La Justicia comenzó
a juzgar las violaciones a los derechos humanos contra más de 200 personas
durante la última dictadura en un juicio en el que por primera vez están
acusados ex magistrados federales, además de ex militares, policías y
penitenciarios.
Internacional | Telam | 20-02-2014 |
Entre
los acusados se encuentran los ex jueces en funciones durante la dictadura
Rolando Carrizo, Guillermo Petra y Luis Miret; y el entonces fiscal Otilio
Romano, por facilitar como partícipes civiles el plan de exterminio ejecutado
por las Fuerzas Armadas, al no investigar las cientos de denuncias de
detenciones y desapariciones presentadas ante los magistrados.
A
su vez, por razones de salud se lo excusó de participar del debate al también
ex juez Gabriel Guzzo.
El
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1, integrado por Alejandro Waldo
Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade (juez de San Luis convocado
para este debate) se constituyó 45 minutos más tarde de la convocatoria, y
procedió a la identificación de los imputados, entre los que se encontraban
presentes en la Sala de Audiencias, y a través de seis diferentes
videoconferencias realizadas en distintos puntos del país.
La
audilencia se inició identificando a Pablo Antonio Travis, por videoconferencia
desde la Cámara de Apelaciones de Tucumán.
En
la Cámara de Apelaciones de Rosario hicieron lo propio Alcides París Francisca
y Dardo Migno.
En
la sala de Audiencias se procedió a identificar a Guillermo Omar Petra
Recabarren; Luis Francisco Miret; Miguel Angel Ponce García; Juan Carlos Ponce
Ochoa; Héctor Rubén Camargo; Pablo José Gutierrez; Rubén Darío González
Camargo; Julio Ernesto Lapaz Calderón; Otilio Irineo Roque Romano Ruíz; Oscar
Alberto Bianchi Bartell; Armando Hipólito Guevara Manrique; Pedro Modesto
Linares Pereira; Marcelo Rolando Moroy Suarez; y Miguel Angel Tello.
Entre
los acusados se encuentran los ex jueces en funciones durante la dictadura
Rolando Carrizo, Guillermo Petra y Luis Miret Por su parte,Juan Agustín
Oyarzabal presentó un escrito de su puño y letra desde Rivadavia.
Desde
la Cámara Federal de Casación Penal en la Ciudad de Buenos Aires, lo hicieron
Paulino Enrique Furió Echeverry y Ramón Angel Puebla Romero.
Desde
el Servicio Penitenciario, en Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, se presentó
Eduardo Smaha; Antonio Indalecio Garro Rodríguez; Jorge Antonio Marchelli
López; Mario Eugenio Laporta Chirelli, donde se encuentran alojados.
Desde
el Servicio Penitenciario de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires, lo hicieron
Rolando Evaristo Carrizo; Ricardo Benjamin Miranda Genaro; Carlos Horacio
Fragán.
Y
desde la Cámara Federal de Buenos Aires, se presentaron Felix Humberto Andrada
Ferreyra; José Antonio Fuertes Fernández; y Diego Fernando Morales Pastrán.
Se
prevé que durante el proceso declaren 660 testigos, y se va a extender por lo
menos 18 meses.
A
pesar de que esta primera audiencia era a simple título de la identificación de
los acusados, la Fiscalía advirtió que uno de los imputados le tomó una foto a
uno de los funcionarios sentado en el lugar de la parte acusadora.
En
ese sentido, el fiscal general Jorge Auat, funcionario de la Procuraduría de
Crímenes Contra la Humanidad de la Procuración General de la Nación, le
advirtió al tribunal: “Uno de los imputados con su máquina de fotos me tomó una
foto. En rigor de verdad no me gusta hacer alarde de bravuconadas, el hecho
concreto de tomar una foto tiene que ser observado por el Tribunal, como
objetivo intimidatorio”.
Cuando
el presidente del cuerpo le pidió si podía identificar a quien lo había
realizado, acusó al doctor Miret, tras lo cual el juez le preguntó al acusado
si efectivamente tenía una cámara, este explicó que la tenía en su teléfono, y
entonces el Tribunal se expidió: “Vamos a pedir a los acusados que se abstengan
de ese tipo de actitudes y por cuestiones de seguridad que no vengan con
cámaras de fotos a las audiencias”.
El
fiscal Dante Vega exigió continuidad en el debate, y remarcó que “no vemos
obstáculo para avanzar en la lectura de las acusaciones, y en caso que se
decida así pasar el cuarto intermedio para mañana, y no para el lunes que
viene”, petición a la que adhirió la querella en consonancia con el pedido del
Ministerio Público.
Sin
embargo, el Tribunal mantuvo la decisión inicial de pasar a un cuarto
intermedio, y de continuar el debate el lunes que viene -24 de febrero- a las
9.30 de la mañana.
Fuente: www.tercerainformación.es
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