Una
vecina de Leganés que participa en la querella argentina contra los crímenes
del Franquismo denuncia amenazas e intimidaciones.
Memoria
Histórica | S.P. - Diagonal | 20-02-2014 |
Desamparada.
Así se siente Gema Carretero, una de las víctimas que participa en la llamada “querella argentina”. Gema
cruzó el charco en 2012 para denunciar la muerte de su padre a manos del
régimen franquista en 1965. Una mañana descubrió unas pintadas en la pared
de su casa. La inscripción “Puta loca, vas a morir” junto a una cruz gamada
cubría la fachada del adosado donde vive, en Leganés (Madrid). “Cuando vi las
pintadas, sentí miedo pero pensé en que estaba amparada y dejé actuar a la
justicia. Pero, cuando archivaron mi caso, sentí terror”.
“Las
amenazas de muerte no van a parar mi lucha por la justicia para mi padre”
Carretero
acudió a comisaría para denunciar los hechos. “Dejaron un rastro de pintura que
terminaba en otra vivienda. La policía vino pero por alguna razón no lo
reflejó en su informe, al que no he tenido acceso aunque así se desprende
del auto del Juzgado”, explica Gema Carretero a Diagonal. Después de llamar a
declarar a dos personas, el juzgado de instrucción archivó el caso. “Mi abogado
me comunicó que dejaba el caso un viernes por la tarde, cuando faltaban dos
días hábiles para recurrir. Me informó de que la causa había estado perdida en
el juzgado y cuando la encontraron, la archivaron. Me dijo que lo mejor era que
pasáramos del tema. Que no lo recurriera porque no iba a prosperar. Me dio a
entender que tenía información. Entonces tuve más miedo todavía”, cuenta. “Un
día aparecieron las lámparas de mi casa rotas. Otro día me rociaron el patio
con un líquido abrasivo… y, claro, nosotros decidimos continuar con el
proceso”, explica. Y ese empeño está dando los primeros frutos ya que la
Audiencia Provincial ha reabierto su caso. “Las amenazas de muerte no van a
parar mi lucha por la justicia para mi padre”, afirma con contundencia aunque
no esconde que tiene miedo, por ella y por su familia. “Me hago más fuerte
pensando en cómo lo tuvo que pasar mi madre”, asegura.
Leganés, el
municipio donde habita, salió a la calle el pasado 1 de
diciembre para pedir el cese del jefe de la Policía Nacional, el comisario Jesús González Reglero.
Su nombre aparece en la querella argentina. Testimonios de los querellantes
apuntan que el hoy jefe de las fuerzas de seguridad del lugar fue miembro de la
Brigada Político-Social y le acusan de torturas y vejaciones.
“Ni la
policía ni nadie nos ha ofrecido protección, esto es desesperante”, explica
Gema: “Si te amenaza ETA lo tienes fácil para ser protegido. Si te amenaza la
extrema derecha, lo tienes más difícil”, sentencia.
"Hay
que seguir por el camino de la verdad, la justicia y la reparación"
“¿Problemas?,
todos”, así de contundente se muestra Bonifacio Sánchez, portavoz de la Coordinadora
estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del Franquismo
(Ceaqua), al ser preguntado por los escollos que están encontrando
para seguir adelante con su causa. Como el de Gema, el camino del resto de
querellantes no está siendo nada fácil. “De momento, por la vía de la
justicia todas las puertas están cerradas”, sentencia Sánchez. Con esta
afirmación hace referencia a la postura que la Fiscalía hizo pública el 31 de
enero. El Ministerio público rechazó extraditar a Argentina al
exinspector Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, al
considerar que los delitos de torturas de los que se le acusa en la querella
argentina están prescritos.
Sánchez
recalca que, con esta postura, el organismo público se niega a reconocer que
los delitos que se le imputan son crímenes de lesa humanidad y, por tanto,
no prescriben. “Partíamos con la idea de que la extradición no estaba entre
nuestras posibilidades, pero lo que queremos es señalar a España con el dedo,
ponerla en el mapa internacional, en el que ya figura como el segundo país
del mundo con el mayor número de desapariciones forzadas”.
Y es
entonces cuando apela a la resolución emitida por el relator de Naciones
Unidas, Pablo de Greiff, que visitó España para velar por el estado de las
víctimas de la dictadura. “Él dijo que todos estos delitos forman parte de un
todo y por ello se pueden considerar crímenes de lesa humanidad. Al Estado el
problema le rebasa, lo ha denunciado la ONU, está en los medios
internacionales”, expresa Sánchez.
Sabotaje
desde Interior
A estos
problemas se añaden las “presiones políticas”. “El embajador de Argentina en
Madrid nos ha hablado de presiones desde el Gobierno. Han bloqueado un
proceso de videoconferencia para que las víctimas declaren desde los
consulados y embajadas de Argentina, sin tener que desplazarse hasta allá. Nos
han hablado de presiones desde los ministerios de Asuntos Exteriores y
Justicia”, explica el portavoz de Ceaqua. Pero, pese a todo, los querellantes
siguen caminando porque “llegados este punto, no es el momento de retroceder.
Hay que seguir por el camino de la verdad, la justicia y la reparación”.
Miedo a
represalias desde 1965
Gema
Carretero ha convivido con el miedo desde su más tierna infancia. En concreto,
desde aquel 26 de mayo de 1965 en el que su padre fue hallado muerto en los
campos de Casas de Haro (Cuenca). “Le tendieron una emboscada cuando acababa de
ganar unas elecciones para representar a los trabajadores en el sindicato”,
explica su hija mientras enseña el parte de defunción en el que unos puntos
suspensivos sustituyen al motivo de su muerte. “El cura del pueblo le decía a
mi madre que si seguía afirmando que a su marido lo asesinaron la darían por
loca”, cuenta Gema.
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