19 de febrero de 2014
Rafael
Muñoz de Bustillo Llorente
Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Salamanca
José Ignacio Antón Pérez
Profesor Ayudante Doctor. Universidad de Salamanca
Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Salamanca
José Ignacio Antón Pérez
Profesor Ayudante Doctor. Universidad de Salamanca
La
decisión del Gobierno de España de congelar los salarios de los empleados
públicos por quinto año consecutivo ha vuelto a llevar a los titulares de los
periódicos la cuestión del tratamiento salarial de este colectivo y su
situación vis a vis con el resto de los empleados. No hace mucho tiempo,
distintos medios de comunicación se hicieron eco de una interesante noticia
sobre las diferencias salariales entre empleados públicos y privados calculadas
por los servicios del INE a partir de la Encuesta de Estructura Salarial de
2010 (EES 2010). Por ejemplo, el diario El Mundo (29 de octubre de 2012,
página 34) encabezaba una de sus noticias con el titular “Sueldos privilegiados
en las CCAA rescatadas”. Esta encuesta, la EES 2010, sin duda la más completa
de las disponibles en lo referente a información salarial, permitía, por
primera vez, realizar este tipo de análisis en nuestro país con una solvencia
de la que adolecían otras estimaciones realizadas con anterioridad, que se
apoyaban en datos de hace más de una década en el mejor de los casos. Por otra
parte, el momento de la publicación de los datos, en pleno conflicto laboral de
los empleados públicos afectados por una bajada nominal de salarios en 2010, su
congelación desde entonces y una bajada puntual de la paga extraordinaria de
Navidades en 2012, dotaba a los resultados de este trabajo de un cierto morbo
informativo: ¿eran razonables las demandas salariales de los empleados
públicos? O, por el contrario, ¿no eran los empleados públicos un colectivo con
unas condiciones laborales “injustificadamente buenas” teniendo en cuenta las
circunstancias del país, y por lo tanto sus reivindicaciones y protestas
cuestionables y egoístas? Por lo publicado, podría deducirse un cierto consenso
en torno a la segunda opción, indubitable en aquellos medios que llegaron a
hablar de “sueldos privilegiados”.
Sin
embargo, una lectura sosegada de los resultados de la encuesta nos revela que
tales conclusiones eran, a lo sumo, precipitadas. Cuando se comparan variables
como puedan ser los salarios de las personas resulta importante, si se quieren
sacar conclusiones científicamente solventes, que la comparación se haga entre
iguales. Si queremos analizar las diferencias en las remuneraciones que
perciben dos trabajadores de dos grupos distintos, es importante que comparemos
dos personas tan iguales entre sí como sea posible, exceptuando su pertenencia
al grupo en cuestión, ya que de no hacerlo así podríamos acabar achacando a
esta pertenencia una diferencia en salarios que explica la edad, la antigüedad,
la formación, el sector en el que se emplea o cualquier otra característica que
influya en la determinación de los salarios. Pues bien, desafortunadamente el
análisis del INE, y, en particular, la interpretación mediática que se hizo de
unos resultados que no tenían cuenta las diferencias en distintas
características (experiencia, antigüedad o nivel educativo, por ejemplo) entre
ambos colectivos que afectan a la productividad de los trabajadores, tomaban
sólo muy parcialmente en consideración este problema. Del mismo modo, las
menciones a la brecha de género que obvien cuáles son las características de
los trabajadores no reflejan necesariamente la situación de las mujeres en
términos de discriminación. Si, por ejemplo, las mujeres tuviesen un mayor
nivel de escolaridad que los hombres, a igualdad en el resto de condiciones, la
brecha bruta calculada a partir de los salarios medios subestimaría el nivel de
desigualdad de género en el mercado laboral.
Con
el objetivo de profundizar en el nivel y características de las diferencias
salariales entre empleados públicos y privados en España y desentrañar si las
conclusiones mencionadas eran correctas, hemos acudido a la misma encuesta
utilizada por el INE, pero poniendo el máximo cuidado en realizar la
comparación entre iguales, utilizando para ello las técnicas estadísticas más
actuales empleadas en la literatura científica. De la aplicación de esta
rigurosa metodología a la encuesta arriba señalada se obtienen algunos
resultados muy interesantes entre los que destacan:
1)
Efectivamente, tomados en su conjunto y sin mayores consideraciones, los
trabajadores públicos tienen un salario hora —antes de impuestos— más elevado
que los trabajadores del sector privado. Esa diferencia se sitúa en el entorno
del 23% en el caso de los hombres y en el 40% en el de las mujeres.
2)
Tal diferencia se explica, en gran medida, por las diferentes características
de los trabajadores de uno y otro sector. Así, por ejemplo, los trabajadores
del sector público son normalmente mayores en edad (y por lo tanto han
acumulado mayor antigüedad) y tienen más estudios (el 52% de las mujeres y el
40% de los hombres del sector público tienen estudios universitarios frente al
28 y 22% en el sector privado, respectivamente), circunstancias que están
asociadas a mayores sueldos.
