Artículos de Opinión | Acampadadebarcelona.org / The
Guardian | 02-12-2013 |
El proyecto del gobierno español de las leyes sancionadoras contra la protesta es, según los críticos, un ataque a la democracia. Eso es precisamente lo que son.
Recientemente, en numerosos frentes de protesta popular, las capacidades del Estado han sido reconfiguradas para afrontar el reto. En algunos casos, como en Grecia, esto ha significado un período emergencia gubernamental. En Chicago, en Quebec y ahora en España esto ha significado la expansión de las leyes contra la protesta.
En 2011 el alcalde de Chicago Rahm Emanuel pidió que el Ayuntamiento pasara medidas anti-protesta “provisionales” en respuesta a las protestas planeadas alrededor de la OTAN y la Cumbre del G8. Las leyes incluyeron un mandato de seguro de protestas públicas de $1M, fuerte vigilancia policial y más obstáculos para obtener el permiso de protesta. A principios de 2012 la legislación ha sido hecha permanente.
Ese mismo año, más tarde, la administración de Jean Charest en Quebec intentó hacer frente a un levantamiento tumultuoso de estudiantes contra el aumento de las tasas de matrícula, aprobaron una ley de emergencia llamada Bill 78. Con el apoyo de los funcionarios del estado esto impuso duras restricciones a la posibilidad de protesta incluyendo la prohibición de protestas a una distancia menor de 50 metros a un colegio y el derecho a cambiar la ruta de una protesta en un corto plazo con multas severas para aquellos manifestantes que no cooperasen.
La legislación para la “seguridad pública” propuesta en España tiene una base practicamente similar. Manifestaciones sin autorización cerca del parlamento serán multadas y la participación de “violentos” en las protestas puede acarrear una sentencia mínima de dos años en prisión. En cada caso, la lógica es instaurar un escalofrío en la protesta. No es sólo un elemento de disuasión de la protesta; tiene un efecto de domesticación en las protestas que se dan.
Para entender el porqué de lo que está ocurriendo hay que comprender la relación entre la austeridad neoliberal y la democracia popular.
En una época anterior, cuando la austeridad neoliberal fue postulada, el político y sociólogo griego Nicos Poulantzas habló de la “redistribución de las redes jurídico – policiales” como elemento constitutivo de un nuevo “estatismo autoritario”. En este régimen, los usos de dispositivos parlamentarios formales se mantendrían incluso si la democracia sustantiva hubiera sido erosionada. Unos años más tarde Stuart Hall comentó sobre el neoliberalismo de Thatcher “en virtud de este régimen, el mercado ha de ser libre, la genteha de ser disciplinada.”
¿Por qué este autoritarismo? ¿Por qué en la liberación de “el mercado” fue necesario disciplinar a la gente? Si el enfoque se limita a la austeridad – el neoliberalismo en su forma de “doctrina del shock ” – entonces, el problema simplemente puede interpretarse como un problema de la gestión de la crisis. El Estado asume las medidas de control popular precisamente en el momento en que se está tratando de administrar una reorganización impopular de los servicios públicos, el bienestar y las relaciones capital-trabajo. Pero, de hecho, esto no es más que una forma coyuntural de un problema más amplio.
A nivel politico, el neoliberalismo responde a un supuesto exceso de democracía, un exceso de demanda popular sobre el estado. Este no solo atrapa el estado en una red de intereses en particular, sino que produce también una crisis de “ingobernabilidad”. Para que el estado sea capaz de hacer negocio, su autoridad tiene que ser restaurada; por eso la importancia de la “ley y orden”.
“El objetivo primario de un estado” dijo Thatcher “es mantener el orden”. Delineando el problema de esta manera, e identificando a oponentes políticos a través de la ideología del crimen y el desorden, ella fue capaz de conectar sus éxitos con una simple afirmación de sentido común. Pero la proliferación de leyes designadas a reducir la protesta y la huelga, el aumento de unos aparatos policiales centralizados y militarizados y el boom de la construcción de prisiones, empezó durante su reinado, y no solo transformó la relación entre los ciudadanos y el estado sino que debilitó el electorado popular relativo a las élites de negocio dominantes.
Esta expansión y refinamiento de las tecnologías de contención es, por si misma, rara vez suficiente. Generalmente ha estado acompañada por un despliegue de nuevas ideologías de los crímenes y la legalidad. Para la protesta, la vigilancia policial bajo el neoliberalismo no conlleva sólo un comportamiento más represivo. De hecho, en todos los estados europeos la tendencia secular es hacia una convergencia alrededor de un sistema de estrategias más diferenciadas hacia las protestas.
En relación a las mayores protestas que representan las instituciones “oficiales”, la policía tiende a preferir un acercamiento consensual y de negociación, y tiende a tomar grandes distancias físicas con la gente mientras están controlando las actividades. Por el contrario, los grupos de protesta más pequeños, representantes de coaliciones sociales sueltas, colectivos, etc., están considerados extremistas con mayor facilidad, terroristas e incluso – en una bocanada teatral – anarquistas, y de esta manera son sujetos a controles militarizados, vigilancia directa y coacción física, invocando el “anti-terrorismo” u otras legislaciones represivas.
Como la definición del crimen es intrínsecamente ideológica, la decisión de lo que constituye una protesta “oficial” o una indignación “extremista” es parcialmente ideológica y normativa, ya que deriva de la cultura política y legal de la vigilancia policial en cada estado, y de las categorías burocráticas desplegadas por las fuerzas de seguridad locales y nacionales. Entonces, necesariamente, esto representa una forma de vigilancia intrínsecamente politizada. Esto no es claramente manifiesto, y muestra, por ejemplo, qué estilos de protesta están toleradas (principalmente las ineficaces), pero prácticas en el sentido de que esto reduce drásticamente las posibilidades democráticas.
Hoy en día la reorganización de los estados en una dirección autoritaria forma parte de un proyecto a largo plazo para contener la democracia mientras se preserva un mínimo de legitimidad democrática. Este es el asunto central de las leyes anti-protesta.
Traduccción:
http://int.acampadadebarcelona.org/...
Fuente
original: http://www.theguardian.com/commenti...
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