¿Sabía el presidente del Gobierno
cuando fue interpelado en el pleno del Congreso de los Diputados quién había
dado la orden de que se dispararan balas de goma al mar en el momento en que
los inmigrantes subsaharianos intentaban alcanzar la costa? Parece fuera de
toda duda que, después de dos semanas de que ocurrieran los hechos, tenía que
saberlo. El interrogante entonces pasa a ser el siguiente: ¿Puede negarse a
contestar la pregunta y ocultar esa información al Congreso de los Diputados,
que es el órgano representativo en el que se expresa de manera
institucionalizada la soberanía popular?
El sistema parlamentario descansa
en el derecho a preguntar de los parlamentarios y la obligación de responder
del Gobierno. Sin la conjunción de ese derecho del Parlamento a preguntar y la
correlativa obligación del Gobierno a responder, el sistema parlamentario es
una fórmula vacía. El Parlamento es el órgano a través del cual la sociedad se
autodirige políticamente. Para ello tiene que obtener información, procesar
dicha información y traducirla en norma jurídica o decisión política. Si se le
impide el acceso a la información, la fórmula de gobierno parlamentaria se
convierte en una farsa.
Obviamente el derecho a preguntar
no puede extenderse a todo. La pregunta a la que el Gobierno tiene obligación
de responder tiene que ser políticamente relevante para la formación de la
opinión pública y no para satisfacer la curiosidad del interpelante o alimentar
el morbo en la ciudadanía. Pero si la pregunta es relevante y está formulada en
los términos apropiados, el parlamentario que la formula tiene derecho a
hacerla y el Gobierno tiene la obligación de responderla.
Desgraciadamente nos estamos
deslizando por una pendiente que nos conduce a la degradación del sistema
parlamentario. Más allá de lo ocurrido en el pleno del Congreso sobre la muerte de 15
inmigrantes en su intento de acceder a España por el mar, no se
puede ir. Estamos ante un caso perfectamente delimitado en el tiempo y en el
espacio. De una relevancia política indiscutible. La sociedad española tiene
derecho a saber a través de sus representantes qué es lo que ha pasado y por
qué. Y ello exige que se pueda preguntar y que se tenga que responder.
No se puede desconocer que sobre el
incidente se ha abierto ya una investigación judicial, pero ello no es
obstáculo para que Congreso no aborde políticamente el tema. El poder judicial
no es un instrumento de dirección política de la sociedad, como lo es el
Parlamento. La verdad judicial llegará cuando llegue, tras la instrucción y el
juicio con todas las garantías si de la instrucción resulta que hay indicios de
responsabilidad penal y que tiene que abrirse un juicio contra quien sea. Pero
antes de ese momento la sociedad tiene derecho a saber a través del Parlamento
cómo han actuado el Gobierno y las fuerzas y cuerpos de seguridad, qué
conclusiones se han sacado de dicha actuación, qué hay que hacer para evitar
que lo ocurrido vuelva a ocurrir, etcétera.
El derecho a saber en sede
parlamentaria es lo primero. Después viene todo lo demás.
Fuente: www.elpais.com
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