¿Es la Justicia igual para todos? Me temo que el ciudadano no tenga
una visión positiva al respecto
ANÁLISIS DE BALTASAR GARZÓN | 12/02/2014
¿Es la
Justicia igual para todos? Mucho me temo que la percepción que a estas alturas
tiene el ciudadano de la acción de la Justicia no es positiva. En la mitología
se la simboliza como una diosa de ojos vendados, que sostiene una balanza y
porta una espada. Lo malo es cuando la venda no representa la imparcialidad
deseada, sino la ceguera o la indiferencia y los platillos de la balanza se
desequilibran por la parcialidad. Ello lleva al pensamiento popular de que
según quién sea el juzgado, la espada que impone la sanción puede
disculpar el delito a quien lo cometió y golpear con todo el peso de la
ley a quien no era culpable.
La vieja idea de que a ricos y poderosos se
les trata mejor en algunos ámbitos judiciales, aunque no por serlo se les debe
tratar peor, vuelve a primera línea de la realidad, pese a que paradójicamente
su riqueza haya sido amasada en paraísos fiscales, mediante sobornos, tratos de
favor, blanqueo de dinero o tráfico de influencias. Ese pesimismo latente
tiene una demostración en los últimos datos del Centro de Investigaciones
Sociológicas que indican que el segundo motivo de preocupación para los españoles es la corrupción.
Porque su tratamiento judicial también influye en esa percepción, formando
parte del propio problema.
Un resultado que viene a coincidir con el
más reciente Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia
Internacional, en el que se resalta a España como el segundo país del mundo cuya valoración
sobre la corrupción más ha empeorado. No es de extrañar, por tanto,
esta ola de escepticismo generalizado hacia la Justicia que debe evaluar estos
delitos y su actuación según quien sea el imputado o el procesado.
¿Qué impresión se puede esperar que
desarrolle el ciudadano acerca del sistema judicial cuando un ser humano, solo
por el hecho de ser inmigrante y no tener papeles, se puede ver de inmediato y
sin espera alguna, recluido en un centro de internamiento? ¿O perseguido o
expulsado sin contemplaciones y quebrantando incluso las leyes que le protegen?
¿Se imaginan a un inmigrante subsahariano
presentando una denuncia al Juzgado por la falta de atención médica o por
otras causas factibles de ser notificadas, aterrado, desvalido, sin conocer el
idioma y vulnerable ante su propia situación? Tendrá que aguantar y rezar a su
dios, si es creyente, o esperar lo que el destino y las autoridades de Interior
y el sistema le deparen. No obstante, después de los hechos acontecidos en
Ceuta recientemente en donde murieron ahogados catorce inmigrantes –cifra
oficial mientras escribo este artículo- que querían acceder a nado a tierras
españolas, y otras personas fueron puestas en la frontera marroquí y entregadas
a las autoridades de ese país para su expulsión en situación no suficientemente
aclarada, la Justicia tiene la oportunidad de reivindicarse y demostrar que el
principio de igualdad se cumple. Tengo mis dudas.
Frente a esta situación extrema, ¿qué pasa
con un político del que existan indicios, pruebas fehacientes de que ha
cometido un delito? Lo habitual es que sus compañeros de partido le defiendan a
capa y espada, como miembro de la corporación o del clan y acusarán a sus
opositores políticos de haber creado un bluff sobre el caso y sobre la
actuación judicial, que, probablemente, se alargará en el tiempo hasta
adormecer a los más pacientes, tornando la situación por dilaciones indebidas
en altamente favorable a la defensa del perpetrador. Si este es aforado,
parlamentario autonómico o del Congreso nacional, su caso irá al Tribunal
Superior de Justicia de su Comunidad o al Tribunal Supremo.
A este nivel, del escepticismo se puede
llegar a la depresión, a poco que se esfuerce el órgano judicial. El
aforamiento es una figura de larga tradición que no se creó buscando la
impunidad. Pero con el tiempo, la falta de escrúpulos de algunos lo ha
convertido en una coraza protectora frente a la acción de la justicia. El
ejemplo más paradigmático, durante largos años, fue el de Silvio Berlusconi,
que aún se retuerce para no acatar las sentencias pronunciadas en todas las
instancias y después de haber pasado por todos los aforamientos.
Lo cierto es que, a partir de un momento
determinado, los partidos políticos (el cuarto motivo de preocupación para los
españoles según el barómetro CIS), comenzaron a interesarse sobremanera en el
nombramiento de jueces para el Tribunal Constitucional, para los Tribunales
Superiores de Justicia, de vocales para el Consejo General del Poder Judicial e
indirectamente, a través de este, para el Tribunal Supremo y otros Tribunales.
De ahí que las elecciones casi siempre no son de los mejores sino de los mas
“convenientes”. Si analizamos el currículo de algunos miembros de esos órganos,
la sorpresa y el shock nos pueden llevar al infarto.
Se llega así a una especie de “cambio de
cromos”, bueno sin duda para blindar a algunos miembros de estas formaciones
políticas, tal vez positivo para algunos magistrados y juristas que aspiren a
determinados puestos, pero extremadamente negativo por sus nocivas
consecuencias para la independencia judicial, y, por tanto para los efectos de una
autentica justicia sobre los administrados. Una vez más, el sistema puede no
ser malo, pero la forma en que se utiliza sí lo es. El remedio es la
transparencia y eso es lo que hay que reclamar, junto con una mayor
participación y control de los ciudadanos que, como en tantas otras esferas de
la vida pública, y, especialmente en esta, están ausentes, salvo para sufrir
sus consecuencias.
“La justicia es igual para todos”, aseguró
el rey Don Juan Carlos en la Navidad de 2011. Sobre el palacio de la Zarzuela
planeaba el nubarrón del caso Nóos. ¿Lo es? se preguntan de nuevo
sus súbditos. La respuesta la encontramos en el tortuoso camino de la citación como imputada de la infanta, en la discusión
sobre aspectos irrelevantes en el desarrollo de la justicia y en el escrito
inusitado del fiscal al juez opinando pero sin rematar la faena mediante un
recurso. Las presiones casi se palpan sobre el magistrado Castro quien, no
obstante, ha llevado como debe hacer un juez independiente adelante el
interrogatorio y la medida que corresponda a resultas del procedimiento.
A más de uno le ha perdido aquí el ardor de
la gestión y quizás por un equivocado intento de salvar la imagen de la
Monarquía en realidad le ha hecho un flaco favor. Ya lo he dicho en alguna
ocasión: si doña Cristina de Borbón hubiera acudido desde el primer momento de
forma natural a presencia del juez, hubiera ganado simpatías o al menos habría
entrado en una situación de normalidad que ahora es muy difícil de recuperar.
Pero no todo es negativo. En la
transformación que considero es obligación de todos alentar en la sociedad, y
que muchos estamos preocupados por conseguir, se observan en la judicatura
pequeñas heroicidades que llaman la atención.
Veamos, por ejemplo, qué ha ocurrido en un
sector tradicionalmente distante del ciudadano y muy cercano a la
Administración: la de lo contencioso administrativo. Bien, pues un tribunal de lo contencioso administrativo ha parado la externalización
de la Sanidad madrileña. Imagino el asombro de la Comunidad de
Madrid ante tal situación. No creo que jamás el presidente Gonzalez y su
antecesora en el cargo, señora Aguirre, pudieran imaginar que una sala de esta
naturaleza frenase de tal manera un acto administrativo.
Sigo con más asuntos: los problemas que ha
producido la reforma laboral, los desahucios, los cambios en los modelos sociales
y políticos… muchas personas, muchos colectivos están viendo ahora a los jueces
como única posibilidad para resolver los graves problemas que les atenazan.
El último al que me voy a referir es el de
los escraches a los políticos y en particular el que sufrió la vicepresidenta del Gobierno. Una cosa es
estar o no de acuerdo con esa forma de expresar el descontento por parte de la
sociedad frente a los políticos u otras personas públicas (y lo dice quien los
ha sufrido por grupos del entorno del independentismo vasco, por haber
investigado a ETA) y otra muy distinta es tratar de poner un escudo protector
como si los políticos pertenecieran a una casta patricia y por tanto
incriticable. No. Creo firmemente que, si un político es capaz de firmar una reforma de la Ley del aborto en la que se
cercena el derecho a decidir de las mujeres; si persigue a los discrepantes con leyes de seguridad exorbitantes; si se ataca al principio de Jurisdicción Universal para
instaurar la impunidad a favor de unos pocos y en contra de miles de víctimas,
debe tener la prestancia para aguantar lo el pueblo le diga aunque sea a
gritos.
El colectivo de jueces y magistrados suma
4.600 miembros y desde luego no todos están dispuestos a enfrentarse al poder,
pero existen indudables asomos de esperanza. Aún más, desde mi punto de vista
esos indicios son especialmente importantes en la medida en que muchos de ellos
no se aúpan al pedestal en el que hace ya muchos años la profesión se instaló
como una casta y son en cambio capaces de compartir las inquietudes, los
temores y las ilusiones de la gente.
No tengo duda alguna de que este es el
camino adecuado para que la Justicia sea definitivamente igual para todos.
Baltasar Garzón Real es juez,
ejerce como abogado y preside la Fundación Internacional Baltasar Garzón
Fuente: www.elplural.com
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