Los banqueros son hoy los personajes más odiados ¿por qué ninguna
organización propone expropiarlos?
Viernes, 28 de febrero de
2014
Por Manuel
Medina - Canarias-semanal.org
Existe una evidente paradoja que pone de relieve al servicio de quiénes están
aquellos que integran el Ejecutivo español. No sólo el actual equipo
gubernamental de Mariano Rajoy, sino también todos aquellos que le
han precedido. ¿Por qué decimos esto?
Como todos sabemos -o deberíamos de saber- el
mantenimiento de la Administración del Estado no es algo ajeno a los
ciudadanos. Sus fuentes de financiación son, fundamentalmente, los impuestos
que por múltiples conceptos pagamos la mayoría de los españoles.
Hacemos esta
obvia aclaración porque, a estas alturas de la crisis, las ayudas que el
Estado ha prestado a la Banca, - a cargo del conjunto de la población-
superan con creces la cifra de 200.000 millones de euros.
Con las dimensiones astronómicas que tiene esta cifra, lo más
sorprendente es que, según las estimaciones realizadas por
los expertos, al menos un tercio de esta ingente cantidad no es
recuperable, no lo pagarán nunca los banqueros. Serán, pues,
los asalariados, los parados, los pensionistas y las clases medias
quienes, de una u otra forma, se verán obligados a sufragar esa deuda a
través de múltiples vías: impuestos, recortes en la sanidad, en la educación,
en los servicios y otras prestaciones sociales, privatizaciones... sin hablar
ya de la estela de tragedias humanas con la que tanto la codicia de los
banqueros como la dinámica voraz del sistema capitalista han marcado estos
últimos años.
Una simple operación aritmética nos
permitiría descubrir un hecho sorprendente y que permanece oculto al
conocimiento colectivo. Hasta el momento presente cada ciudadano mayor de edad
del Estado español ya ha tenido la "generosidad"
de prestarle a la Banca de este país la friolera de casi un
millón de las antiguas pesetas para cubrir los efectos de las operaciones
fraudulentas que sus ejecutivos realizaron durante la llamada "burbuja
inmobiliaria".
Sin embargo,
lo curioso de esta circunstancia es que, como antes referíamos,
especialistas y técnicos ya nos han adelantado que los bancos no
nos van a pagar todo lo que les hemos prestado. En el mundo de las altas
finanzas cuando los acreedores no cumplen con los compromisos adquiridos los
escualos que dirigen sus negocios proceden con una frialdad letal a expropiar
implacablemente a sus deudores. Es este un espectáculo, por otra parte,
que contemplamos todos los días. Alrededor de unas 400.000 familias han
sido desahuciadas en el curso de los últimos años. Dicho de otro modo,
paradójicamente los banqueros han procedido a expropiar sus
viviendas a aquellos a los que el Estado había obligado a prestar dinero a los
bancos para - dicen - "salvar el sistema financiero español"
del atolladero en el que él mismo se había metido.
Si utilizáramos procedimientos similares a los
que usan los tiburones financieros con sus deudores, lo que habría que hacer
sería expropiar a los banqueros, nacionalizar la banca, socializarla y
ponerla al servicio de la sociedad.
Pero, curiosamente, muy pocos se atreven a
mentar esa posibilidad. La socialdemocracia de izquierdas apenas balbucea
con la boca chica acerca de su propuesta de crear una Banca pública.
Los social-liberales del PSOE ni
siquiera se aventuran a decir una cosa similar. Sin ir más lejos, en una
ocasión el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, cuando un
correligionario suyo, en un acto público, se atrevió a sugerir
tímidamente esa eventualidad, la descalifico rápidamente,
calificándola como una propuesta "falangista". Lo cual,
teniendo en cuenta que fue justo en el régimen franquista donde los banqueros
encontraron a uno de sus más firmes valedores, no deja de ser un cínico
descaro.
¿Cuál será, pues, el origen del sagrado
respeto por la intangible propiedad de las entidades bancarias por parte de las
organizaciones políticas y sindicales? La respuesta a esa intrigante pregunta
hay que encontrarla en el hecho contrastable de que las principales
fuentes de financiación de unos y de otros durante las tres últimas
décadas han sido precisamente los bancos.
Los principales bancos españoles han estado
financiando desde la llamada "Transición política" a todos los
partidos pertenecientes al arco institucional español. Tanto a los de derechas
como a aquellos otros que eufemísticamente se autocalifican "de
izquierdas". Y tales apoyos no solo son prestados en las
campañas electorales, sino también en sus gastos e inversiones corrientes. Algo
similar pasa con los dos grandes sindicatos institucionales. Y es que esas
organizaciones, al carecer de una base numerosa de militantes, dependen también
económicamente de los Bancos. La prodigalidad de las entidades bancarias es muy
generosa a la hora de fijar los intereses de los créditos concedidos a los
partidos y otras organizaciones afines al sistema. En ocasiones, incluso, los
banqueros se atreven a justificar su prodigalidad proclamando que
se trata de un "servicio social" que prestan al país. Es más,
frecuentemente sucede que a voluntad de los altos ejecutivos bancarios esas
deudas quedan condonadas después de un tiempo, si de acuerdo con el criterio de
la dirección del banco prestamista se estima "conveniente". Ni
que decir tiene que tales condonaciones se producen con insólita
frecuencia, sin que nadie se pregunte a cambio de qué tiene lugar este altruismo
bancario.
En el siglo XIX, Carlos Marx escribía
que los gobiernos eran simples Consejos de Administración de la
burguesía dominante. La aseveración del viejo intelectual comunista fue
precisa y rigurosa. Hoy, quizás, en la complejidad del mundo de nuestros días,
a esta vigente certeza de Marx habría que añadir la contribución
decisiva que prestan estos "cooperantes auxiliares" que
permiten que los Consejos de Administración funcionen
a pleno rendimiento.
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