Artículos de Opinión | Eloina Terrón Bañuelos* | 10-02-2014
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El
municipio de San Andrés del Rabanedo, con 32.000 habitantes, paga sólo en
concepto de intereses a los bancos 2.800.000 euros anuales. Una cantidad de
dinero que daría para mantener una tercera parte de los servicios públicos de
nuestro municipio, un pueblo de la provincia de León, en la España del norte.
Estas
son las políticas neoliberales que se aplican en nuestros Ayuntamientos. El
bipartidismo neoliberal ha impuesto un sistema de pago de las deudas de
nuestros Ayuntamientos que arruina aún más a la ciudadanía y enriquece aún más
todavía a los bancos. Se podía haber elegido prestar directamente a los
Ayuntamientos el dinero para el pago de las deudas a un moderado interés del
0,25% y que los vecinos y vecinas hubiéramos podido ir reembolsándolo poco a poco
ese dinero prestado. Pero las reglas neoliberales del bipartidismo actual
establecen que el Banco Central (BCE) presta nuestro dinero público a los
Bancos privados al 0,25% y son éstos quienes se los prestan a los Ayuntamientos
al 5,40%. Una jugosa operación de saneamiento de las cuentas de los bancos por
la que se embolsan limpiamente más de 5.000 millones de euros de beneficios,
sin hacer nada más que traspasar el dinero público que les prestamos desde el
Banco Central a los Ayuntamientos, más de cinco punto y medio por encima del
interés al que lo han recibido.
Izquierda
Unida considera que esta política neoliberal, impuestas por el sistema
neoliberal, y que ahora ejecuta el PP, lo único que consigue es aumentar la
deuda de la ciudadanía de nuestros municipios y enriquecer a los bancos. No es
lógico que para pagar las deudas, el PP nos obligue a los vecinos y vecinas de
San Andrés del Rabanedo a contraer con los bancos otra deuda mayor y más
onerosa.
Como
Concejala de Izquierda Unida de San Andrés considero que es escandaloso que el
equipo de gobierno del PP de nuestro Ayuntamiento apoye este maquiavélico plan
de su partido que nos obliga a tener que pagar 2.800.000 euros anuales de
intereses a los bancos, y que se retraen de los impuestos que paga la ciudadanía,
en vez de dedicar esta ingente cantidad de dinero a prestar los servicios que
requieren los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Porque los 2.800.000 € de
intereses anuales que se pagan a los bancos da para mantener una tercera parte
de los servicios públicos de nuestro municipio, si no nos impusieran este
interés usurero que el PP ha decidido como forma de sanear las cuentas de los
bancos a costa del erario público.
Izquierda
Unida de San Andrés considera que ésta sí que es una deuda ilegítima que no
debemos ni tenemos por qué pagar. No podemos pagar esos intereses escandalosos
por un dinero público que les hemos prestado a los bancos al 0,25% y que lo
único que hacen es volver a prestárnoslo al 5,40%, obteniendo beneficios para
engordar la cuenta de sus accionistas, sin hacer nada a cambio ni producir
ningún servicio ni bien para la ciudadanía.
Izquierda
Unida de San Andrés denuncia que a los vecinos y vecinas se les sube los
impuestos indirectos y directos y que la mayor parte de ese dinero está
destinado a pagar los intereses de muchos de los bancos a los que ya hemos
rescatado directamente con miles de millones de nuestros impuestos, y ahora nos
imponen engordar más sus cuentas de dividendos indirectamente a través del pago
de intereses usureros desmedidos.
Esta
imposición no es casual. Obedece a unos planteamientos y una estrategia de
clara implantar las políticas económicas neoliberales y que ahora el PP está
implantando no sólo en San Andrés del Rabanedo, sino en todo el Estado. Porque
se está utilizando la deuda como excusa para aplicar su doctrina ideológica:
eliminar los servicios públicos a la ciudadanía y convertirlos en negocio.
Menos Estado, más mercado. Al tener que dedicar el dinero público a pagar los
intereses a los bancos, no queda dinero para mantener los servicios públicos ni
los trabajadores y trabajadoras públicas que los prestan. De esta forma mata
dos pájaros de un tiro: desmonta lo público y consigue que los servicios
públicos se conviertan en nicho de negocio para las grandes empresas asociadas
al sector bancario y financiero.
Las
pruebas las acaba de presentar recientemente el informe de la ONG, ligada a la
propia Iglesia Católica, Oxfam Intermón. Las 85 más ricas del mundo según la
lista Forbes, tienen una riqueza igual a la que comparte la mitad de la
población mundial, es decir, a la de 3.600 millones de personas. Y en España 20
personas poseen una fortuna similar a los ingresos del 20% de la población más
pobre, y es el segundo país más desigual en la Unión Europea. La crisis no ha
hecho sino acentuar esta tendencia. Y la investigación de esta organización
explica claramente que no es sólo el problema de una distribución aberrante del
dinero y la riqueza, sino que las decisiones políticas en vez de procurar el
bienestar de la mayoría, sirven a los intereses de la minoría. Esta intromisión
de los intereses económicos en el discurso mediático y en la agenda política
fortalece sus privilegios y redunda en más acumulación de riqueza y mayor
desigualdad, perpetuando así la injusticia a lo largo de generaciones. Por eso
han titulado el informe “Gobernar para las élites”.
Este
es el caso que se está produciendo en nuestros Ayuntamientos, donde el PP
gobierna para las élites, al servicio de los banqueros y los grupos financieros
que nos van a endeudar por generaciones, pues como se ha visto ya en los países
latinoamericanos y del sur es la deuda eterna, la deuda perpetua la que tiene
sujeta a las poblaciones y sigue aumentando los beneficios inmensos de las
grandes fortunas.
Por
eso son necesarias otras legislaciones y otras políticas y no estas políticas
neoliberales que hacen que la deuda sea una condena perpetua para la población,
pues con ese tipo de intereses la deuda no hace más que aumentar y nos tienen
perpetuamente hipotecados, engordando las cuentas de dividendos de los
beneficios bancarios, mientras la población de nuestro municipio se empobrece
cada vez más.
Son
estas políticas neoliberales del PP y del PSOE que se están imponiendo en todos
los Ayuntamientos las que están desmantelando lo público y convirtiendo los
municipios en esqueletos muertos sin servicios o espacios privatizados en donde
sólo accederán a esos servicios los que puedan pagarse unas tasas prohibitivas.
No podemos permitir que sigamos siendo los ciudadanos y las ciudadanas quienes
paguemos las consecuencias de esta crisis con la reducción de las prestaciones
y servicios que presta el ayuntamiento.
Porque
hay otras alternativas, frente a los recortes de empleo y servicios públicos:
hacer una fiscalidad más progresiva, recuperando impuestos de quienes se han
enriquecido con esta crisis o de quienes en vez de pagar impuestos los desvían
a paraísos fiscales. Eliminar el fraude fiscal de las grandes familias, las
grandes empresas y la gran banca. Sólo esto supone el gasto que España debería
emplear en el Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia,
servicios a personas con dependencia y otros). Lo cual implicaría que no habría
que recortar ni los servicios públicos ni el empleo público en nuestro
Ayuntamiento. Hay alternativa, sólo es cuestión de decisión política dejar de
gobernar para las élites desde políticas neoliberales y empezar a gobernar para
el pueblo desde políticas sociales. Este es el compromiso de Izquierda Unida.
*Concejala
de Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo
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