La chica contó un
relato verosímil ante los servicios sociales de la Comunidad
La Fiscalía del
Estado dice que lo podían haber comunicado y la de Madrid lo niega
El juez ordena el
ingreso en prisión del supuesto autor de las agresiones sexuales
Dimiten el director
y el jefe de estudios del colegio Valdeluz
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Entrada del colegio Valdeluz
Agustinos, en Fuencarral. / fernando alvarado (efe)
La Comunidad de Madrid atendió durante un año
a una de las menores que supuestamente fue agredida por el
profesor de Música y Filosofía del centro concertado Valdeluz
Agustinos, en Madrid, Andrés Díez Díez. La Consejería de Asuntos Sociales
aseguró en su informe final que había verosimilitud en los abusos sexuales que
decía haber sufrido la joven y los trabajadores del servicio de intervención en
abuso sexual infantil recomendaron a los padres que denunciara los hechos. Los
padres no lo hicieron y la Comunidad tampoco acudió a la Fiscalía para poner en
conocimiento lo que había ocurrido. Una portavoz del Gobierno regional asegura
que el Código Penal se lo impide al tratarse de un delito semiprivado (contra
la libertad y la integridad sexual), cuya denuncia solo le corresponde a los
progenitores de la menor. Fuentes de la Fiscalía del Estado consultadas por
este periódico lo negaron ayer y apelaron a la máxima protección de la joven.
Aseguraron que se podrían haber evitado más agresiones en el centro Valdeluz.
Hay alrededor de una decena de denuncias.
De izquierda a derecha, el profesor
Andrés Díez, el exjefe de estudios Juan José de Cossío y el exdirector
Eustaquio Iglesias.
Según confirmaron fuentes
policiales, la menor tenía 17 años cuando acudió en enero de 2007 con sus
padres al Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual Infantil,
dependiente del Instituto del Menor y de la Familia y la Consejería de Asuntos
Sociales. Los especialistas de este servicio la atendieron hasta febrero de
2008, cuando emitieron un informe. Destacaron que la menor (que ahora tiene 24
años) sí sufrió abusos sexuales, supuestamente, por parte de Andrés Díez Díez.
En ese caso, los técnicos le explicaron que podía denunciar el caso.
A partir de ahí, se abre un debate
en el que los especialistas en menores y en Derecho Penal no se ponen de
acuerdo. Según fuentes de la Fiscalía del Estado, la Comunidad de Madrid podría
haber informado al responsable de menores del Ministerio Público para que
investigara lo que ocurría en el colegio. “Al pasar estos datos se está
poniendo sobre aviso a la autoridad para que investigue si es el único caso o,
al revés, hay más víctimas”, reconocen fuentes de la Fiscalía.
El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix,
defendió ayer la opinión contraria. Afirmó que los abusos sexuales entran
dentro de los llamados delitos semiprivados, que recoge el artículo 191 del
Código Penal. Este recoge que “para proceder por los delitos de agresiones,
acoso o abusos sexuales, será denuncia de la persona agraviada, de su representante
legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos
intereses en presencia. Cuando la víctima sea menor de edad, incapaz o una
persona desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal”. Según este
precepto legal, solo la propia víctima o los tutores legales pueden denunciar.
“Si los padres no denunciaron, la Comunidad de Madrid no podía acudir a la
Fiscalía”, sentenció Moix.
Un catedrático de Derecho Penal,
que prefirió permanecer en el anonimato, se basó precisamente en el citado
artículo 191 del Código Penal para defender justo la tesis contraria: “El
fiscal pudo recibir una simple información de todo lo que ocurría por parte de
la Comunidad de Madrid y a partir de ahí ponerse a trabajar sobre el caso.
Podría haber intervenido sin ningún problema”. Este catedrático puso como
ejemplo al médico que atiende a una mujer víctima de malos tratos o de
violación.
Fuentes de la Comunidad de Madrid
destacaron que el centro de intervención es “un servicio de ayuda y apoyo
psicológico y de orientación jurídica”, entre cuyas funciones no está el acudir
a la fiscalía en caso de que se encuentren con la eventual comisión de un
delito. Según una portavoz, este organismo siempre aconseja acudir a los
tribunales. “La Comunidad solo puede denunciar cuando los abusos que sufre el
menor los cometen los propios padres o la víctima se encuentra en desamparo. En
ese caso se apresura a hacerlo para defender al menor”.
El que fue durante años fiscal de
Menores, Félix Pantoja, conoce bien el artículo del Código Penal que mencionan
en la Comunidad, pero también cita el 158 del Código Civil “que obliga a actuar
a cualquier persona que conoce la comisión de un delito” y la Ley de Protección
Jurídica del Menor, “que dice que el interés de estos prevalece ante cualquier
otro que pueda concurrir”, afirma. Opina que debieron informar de la situación
al fiscal, que habría sabido actuar con las cautelas suficientes para proteger
a la chica y a otras posibles víctimas que pudiera haber en el colegio. “Creo
que la Comunidad debió denunciar. Claro que las cosas tienen consecuencias,
pero no haber denunciado también las ha podido tener”, afirma.
Mientras, Andrés Díez Díez ingresó en prisión
provisional preventiva y sin fianza ayer por la tarde, después de
que el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, Hermenegildo
Barrera Aguirre, decretara esta medida cautelar. Su declaración comenzó a las
11.30 de la mañana en el juzgado de guardia de la plaza de Castilla y se
prolongó hasta las 14.30. La gravedad de los delitos y su reincidencia a lo
largo de ocho años son dos puntos en los que se ha basado el magistrado, según
fuentes judiciales.
La policía continúa con las
investigaciones para ver si hay más víctimas de este profesor, al que se le
acusa de haber agredido sexualmente tanto en el centro de estudios Valdeluz
como en la escuela de música Melodía Siglo XXI, que regenta en un local
contiguo al colegio.
Esta decisión judicial llega
prácticamente a la vez que la dimisión presentada por el director
del colegio, Eustaquio Iglesias, y el jefe de estudios, Juan José de
Cossío, ambos religiosos, según informó el Valdeluz ayer en un comunicado. “La
renuncia ha sido aceptada por el consejo provincial de los agustinos”, relata
el escrito. “Se está procediendo a investigar internamente el alcance de los
hechos con el objeto de establecer las medidas oportunas con la mayor
transparencia”, añade el comunicado.
Asesoría para los padres
Si el colegio Valdeluz Agustinos
apoyó desde el primer momento al profesor Andrés Díez y aseguró que en los 20
años que trabajó en él no hubo ningún problema, ayer dio un giro copernicano:
“Los supuestos hechos son contrarios al ideario y a los principios, valores y
conductas que sustentan esta institución, tales como el desarrollo integral de
la persona, la búsqueda de la verdad, la autonomía personal y el respeto a la
dignidad humana”.
El centro ha puesto a disposición
de los padres y alumnos “un gabinete de asesoramiento psicológico para quien
eventualmente quiera solicitarlo”. También afirmaron que en el día de ayer se
estaban impartiendo las clases con total normalidad.
Las opiniones continuaban ayer
enfrentadas entre los padres de los alumnos del Valdeluz. Algunos defendían a
capa y espada al profesor detenido y a los directivos dimitidos, mientras que
otros se quejaban de que el centro no hubiera puesto medidas para evitar los
abusos en ocho años.
Fuente: www.elpais.com
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