Olivia Carballar / Sevilla / 10
feb 2014 1
Restos
hallados en la fosa de Encinasola. // Juanma Guijo y Amhyja
Ésta fue la petición de María Dolores Nepomuceno, familiar de
víctima del franquismo y miembro de la Asociación de El Castillo de las Guardas
(Sevilla), al relator especial de la ONU, hace dos semanas: ”El objetivo
final de todos ellos es poder ver a los suyos, aunque sea en una cajita
pequeña. Y aunque haya leyes de las instituciones, que colaboren con las
asociaciones para poder hacer la exhumaciones porque somos los familiares los
que las promovemos. Que no nos pongan tantas trabas. Que cuando los
tengamos localizados, no tengamos que explicarles a nuestros familiares que no
los podemos sacar todavía porque hay que esperar una respuesta que no sabemos
cuál será. Es justo denunciar y necesario pero también se puede hacer después
de sacar los cadáveres. Porque en este caso hemos traído a ellas que son las
más jovenes, las hay más mayores y no aguantan, no les queda tiempo”. Las dos
mujeres a las que se refiere -una de ellas su madre- tienen 80 años.
La nueva ley de memoria que prepara la Junta de Andalucía, cuya
aprobación se ha retrasado por discrepancias entre los socios de gobierno (PSOE
e IU), está generando preocupación entre colectivos de familiares de víctimas,
que han visto distintos borradores desde que comenzó a tramitarse en la
Dirección General de Memoria Democrática, dependiente de IU. Lo que más
inquieta al colectivo es precisamente el corazón de la futura norma: las
exhumaciones. Según confirman fuentes de IU y PSOE, la ley establecerá
la obligatoriedad de la Junta a estar presente en todos los procesos de
exhumación e identificación de víctimas, una idea que venían reclamando los
propios familiares -el deber del Estado de asumir esta labor, una política
pública de memoria-. El temor, sin embargo, de las víctimas es no poder
intervenir en las fosas de modo particular, sin la supervisión de la
Administración, como se ha producido hasta ahora en la mayoría de los casos, y
la obligatoriedad de presentar la denuncia ante los juzgados una vez
localizados los restos. Esto último, consideran, puede causar situaciones como
la que se vive en Encinasola (Huelva): los huesos se están mojando a la espera
de una respuesta del juzgado. Y, hasta el momento, todos los jueces han
archivado las denuncias.
“Que colaboren con
las asociaciones, que no nos pongan tantas trabas”, piden los familiares, que
ven necesario participar en el trámite de la nueva ley para que no ocurra como
con la de 2007
“Quedan prohibidas la localización, exhumación y, en su caso, la
identificación que no hayan sido autorizadas por la Consejería competente en
materia de Memoria Democrática”, rezaba el artículo 8.2 de un viejo borrador
elaborado por IU que circuló entre los colectivos memorialistas. El artículo
también atribuía a la Consejería la responsabilidad del seguimiento de los
trabajos y su obligatoriedad de ponerlo en conocimiento de los jueces. Ese
mismo borrador, que, según fuentes de ambos partidos, ha sido ya modificado en
algunos de sus artículos, también incluía multas por excavar fosas sin la
autorización expresa de la Junta, considerado como una infracción muy grave.
En el fondo de todo ello, el nerviosismo de estos familiares es
que las exhumaciones se retrasen aún más en una cuestión en la que el tiempo
juega absolutamente en contra. “¿Va a poder exhumar la Junta las 600 fosas que
quedan por abrir? ¿Con qué dinero?”, se preguntan. Exhumaciones como la de El Marrufo, en Cádiz, donde fueron localizados 28
restos de cadáveres, identificados con las pruebas de ADN 13 de ellos y
enterrados con dignidad hace apenas un mes, no hubieran sido
posibles sin la ayuda privada. Salvo el proceso de investigación y cata,
financiado por el Gobierno de Zapatero, todo lo demás en este proceso ha sido
costeado por los familiares y la ayuda de voluntarios, entre ellos arqueólogos.
CELERIDAD
La propia Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica (ARMH), presidida por Emilio Silva, ha prestado de forma
desinteresada su ayuda en la exhumación de algunas fosas en Andalucía. La
semana pasada también manifestó sus quejas al propio director general de
Memoria Democrática de la Junta, Luis Naranjo. A través de una carta, le
expresó su preocupación por la “pasividad” con que su departamento “deja pasar
el tiempo sin exhumar e identificar a los cientos de desaparecidos andaluces,
que es algo que según la Convención Internacional contra la Desaparición
Forzada del 20 de diciembre de 2006, deben acometer las instituciones con la
máxima celeridad”, informa Europa Press. La ARMH reclama, por tanto,
celeridad en la elaboración de la norma andaluza.
El pasado 30 de enero, el Grupo de trabajo de memoria histórica de
CGT-A también pidió al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que
traslade al Gobierno andaluz y al Parlamento la necesidad de que sean
convocados todos los expertos, entidades, asociaciones y organizaciones que
tengan algo que decir sobre el tema. “Es fundamental, para este grupo de
trabajo, que esta nueva ley sea debatida en profundidad antes de su
votación y aprobación para así evitar que ocurra como con la ley de memoria
histórica de 2007, donde no se escuchó a la sociedad civil en sede
parlamentaria y ante los responsables de los grupos parlamentarios, lo que
provocó que no se tuvieran en cuenta importantes áreas y se quedó obsoleta
antes, incluso, de que se publicara en el BOE”, informa el grupo en una
nota. Fuentes del PSOE aseguran que la ley pasará por un amplio debate en
el trámite parlamentario con el asesoramiento de todo el colectivo
memorialista. Algunos familiares, aseguran, han sido ya llamados.
Fuente: http://www.andalucesdiario.es/
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