3)
Cuando se tienen en cuenta estas diferencias, las brechas salariales
entre los trabajadores de uno y otro sector se reducen de forma muy
significativa. La forma de hacer este cálculo es estimar qué parte de esa
divergencia salarial está explicada por diferencias en las características de
las personas que trabajan en el sector público y en el privado y qué parte no
desaparecería aunque se tuvieran en cuenta dichas disparidades. De
acuerdo con los resultados obtenidos, en el caso de los hombres, la prima
salarial favorable a los empleados públicos se reduce a alrededor del 7%. Ello
significa que las dos terceras partes de la prima salarial bruta “observable” a
la que nos referíamos más arriba se explican por diferencias en las
características de los empleados públicos. En el caso de las mujeres, una vez
consideradas estas diferencias la prima salarial se reduce al 16%, un valor
todavía significativo, pero sensiblemente inferior de la diferencia bruta
observada.
4)
La pregunta natural que genera esta última constatación es qué razones pueden
estar detrás de la mayor prima salarial no explicada en el caso de las mujeres
con respecto a los hombres empleados en el sector público. La respuesta tiene
que ver, posiblemente, con la mucho mayor brecha de género que existe en el
sector privado (esto es, la diferencia salarial entre trabajadores y
trabajadoras a igualdad de características), que asciende al 24% frente a menos
del 11% en el sector público (15% y 11% cuando se tienen en cuenta las
características de los trabajadores). En definitiva, una de las razones que
explican los mayores salarios del sector público, donde las mujeres tienen un
mayor peso, es la menor brecha de género. Este resultado se observa también
para otras economías desarrolladas.
5)
La información disponible nos permite dar un paso más adelante en nuestro conocimiento
de las diferencias salariales entre sector público y privado. Los valores
“netos” de brecha , esto es teniendo en cuenta las diferentes características
de los trabajadores y trabajadoras de uno y otro sector, a los que nos hemos
referido más arriba, corresponden a la diferencia promedio, es decir, para el
conjunto de los trabajadores. Tan interesante como este dato es conocer cómo se
distribuye esa brecha para los distintos tipos de trabajadores de la
administración pública con diferente nivel de remuneraciones. Pues bien, en el
caso de los hombres lo que se obtiene es que la prima salarial es ligeramente
mayor en el supuesto de los trabajadores con bajos salarios y va
disminuyendo hasta convertirse en negativa para el 5% de los trabajadores del
sector público con salarios más elevados. Esto es, los trabajadores de mayor
cualificación en el sector público estarían peor remunerados que en el sector
privado. En el caso de las mujeres, la prima es siempre positiva aunque con
valores sensiblemente menores en el caso de las trabajadoras de mayor salario.
Resumiendo,
las para muchos obscenas diferencias salariales entre empleados, y sobre todo
empleadas, públicos y privados no lo son tanto cuando se tienen en cuenta las
diferentes características en términos de edad, educación, sector de actividad,
ocupación, etc. de unos y otros trabajadores. En segundo lugar, lo que es
válido para el trabajador medio no lo es para los trabajadores de mayor nivel
salarial del sector público, cuyas primas salariales con respecto a sus colegas
del sector privado son mucho menores, pudiendo llegar a ser negativas (esto es,
una penalización). Por último, si tenemos en cuenta que la comparación salarial
se ha realizado con datos correspondientes a hace tres años y que desde entonces
los empleados públicos han visto congelados sus salarios y aumentada su jornada
laboral es muy probable que en la actualidad la brecha salarial no explicada
por las características de los trabajadores en uno y otro sector en la
actualidad haya prácticamente desaparecido.
Yendo más allá de los datos podemos preguntarnos qué
explica esas diferencias. Un factor claro es la menor (que no ausencia) brecha
de género existente dentro del sector público. Por decirlo de forma brusca, si
el objetivo aplaudido por muchos es que en el sector público los trabajadores
ganen lo mismo que en el privado, una de las cosas que habría que hacer es
aplicar la misma brecha de género, algo que no se nos hace muy aceptable ni
como principio moral ni como eslogan político. Por último es importante
reflexionar por qué debería ser el sector privado el que se tome como benchmark
o umbral de lo que es adecuado o lo que es un privilegio. Durante mucho tiempo
el sector público ha utilizado su capacidad como gran empleador para marcar
pautas de empleo que consideraba adecuadas para el conjunto de la sociedad,
como forma de marcar un objetivo que con el tiempo fuera abarcando también, ya
por imitación ya por regulación, al sector privado. Desde esta perspectiva, lo
que para algunos son privilegios para otros pueden ser modelos a generalizar.
Salvo que creamos en la existencia de los mercados perfectamente competitivos y
las economías idealizadas de los libros de texto de microeconomía no hay
ninguna razón por la que el salario de mercado tenga que ser el “salario”
correcto o justo ni, desde luego, el salario deseable. Pero esto es harina de
otro costal.
Fuente: www.publico.es

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