Entre
las consecuencias de las pretensiones de la desmantelación del sistema
sanitario español,
cabría destacar la pérdida de calidad, seguridad y de acceso a los servicios
para la ciudadanía, especialmente de los pacientes aquejados de patologías no
rentables económicamente para estas Unidades de Gestión Clínica.
nuevatribuna.es | 20 Febrero 2014 - 13:06 h.
1.- El
sistema sanitario español no se caracteriza por un despilfarro de recursos,
sino más bien por lo contrario: Nuestro gasto sanitario es bajo (en 2011 el
gasto sanitario total era del 17,7% sobre el PIB y de 8.508 $ ppc per
cápita, frente al 9,3% y 3.322 respectivamente del promedio de la OCDE)
con buenos resultados en salud buenos, que nos colocan en el 5º puesto mundial
en eficiencia y el 1º de Europa. Evidentemente existen espacios de mejora
que deben de investigarse.
2.- Aunque
sistema sanitario es uno de los más integrados a nivel internacional, tiene
problemas que afectan a su eficiencia entre los que caría destacar: La
aparición de múltiples especialidades y super-especialidades; el
fraccionamiento de las áreas actividad (asistencia sanitaria, salud pública,
salud mental, salud ambiental, salud laboral, centros de crónicos, atención
socio-sanitaria….) que dificultan una atención integral, integrada y racional;
la paralización de la Ley General de Sanidad que atribuía a la Atención
Primaria la función de eje del sistema y de gestión de los procesos
asistenciales; la descoordinación de la Atención Primaria con la
Hospitalaria; la paralización del desarrollo de las Áreas de Salud
descentralizadas y con capacidad de gestión sustituidas por las Gerencias
Únicas (absorción de la AP por los hospitales); el escaso desarrollo del
trabajo en equipo; el atraso de la aplicación de la medicina basada en la
evidencia con guías clínicas y protocolos y otros instrumentos
racionalizadores; la ausencia de incentivos profesionales adecuados; la
falta de planificación; o los recortes presupuestarios que le sitúan al borde
del colapso (se ha pasado de 70.464 millones € en 2009 a menos de 60.000
millones € presupuestados para 2014).
3.- Todo
esto plantea la necesidad de poner en marcha reformas que mejoren la
coordinación de los recursos y niveles asistenciales, que estimulen la
implicación y participación de los trabajadores sanitarios en la gestión de los
procesos, que mejoren la racionalidad con instrumentos basados en la evidencia,
y que reduzcan el poder de los gestores hospitalarios.
4.- Sin
embargo el Ministerio de Sanidad pretende utilizar la creación de Unidades
de Gestión Clínica para:
- Desmantelar
y privatizar el sistema sanitario público:
· Fragmentar
los centros sanitarios en múltiples entidades empresariales con autonomía plena
para gestionase aplicando las diferentes fórmulas de gestión privada (Ley
15/97), presupuesto propio y capacidad para comprar y vender sus servicios
creando un mercado interno sometido a las leyes de la competencia.
· Dar entrada en los centros públicos a capital y proveedores privados, laboratorios farmacéuticos y la industria tecnología sanitaria.
· Dar entrada en los centros públicos a capital y proveedores privados, laboratorios farmacéuticos y la industria tecnología sanitaria.
- Someter
y controlar a los profesionales y trabajadores sanitarios:
·
Laboralizar al personal privándole de las garantías del Estatuto Marco para
controlar sus decisiones clínicas, reducir sus salarios, eliminar su
estabilidad y condiciones laborales.
· Romper la unidad vinculándoles a diferentes empresas con múltiples condiciones laborales.
· Hacer cómplice al personal de la políticas de recortes asistenciales a los ciudadanos permitiéndoles quedarse con una parte de los ahorros generados en los procesos asistenciales.
· Romper la unidad vinculándoles a diferentes empresas con múltiples condiciones laborales.
· Hacer cómplice al personal de la políticas de recortes asistenciales a los ciudadanos permitiéndoles quedarse con una parte de los ahorros generados en los procesos asistenciales.
- Cambiar
el modelo sanitario público, universal, accesible y redistributivo establecido
por la Ley General de Sanidad:
· Eliminar
los actuales servicios y sustituirlos por entidades empresariales controladas
por gerentes dotados de una gran capacidad de decisión y orientadas al
beneficio personal.
· Acabar con el modelo comunitario basado en entidades territoriales y nieles asistenciales coordinados desde la Atención Primaria y con participación social.
· Trasformar la AP en la portera del sistema para seleccionar pacientes y patologías de acuerdo a los intereses empresariales de las Unidades de Gestión controladas desde los hospitales.
· Acabar con el modelo comunitario basado en entidades territoriales y nieles asistenciales coordinados desde la Atención Primaria y con participación social.
· Trasformar la AP en la portera del sistema para seleccionar pacientes y patologías de acuerdo a los intereses empresariales de las Unidades de Gestión controladas desde los hospitales.
Todo ello
permitirá avanzar en la privatización de la provisión con financiación
mixta, una parte a través de los presupuestos y otra por los copagos. Se
pervierte y desacredita así el concepto de gestión clínica para modificar la
situación del personal sanitario (deberá renunciar al Estatuto para poder
integrase en las Unidades), se liga la Gestión Clínica a cambios del régimen
jurídico de los centros, se fragmenta el sistema público y se da entrada al
sector privado.
Entre las consecuencias cabría destacar
- Un
previsible aumento del gasto sanitario innecesario, ya que las unidades deberán
dotarse de un aparato burocrático administrativo para gestionar los recursos
como empresas autónomas, mientras que el sector privado buscará maximizar
beneficios promoviendo el uso intensivo de las tecnologías.
- La pérdida de calidad, seguridad y de acceso a los servicios para la ciudadanía, especialmente de los pacientes aquejados de patologías no rentables económicamente para estas Unidades de Gestión Clínica.
- La pérdida de calidad, seguridad y de acceso a los servicios para la ciudadanía, especialmente de los pacientes aquejados de patologías no rentables económicamente para estas Unidades de Gestión Clínica.
5.- ¿Cómo
frenar este proyecto?
1. Crear un
clima de rechazo profesional y social en contra de estas Unidades de Gestión
Clínica, informando y demostrando la pérdida de derechos y de calidad de la
atención para la gran mayoría de ciudadanos y profesionales. Una buena
manera es colaborar firmando esta petición.
2. Articular una alianza profesional lo más amplia posible, que aísle a los sectores qué han suscrito un acuerdo de apoyo, para rechazar esta Gestión Clínica que plantea el Gobierno, que fragmentará y privatizará el sistema sanitario público, y que no tiene nada que ver con la mejora de la integración y de la efectividad del sistema.
3. Ampliar y reforzar la alianza social y profesional en defensa del sistema sanitario y de rechazo a estas medidas de desmantelamiento y privatización.
4. Convocar medidas de movilización social y profesional que exijan la retirada de las Unidades de Gestión Clínica.
2. Articular una alianza profesional lo más amplia posible, que aísle a los sectores qué han suscrito un acuerdo de apoyo, para rechazar esta Gestión Clínica que plantea el Gobierno, que fragmentará y privatizará el sistema sanitario público, y que no tiene nada que ver con la mejora de la integración y de la efectividad del sistema.
3. Ampliar y reforzar la alianza social y profesional en defensa del sistema sanitario y de rechazo a estas medidas de desmantelamiento y privatización.
4. Convocar medidas de movilización social y profesional que exijan la retirada de las Unidades de Gestión Clínica.
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