Privatizar el Registro Civil está dando ya
enormes beneficios para empresas privadas y también para el cuerpo de
registradores mercantiles.
Francisco Delgado15 de Marzo de 2015 (13:57 h.)
Privatizar el Registro Civil está
dando ya enormes beneficios para empresas privadas y, posteriormente,
también, para el cuerpo de registradores
mercantiles, en un alarde de presunta prevaricación por parte del
actual Gobierno. Pero el problema es mucho más profundo y tiene que ver con un
doble proyecto ideológico concreto. Por un lado la propuesta enfermiza de una
determinada derecha casposa e insolidaria que pretende privatizarlo todo, por
supuesto los beneficios, no los riesgos, ni las pérdidas. Pero el segundo
aspecto de esta propuesta es, si cabe, de mucho mayor calado político
ideológico.
Los Registros Civiles modernos tiene su germen
en la Revolución francesa (1793), aunque
sus orígenes son muy anteriores y aparecen en culturas orientales, en la
civilización del imperio romano y, claro, en la Edad media “controlados”,
básicamente, por la iglesia católica a través del bautismo y del resto de ritos
de paso.
Con el inicio de la secularización de la
sociedad y de la libertad de culto, sobre todo a raíz de la época de la
Ilustración, los Registros Civiles pasan a ser controlados y organizados por el
Estado, dentro de la red pública, bien por entidades locales, comunales o estatales,
y casi siempre en el ámbito de la organización de Justicia. A lo largo
del s.XIX los Registros Civiles dependientes de los Estados modernos, se
extienden por el resto del mundo. Así la Iglesia deja de “ejercer un poder
“que tenía, casi en exclusiva, hasta entonces: Los datos de la ciudadanía a
través de los ritos de paso sacramentales.
El Registro Civil en España comenzó en enero de
1871, a raíz de la entrada en
vigor de leyes estatales que lo instauraban, exigiendo a los municipios la
creación de un Registro Civil en el que se debían inscribir los datos
referentes al estado civil de todos los españoles y españolas (nacimientos,
matrimonios, defunciones, etc.), al margen de sus creencias.
Recientemente, en 2011 el gobierno del PSOE
trató de “modernizar” y de “desregular” la dependencia del Registro Civil del
ámbito de los jueces. Quizá con buenas intenciones en un inicio, pero que no
supo o no quiso rematar o se vio envuelto en un magma corporativo. Precisamente
ahí esté el inicio del “problema”, que ahora el Partido Popular quiere “rematar
la faena”, si las próximas elecciones y una nueva mayoría parlamentaria no se
lo impiden.
El PP, primero, ha puesto en manos de empresas
privadas de nuevas tecnologías datos de la ciudadanía que son
sensibles, obviando los más elementales principios de laProtección
de Datos y, ahora, pretende poner los registros civiles en manos de
los registradores mercantiles (y de la propiedad).
Es evidente que había que modernizar el
Registro Civil en España, dar una nueva funcionalidad en base a los
principios de igualdad y usando las nuevas tecnologías al máximo, pero dentro de
los límites del Estado de Derecho y de la privacidad que cada persona merece y
que sólo se consagran en el ámbito público. Por seguridad e igualdad de todos y
todas ante la Ley. Principio constitucional muy importante, que con esta
propuesta se destroza.
Hay que tener en cuenta los enormes riesgos que
se corren cuando los datos personales más relevantes de la ciudadanía, desde
las inscripciones de nacimiento a las de defunción, pasando por
toda una serie de actos fundamentales, dejen de estar bajo el control de la
administración pública. Ya sea central, territorial o local.
Con esta reforma pasarán a la gestión de
intereses privados, con todos los peligros en la seguridad y privacidad de las
personas que ello puede conllevar.
Muchos políticos y colectivos sindicales se
equivocan cuando la denuncia de este hecho la hacen basándose,
fundamentalmente, en cuestiones puramente mercantiles,
de pago de aranceles por parte de la ciudadanía, de suculentos pelotazos y de
supuesta prevaricación (que también).
Pero la cuestión de fondo tiene que ver mucho
más con el desmantelamiento del Estado de Derecho y de la laicidad
institucional, que se fue construyendo muy poco a poco y con mucho esfuerzo
a raíz de la Revolución Francesa. Y ahora se trata de de-construir, si nuevas
mayorías políticas no lo remedian. Suponiendo que lo quieran remediar.
Si se consumara este despropósito, si no se
remediara posteriormente, en mi testamento vital y en el de últimas voluntades
exigiré, que un registrador mercantil no anote mi fallecimiento, ya que me
parece un hecho denigrante, al que tengo derecho a renunciar al final de la vida.
Propongo que así se haga por parte de quienes lo consideren.
Fuente: www.nuevatribuna.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario