Una plataforma reúne
80.000 firmas para recuperarlo “para la ciudadanía”
La Mezquita-Catedral de Córdoba,
monumento Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. / Rafa Alcaide (EFE)
Los más de 22.000 metros cuadrados de la Mezquita de Córdoba,
símbolo tanto de las cotas más sublimes de la arquitectura como de la concordia
entre las civilizaciones, han estado sujetos a siglos de tensiones entre
quienes querían preservar esta joya del arte andalusí y quienes pretendían
conferirle una imagen puramente católica. La polémica, recrudecida en los
últimos años al mismo ritmo al que el obispado de Córdoba laminaba poco a poco
la presencia de lo musulmán en la ecuación (llegó a borrar el término mezquita
de los folletos y carteles), desembocó a finales de 2013 en la iniciativa de un
grupo de ciudadanos (docentes, periodistas, juristas...) de crear una
plataforma cívica para tratar de frenar este proceso. En un manifiesto
que ha recibido más de 80.000 firmas en la web Change.org, la Plataforma
Mezquita-Catedral de Córdoba: patrimonio de todos exige la titularidad y
gestión pública del inmueble para que deje de ser instrumento al servicio de la
Iglesia. Y las intenciones cívicas ha recibido un reconocimiento
oficial: la Junta anunció que ha encargado un informe para saber si es
competente para pedir la gestión o la titularidad de la joya de la arquitectura
andalusí.
La Plataforma teme que, si el clero
sigue dando un uso excluyente a la Mezquita, pueda peligrar el título de
Patrimonio Mundial de la Humanidad que la Unesco
le dio hace justo 30 años. Un reconocimiento que resaltaba no solo su
singularidad artística y arquitectónica, sino también el carácter simbólico del
edificio como ejemplo del paradigma en el que Córdoba siempre ha querido
sentirse identificada: la concordia entre creencias y civilizaciones.
Por contra, el obispado ha
agudizado su función evangelizadora incluso en las visitas turísticas, sobre
todo desde que en 2006 inmatriculó por 30 euros como suyo el templo en el
Registro de la Propiedad, gracias a una ley de la etapa de Aznar. El mejor
ejemplo de este giro se encuentra en las visitas nocturnas a la Mezquita,
inauguradas en 2010 tras más de un lustro de negociaciones entre Ayuntamiento e
Iglesia. Al final, un primer proyecto de corte más histórico y audiovisual fue
descartado por presiones del clero y el gobierno municipal de IU y PSOE claudicó
ante las demandas religiosas. Como resultado, las visitas que pretendían atraer
tanto a creyentes como a no creyentes se encuentran con una descripción de la
historia en la que la presencia andalusí y omeya acaba soterrada por una visión
católica.
Durante el día, el obispado tampoco
aligera el control. “Hay guardias jurado vigilando con normas muy estrictas”,
señala Miguel Santiago, cristiano de base y portavoz de la plataforma. Hace un
año, ocho jóvenes austriacos musulmanes fueron absueltos por un juez de Córdoba
por un altercado producido en 2010 cuando rezaron delante del muro de la quibla,
algo prohibido. La acción de los guardias de seguridad derivó en una pelea y en
la detención de los turistas. Santiago se queja de que el obispado usa el
monumento como un coto privado. “El control a los guías turísticos es férreo y
hay llamadas de atención a cualquier ciudadano por el solo hecho de enseñar el
monumento”, explica.
Entre los visitantes ajenos a esta
polémica también llama la atención que cuando entran en la Mezquita de Córdoba
apenas encuentren referencias musulmanas. “Todo es catedral, los carteles, las
entradas...”, dice Alicia, una joven onubense de visita en Córdoba. “Es una
lástima”.
La Plataforma ha concretado cuatro
reivindicaciones en su manifiesto. En primer lugar, que deje de emplearse solo
el término Catedral para referirse al monumento y que se use el aprobado
por el el Ayuntamiento en 1994: Mezquita-Catedral. En segundo, exige un
reconocimiento jurídico de su titularidad ciudadana. Además, reclaman una
gestión pública y transparente, al estilo del patronato que rige la Alhambra.
Por último, plantea la redacción de un Código de Buenas Prácticas para evitar
acciones que perjudiquen a la imagen del monumento.
Además de las más de 80.000 firmas,
el documento ha encontrado la adhesión de numerosos intelectuales, como los
escritores Eduardo Galeano y Antonio Gala, el Premio
Cervantes José Manuel Caballero Bonald, el exdirector
general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, el cineasta Benito
Zambrano, el teólogo Juan José Tamayo o el guitarrista flamenco Manolo
Sanlúcar.
La santa Iglesia inmobiliaria
Luis Gómez
Una reforma de la Ley hipotecaria
durante el Gobierno Aznar convirtió al obispo en una especie de notario y a la
Iglesia católica (y solo a la Iglesia católica) en una gran inmobiliaria. Con
la sola palabra del obispo, la Iglesia podía acudir a cualquier registro de la
propiedad e inscribir a su nombre (proceso que se denomina inmatriculación)
todo tipo de bienes inmuebles no registrados, entre los que se pueden incluir
ermitas, casas del cura, cementerios, solares y un largo etcétera. Así, desde
el año 2003, la Iglesia vivió también su particular boominmobiliario,
una especie de desamortización al revés.
Como quiera que, en asuntos de
dinero, la Iglesia católica tiene una organización muy descentralizada y muy
acostumbrada a no rendir cuentas ni al Papa, es imposible conocer qué efectos
económicos ha tenido este proceso de apropiación. Se sabe de algunos obispados
cuyos ecónomos han procurado grandes beneficios e incluso han gestionado fondos
financieros. Se sabe de ecónomos que contrataron los servicios de aparejadores
para organizar una inmatriculación masiva de propiedades. Asociaciones como
Europa Laica y la Plataforma en defensa del patrimonio de Navarra han combatido
este fenómeno entre el desinterés general: solo en Navarra, donde el movimiento
vecinal ha sido más activo, se han censado más de 1.000 municipios afectados
por la voracidad eclesiástica.
Como la avaricia inmobiliaria no
tiene límites, ni siquiera para la Iglesia, sobrevino el caso de la Mezquita de
Córdoba, consumado en 2006 y conocido en 2009 (que transcurra el tiempo en
silencio también es una ventaja para hacer irreversible la inmatriculación) por
la sospecha de un conocido musulmán español. Por 30 euros, la Iglesia hizo suya
la Mezquita y todo lo que ello significa: los ingresos de los cientos de miles
de turistas que la visitan (sin pagar impuestos porque pagan donativo y no
entrada) y todas las inversiones que han hecho las instituciones públicas para
conservar el monumento. Por razones que nadie ha explicado, la Junta ha tardado
cinco años en reaccionar. No es el único caso sorprendente: ocho años de
Gobierno Zapatero tampoco sirvieron para frenar este proceso.
Fuente: www.elpais.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario