El gobierno español
debe retirar el anteproyecto de ley que pretende restringir el acceso de
mujeres y niñas a servicios de aborto seguro y legal, dijo Amnistía
Internacional en una carta enviada al Ministro de Justicia el 20 de febrero.
España | Tercera Información | 25-02-2014 |
“En
caso de ser aprobado, este anteproyecto de ley retrotraería el país varias
décadas, a una época precaria para los derechos humanos de las mujeres y
niñas,” dijo Jezerca Tigani, directora adjunta para Europa de Amnistía
Internacional.
“Esta
reforma podría causar un aumento en el número de mujeres y niñas que recurren a
procedimientos peligrosos, inseguros, clandestinos e ilegales, poniendo en
riesgo su salud, y hasta su vida. Además, limita el derecho de las mujeres y
niñas a tomar decisiones por sí mismas y restringe su autonomía.”
La
propuesta además incumple las obligaciones internacionales de derechos humanos
contraídas por España y las recomendaciones de expertos internacionales sobre
la plena implementación de la ley actual.
“El
anteproyecto es, discriminatorio. Si es aprobado, afectará
desproporcionadamente a mujeres jóvenes y en situación de pobreza, puesto que
no tienen los medios necesarios para viajar al extranjero y acceder a abortos
seguros y legales,” añadió Esteban Beltrán, Director de Amnistía Internacional
en España.
Entre
los obstáculos que introduce el anteproyecto de ley, cualquier mujer que quiera
acceder a un aborto seguro y legal, deberá obtener dos dictámenes médicos de
centros diferentes certificando cualquier posible riesgo para la salud o la
vida de la mujer y el feto, recibir apoyo psicológico obligatorio e información
sobre cuestiones no médicas y luego esperar siete días durante el llamado
“período de reflexión”. En caso de tener entre 16 y 18 años, se les exigirá
consentimiento parental.
El
anteproyecto también exige que las mujeres y niñas que fueron violadas tengan
que hacer una denuncia antes de poder acceder a un aborto legal y seguro. Esto
sería particularmente problemático para algunas mujeres inmigrantes en
situación administrativa irregular, que en caso de presentar una denuncia por
violación podrían, en ciertos casos, quedar expuestas a que se les abra un
procedimiento de expulsión si hacen la denuncia.
“Las
mujeres y las niñas que no deseen denunciar el delito no deberían verse
obligadas a hacerlo y, mucho menos, para poder acceder a los servicios que
necesitan para gestionar las consecuencias de la violación,” aseguró Esteban
Beltrán.
“El
nuevo anteproyecto de ley propone una carrera de obstáculos humillante y muy
difícil de superar, imponiendo múltiples barreras para el acceso al aborto
legal y seguro y mermando la autonomía de las mujeres y niñas,” añadió Jezerca
Tigani.
Así
mismo, la organización afirmó que el anteproyecto de ley tendría un impacto
negativo en el trabajo de los profesionales de la salud, creando un clima de
miedo que podría llevar a los médicos a rechazar casos y no poder informar
adecuadamente a las mujeres. Este anteproyecto de ley pone bajo cuestión el juicio
médico de los profesionales de la salud y limita su capacidad de proveer
información, consejo y servicios médicos a sus pacientes.
“Este
anteproyecto de ley es una medida regresiva bajo el derecho internacional, que
tiene serias implicaciones para la protección de los derechos humanos de las
mujeres y niñas. Amnistía Internacional urge a las autoridades retirarlo
inmediatamente,” insistió Esteban Beltrán.
Información
adicional
El
Consejo de Ministros de España del pasado 20 de diciembre adoptó el anteproyecto
de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos
de la mujer embarazada y está pendiente de iniciar su trámite parlamentario.
En
2012, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas (Comité DESC) pidió al Gobierno español que garantizase la
implementación de la Ley 2/2010, para asegurar a todas las mujeres el acceso a
abortos seguros y legales.
También
solicitó al Estado garantizar el acceso equitativo al derecho al aborto,
asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia por parte del personal
sanitario no constituya un obstáculo para las mujeres que quieran poner fin a
un embarazo, y prestar especial atención a la situación de las adolescentes y
migrantes.
El
Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo de Europa, por su parte,
han alertado quelas leyes restrictivas del aborto no consiguen reducir el
número de éstos, sino que, al contrario, contribuyen a incrementar el número de
procedimientos ilegales e inseguros, así como la mortalidad materna.
El
anteproyecto de ley propone prohibir materiales publicitarios sobre centros de
salud que provean terminaciones voluntarias del embarazo. Esto va en contra de
las recomendaciones del Comité DESC sobre la obligación de informar a las
mujeres sobre servicios de aborto legal y seguro. La OMS también ha recomendado
la descriminalización de la provisión y acceso a información sobre abortos.
El
Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, la OMS y el
Consejo de Europa han dictaminado que los plazos de espera obligatorios que no
son médicamente necesarios; la aprobación de más de un profesional de la salud
y la obligación de obtener consentimiento paterno, constituyen barreras en el
acceso al aborto legal y seguro, especialmente para las mujeres con bajos
recursos y jóvenes. Asimismo, la OMS ha recomendado que el asesoramiento a la
mujer, si lo solicita, no sea directivo (no trate de influir), para facilitar
la decisión informada.
Amnistía
Internacional también pidió al gobierno español que garantice la participación
activa y eficaz de las personas y organizaciones afectadas en el desarrollo del
anteproyecto de ley, algo que no se realizó antes de la adopción del mismo en
el Consejo de Ministros del pasado 20 de diciembre.
Fotos:
Autor: Dani Gago / DISO Press
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