La oposición en bloque se ha
opuesto al cambio de la ley del Poder Judicial que limita la persecución de
delitos cometidos fuera de nuestras fronteras
Los grupos acusan al PP de haber
cedido al "chantaje" de los empresarios y el Gobierno chino
El cambio legislativo se produce
poco después de que la Audiencia Nacional imputara a exdirigentes chinos por el
genocidio en el Tíbet
27/02/2014 - 16:39h
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón / EFE
El PP ha acabado con
la justicia universal. Lo ha hecho en menos de un mes a través de la
presentación de una iniciativa parlamentaria para modificar la ley orgánica del
Poder Judicial que se ha debatido en escasas dos horas en el Congreso. La
mayoría absoluta del partido de Mariano Rajoy ha rechazado las enmiendas de la
oposición, que ha rechazado en bloque la limitación de la jurisprudencia
universal, y ha permitido sacar adelante la iniciativa registrada a finales de
enero.
Con este cambio
legislativo, los tribunales españoles no podrán perseguir delitos contra la
humanidad como lo habían hecho hasta ahora, sino que se establecen
limitaciones: solo podrán hacerlo si entre las víctimas hay españoles, si son
ellas o la Fiscalía quienes denuncien los hechos o si los perpretadores de los
crímenes tienen nacionalidad o residencia en España.
La oposición ha
acusado al PP de ceder ante el chantaje del Gobierno chino así como de los
empresarios de la potencia asiática. El cambio de la ley se produce poco
después de que la Audiencia Nacional imputara a varios exdirigentes chinos
-entre ellos un expresidente y un exprimer ministro- por el genocidio del
Tíbet.
"No les importa
dinamitar el proceso porque han recibido órdenes de china", ha expresado
el portavoz de ERC, Joan Tardá. Gaspar Llamazares, que ha intervenido en
representación de IU, ha señalado que es "humillante el papel del Gobierno
porque paga con esta ley la foto con Obama y de los empresarios chinos que se
niegan a reunirse" por la investigación de la Audiencia. "Favorece la
impunidad de los genocidas, los tiranos, los mafiosos y los corruptos- ha
señalado Irene Lozano, de UPyD-. sus amigos los gobernantes chinos reúnen esas
cuatro cualidades".
El PSOE ha cargado
contra el recorte en derechos y libertades que está acometiendo el PP, así como
porque supondrá un incumplimiento de tratados internacionales. Toda la
oposición ha criticado, además, que esta iniciativa se haya tramitado por la
vía de urgencia, un proceder que han calificado de "despropósito" y
"fraudulento". Así, han señalado que el Gobierno ha tramitado esta
iniciativa a través del grupo parlamentario popular para evitar los informes
jurídicos que el Ejecutivo tiene que solicitar al CGPJ y al Consejo de Estado a
la hora de legislar. "Se evita los necesarios informes", ha señalado
la nacionalista gallega Idoia Fernández.
La propuesta aprobada
por el PP permite que los jueces sólo puedan investigar delitos de genocidio o
lesa humanidad cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o
ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición
hubiera sido denegada. Los delitos de la llamada jurisdicción universal serán
perseguibles siempre que los criminalmente responsables fueran españoles o
extranjeros con nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho
y solo si la víctima o la fiscalía han presentado una querella en los
tribunales.
"Los requisitos
que establece son de imposible cumplimiento", ha expresado Llamazares,
para quien esos criterios son los que ya abarca la propia justicia penal
española. "Es muy improbable que la víctima denuncia, porque en muchos
casos ya no está", ha apuntado antes de advertir de que la Fiscalía va a
seguir los pasos del Gobierno en esos casos.
La aprobación de este
cambio legal tiene un carácter retroactivo, es decir, que implica el archivo de
todas las causas que actualmente tramitan los tribunales en base al principio
del derecho universal. "La búsqueda de la exclusión y el archivo de las
causas conduce a inseguridad jurídica", ha advertido el diputado
socialista Julio Villarrubia. En esa misma línea, Llamazares ha señalado que el
"carácter retroactivo es un escarnio para las víctimas". "Hay
muchas personas inocentes que hoy se removerán en sus tumas", ha dicho el
diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví.
En concreto, la
modificación de esta ley paralizará doce procesos abiertos por la Audiencia
Nacional: al del genocidio en el Tíbet, China asume otra investigación contra
el líder Jia Qinglin por torturas y genocidio tras una denuncia presentada por
el grupo Falun Gong. También se investigan genocidios en Guatemala -a raíz de
una denuncia interpuesta por la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú-; en Ruanda,
por el asesinato de unos cuatro millones de personas; y en el Sáhara por la
desaparición de 542 personas desde que España se retiró del territorio en 1975.
El juez Ismael Moreno también dictó órdenes de extradición de cuatro nazis por
el Holocausto judío.
Otro de los casos que
se dejará de investigar tras esta aprobación es el asesinato en Bagdad del
cámara de Telecinco José Couso, a quien dispararó el ejército americano en
abril de 2003. El juez Santiago Pedraz ha emitido órdenes de extradición de
tres soldados implicados en la muerte, pero Estados Unidos no ha respondido.
Pedraz informó recientemente de la negativa al Gobierno de Rajoy. La familia de
José Couso ha manifestado su intención de recurrir ante el Tribunal
Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo tras el cambio
legislativo que paralizará la investigación.
También se investigan
los vuelos de la CIA que hicieron parada en España cuando tenían detenidos a
presuntos terroristas, el asesinato de un diplomático español a manos de la
dictadura de Pinochet o el asesinato de jesuitas en El Salvador. Los ataques a
la flotilla de la libertad en Gaza y a un campo de refugiados iraníes en Irak son
otras de las causas que se archivarán.
Fuente: www.eldiario.es
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