La juez ve
“injustificado” e inconcebible que un nivel 30 estuviera año y medio sin tarea
Sin embargo, no
aprecia que esta situación pueda considerarse acoso laboral
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| El alto funcionario Jaime Nicolás. / ÁLVARO GARCÍA |
La Audiencia Nacional ha
desestimado la demanda por acoso laboral que presentó Jaime Nicolás
Muñiz, un alto funcionario que pasó 18 meses sin trabajo cuando el
PP llegó al Gobierno después de 25 años con responsabilidades. En una sentencia
notificada el viernes, considera que la situación es un despilfarro: “No se
justifican situaciones como la analizada, de destinar a puestos carentes de
trabajo y funciones y con inevitables consecuencias en el derecho al cargo y a
la dignidad profesional. Falta de justificación inconcebible más aún en la
actual situación de crisis económica”. Pero añade que eso no es suficiente para
calificarlo como acoso.
Jaime Nicolás, licenciado en
Derecho en España y en Políticas en Alemania, traductor de Habermas y profesor
de Universidad, fue jefe de gabinete de Francisco Rubio Llorente en el Consejo
de Estado hasta marzo de 2012. Este funcionario por oposición desde 1972 tiene
nivel 30, el máximo en la función pública. Al cesar en el cargo pidió
reingresar en el Ministerio del Interior, donde le correspondía porque había
tenido allí su último destino antes de ir al Consejo de Estado. Después de dos
meses en su casa, cobrando pero sin destino, fue asignado a la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE).
Allí entró en lo que en la demanda
califica como “un estado de humillante marginación y postergación”. No tenía
trabajo ni ninguna función. Solo una vez le encargaron una tarea, confirmar la
recepción de una petición de dictamen en el Consejo de Estado, tarea que fue
“despachada con una simple llamada telefónica”, según su recurso. Allí cuenta
que un superior le definió como un “funcionario invitado”.
En verano de 2013, después de año y
medio con despacho pero sin trabajo puso una queja interna por la marginación
que sufría y en octubre de 2013 presentó un recurso contencioso administrativo
en la Audiencia Nacional. Exigía un euro como compensación y que se reconociera
que se había vulnerado su “integridad moral, el derecho al prestigio
profesional, el derecho al cargo, y la interdicción de la discriminación”. Con
el recurso, sí que recibió tareas desde el Ministerio.
Nicolás esgrimió que el “Protocolo
de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado”,
aprobado en 2011, cita como primera causa de acoso “dejar al trabajador de
forma continuada sin ocupación efectiva, o incomunicado, sin causa alguna que
lo justifique”.
La fiscalía consideró que no
existía acoso laboral, que estar sin trabajo no es motivo suficiente. Sobre los
correos electrónicos en los que Nicolás pedía trabajo a sus superiores, afirma:
“Lo que dicen es que el recurrente no tiene mucho que hacer y, desde luego, no
revelan, una situación de presión psicológica compatible con el acoso laboral”.
La abogacía del Estado también se opuso.
Los testigos citados en el caso
corroboraron la versión de Nicolás. Según la sentencia, el jefe de área de la
GIESE declaró que la “falta de atribución de tareas no se debía a su falta de
capacidad o actitud; todo lo contrario, se afirmó por el testigo que estaba
facultado para cualquier trabajo”.
La titular del juzgado central 5 de
lo Contencioso-Administrativo, Emilia Peraile, considera demostrada la
inactividad de Nicolás durante año y medio. Pero coincide con el argumento de
la fiscalía de que eso por sí solo no es acoso laboral. Señala que la
jurisprudencia califica como mobbing “toda conducta abusiva o de violencia
psicológica que se realice de forma sistemática sobre una persona en el ámbito
laboral, manifestada especialmente a través de reiterados comportamientos,
palabras o actitudes que lesionen la dignidad o integridad psíquica del
trabajador y que pongan en peligro o degraden sus condiciones de trabajo”. Y
añade que en este caso no se ha acreditado “que su situación laboral sea
consecuencia de una persecución de hostigamiento sistemática y planificada, e
injustificada”.
Pero aun así incluye como
conclusión un reproche para el Ministerio del Interior. “Si bien se entiende
que no estamos ante un supuesto de mobbing, no se justifican situaciones como
la analizada, de destinar a puestos carentes de trabajo y funciones y con
inevitables consecuencias en el derecho al cargo y a la dignidad profesional.
Falta de justificación inconcebible más aún en la actual situación de crisis
económica. Se creó un puesto de trabajo de Vocal Asesor en la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE) de la
Secretaría de Estado de Seguridad que hasta año y medio después no se le dio
contenido”. Nicolás reflexiona sobre el fallo, que acepta que todo lo que dice
es cierto pero no accede a sus pretensiones: "Me da la razón pero me quita
el derecho".
Fuente: www.elpais.com
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