas de crédito son el segundo tipo de entidad financiera
más activa en la lucha contra la exclusión financiera, ya que 209.245
habitantes (0,4% del total) residen en municipios en los que solo una
cooperativa de crédito tiene oficinas bancarias. Destaca sobremanera la
provincia de Cuenca, con un porcentaje máximo de población rescatada de la
exclusión del 8,2%. En términos absolutos, la mayor población rescatada de la
exclusión financiera por las cooperativas de crédito es Valencia, con 26.826
habitantes.
De los tres tipos de entidades de
depósito, los bancos son los que menos población rescatan de la exclusión
financiera, ya que solo en 122 municipios, en los que viven 150.851 habitantes
(el 0,3% del total), hay oficinas exclusivamente de bancos.
En comparación con la situación
existente en 2008, en 2012 se ha reducido la población rescatada de la
exclusión por las cajas de ahorros (en concreto, en 95.512 habitantes), si bien
la caída es de solo el 8%. Por tanto, a pesar del importante ajuste en el
exceso de capacidad instalada que ha acompañado la reestructuración de las
cajas de ahorros, su objetivo fundacional de luchar contra la exclusión
financiera se ha visto afectado en escasa cuantía. Es principalmente el cierre
de oficinas de cajas de ahorros lo que explica que haya aumentado la población
rescatada por los bancos (ha aumentado en 107.770 habitantes), si bien siguen
siendo las cajas con diferencia las más activas en la lucha contra la exclusión
financiera.
En resumen, los desequilibrios
acumulados en la anterior etapa de expansión han obligado al sector bancario a
realizar una profunda reestructuración que conlleva un ajuste drástico en la
capacidad instalada. Aunque la reducción de la red de sucursales ha empeorado
la accesibilidad financiera, es un ajuste necesario para reducir costes y ganar
eficiencia y para adecuar la capacidad instalada a un nuevo escenario en el que
la economía española debe reducir su nivel de endeudamiento. Además, a pesar
del cierre de oficinas llevado a cabo, España sigue siendo el segundo país de
la eurozona con el mayor número de oficinas por habitante.
Si bien el informe de Funcas
muestra que el impacto de la reestructuración sobre la accesibilidad financiera
ha sido reducido (solo ha aumentado en 81.282 el número de personas que no
tienen acceso a una oficina en su municipio de residencia), hay importantes
diferencias a nivel territorial, siendo el mapa regional de las fusiones
llevadas a cabo principalmente entre cajas de ahorros lo que explica esas
diferencias.
Aunque en España algo más de un
millón de personas no tienen acceso a una oficina bancaria en su lugar de
residencia, eso no implica necesariamente exclusión financiera, ya que hay
otras formar de acceder a los servicios financieros a través de la banca por
Internet o la banca telefónica. En consecuencia, además de luchar contra la
exclusión social (como la pobreza, que es uno de los determinantes
fundamentales de la exclusión financiera), es fundamental que la población
tenga acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones para
evitar su exclusión financiera.
Joaquín Maudos es
catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, investigador
del IVIE y colaborador del CUNEF.
Fuente: www.elpais.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario