En España el número de
contribuyentes por empleado asciende a 1.680 frente a los 690 de Alemania o 790
de Francia. Contar con más personal contribuiría a una persecución más efectiva
del fraude.
España | Tercera Información | 25-02-2014 |
El
fraude fiscal –que asciende a 90.000 millones de euros- resta recursos al
Estado, y perjudica directamente a la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
Es imprescindible garantizar mecanismos que redistribuyan con justicia y
equidad
Madrid,
24 de febrero de 2014. Coincidiendo con la Reforma Fiscal exigida por Bruselas
para 2014, la Alianza Española Contra la Pobreza se dirigió el pasado mes de
diciembre a Manuel Lagares, Presidente de la Comisión de Expertos para la
Reforma Tributaria, solicitando una reunión para presentarle las preocupaciones
y propuestas en torno a la Reforma Fiscal exigida por Bruselas para 2014. La
Secretaría de dicha Comisión respondió que no llevaría a cabo reuniones
presenciales, por lo que hemos dirigido al Presidente, y al resto de miembros
de la Comisión, nuestras
propuestas para la reforma fiscal.
Queremos
denunciar la falta de equidad del sistema tributario español donde las rentas
del trabajo por cuenta ajena soportan la mayor parte del sistema, mientras que
las grandes fortunas, empresas y transnacionales contribuyen de forma poco
proporcionada y eludiendo, en buena medida, su obligación de tributar por medio
de figuras tributarias específicas, deducciones y otros mecanismos de
ingeniería fiscal.
El
sistema fiscal tiene un gran impacto en la lucha contra la pobreza y la
desigualdad. Es, por tanto, imprescindible conseguir un aumento de la
recaudación, reducir el déficit y asegurar que existan mecanismos suficientes
que garanticen una redistribución con justicia y equidad. Es profundamente
indignante que exista un fraude fiscal calculado en torno a los 90 mil millones
de euros en España y mientras tanto se recorte en derechos económicos, sociales
y culturales.
Por
ello, y dado que el ratio actual población/empleados en la Agencia Tributaria
es de 1.680 contribuyentes por empleado, más del doble que el de países como
Alemania (690), Países Bajos (627), Francia (790), Reino Unido (810) y la media
de los países de la OCDE (667), solicitamos que se incrementen los recursos de
la Agencia Tributaria en la inspección, principalmente, de grandes empresas y
grandes fortunas cuyo fraude fiscal representa el 72% del fraude total. Que
esta sea la principal tarea, en lugar de dedicar la mayor parte de recursos,
como se hace en la actualidad, a las comprobaciones de fraudes de IVA y de
IRPF. También solicitamos que se actúe para neutralizar el daño que produce a
la economía española la utilización de los Paraísos Fiscales por parte de esos
colectivos.
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