La comisión deontológica de los facultativos censura puntos clave de la reforma del aborto
Sus
críticas se añaden a las de psiquiatras o ginecólogos
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Protesta contra la reforma de la
ley del aborto frente a la catedral de Barcelona este viernes. / Emilio
Morenatti (AP)
La escasa consulta previa a los
profesionales sanitarios está pasando factura al anteproyecto de ley del
aborto. La nueva norma impulsada por el Ministerio de Justicia no deja de
cosechar críticas entre las sociedades médicas y científicas. Las últimas, las
de la Comisión Central de Deontología y Derecho Médico de la Organización
Médica Colegial (OMC), que ha redactado un informe en el que censura la
supresión del supuesto de aborto por malformación fetal. En él piden además que
solo sea necesario el dictamen de un médico para probar que existe riesgo para
la salud de la mujer. Los dos que prevé la nueva ley son “innecesarios”, dicen.
Estos reproches se suman al varapalo de
los facultativos de familia, los psiquiatras, los ginecólogos o los expertos en
diagnóstico prenatal, que han criticado duramente la reforma.
También han censurado que el Gobierno no pidiese opinión a quienes rodean esta
prestación, antes de redactar la norma.
El texto de la Comisión Deontológica,
enviado a los presidentes de los 52 colegios de médicos, se debatirá mañana en
Asamblea. Si se aprueba será uno de los mimbres que la OMC usará, apuntan
fuentes de la organización, para elaborar el informe sobre el anteproyecto que
les ha encargado Justicia; al igual que a otras entidades, como paso previo a
la tramitación parlamentaria. Los expertos en deontología aprueban la
despenalización del aborto solo en algunos casos. Modelo que sigue la nueva
norma, que elimina el plazo de aborto libre durante las primeras semanas de
gestación y que permitirá la interrupción del embarazo solo en casos de
violación o riesgo grave para la salud física o psicológica de la mujer.
“Es adecuado que el aborto no sea considerado un derecho absoluto de la mujer”,
dice el texto.
Esta comisión, sin embargo, propone
al Gobierno mantener el supuesto de aborto por malformaciones graves o
incompatibles con la vida, en contra de la apuesta del
titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El anteproyecto
supedita este supuesto a que el problema fetal sea incompatible con la vida y
suponga riesgo psicológico a la mujer. “Es más adecuado reconocer el supuesto
de graves anomalías fetales, independientemente de la afectación de la salud
psíquica de la gestante”, reclaman los médicos.
El texto apunta también que la
objeción de conciencia debería circunscribirse solo a los sanitarios que
participen “de manera directa” en la intervención y no a todos. Además, incide
en que la información y las medidas para la prevención de embarazos no deseados
que incluye el anteproyecto “es demasiado escueta para su importancia”.
Una visión, esta última, similar a
la de los médicos de familia. “La auténtica protección del no nacido y de la
mujer que decide llevar adelante un embarazo debe basarse en políticas
efectivas de salud sexual y fomento real de la maternidad”, dice el análisis de
las tres sociedades que los agrupan: Semergen, Semfyc y Semg. El informe se ha
hecho desde el punto de vista de los profesionales, explica Salvador Tranche,
vicepresidente de Semfyc. “La ley coloca a los médicos en una situación de
conflicto ético por el hecho de enjuiciar a la mujer”, dice sobre la exigencia
para abortar de informes médicos. Para los facultativos de Primaria, la nueva
norma, como las leyes de supuestos, tiene “un espíritu paternalista en la
relación clínica, lo que se refleja en la necesidad de supervisar una decisión
autónoma de la mujer y en la obligación de avalarla”.
Fuente: www.elpais.com
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