Rafael
Eduardo Torres revela al juez que sus dietas iban a una cuenta corriente del
sindicato y que la tarjeta black se usaba para actividades sindicales. La
Ejecutiva Confederal, con Cándido Méndez a la cabeza, conocía este
procedimiento
El secretario general de UGT, Cándido Méndez. EFE
JULIA PÉREZ
Publicado: 12.03.2015 14:09 | Actualizado:
Hace 3 horas
MADRID.- Sorpresa en la declaración ante el juez Fernando
Andreu de uno de los exconsejero de Caja Madrid beneficiados por las tarjetas
black, opacas al fisco. Rafael Eduardo Torres, exconsejero de la comisión de
control ha reconocido que la Unión General de Trabajadores se financiaba con
sus dietas y con su tarjeta black. Este desvío de dinero estaba regulado
por el sindicato y era conocido por la Ejecutiva Confederal, cuyo secretario
general es Cándido Méndez.
Es más, Rafael Eduardo Torres ha revelado que sus dietas por asistencia a la Comisión de Control iban directamente a una cuenta de UGT desde Caja Madrid. Posteriormente, UGT le daba “algo pero no todo” por su asistencia a los consejos.
Además, tenía a su disposición una tarjeta black, con la que gastó un total de 82.300 euros con cargo a la entidad entre los años 2001 y 2006. Elegido por el sector general de empleados de UGT, le entregaron la tarjeta para “viajes, alojamiento, comida, libros y algún tipo de vestuario”. Él dedicaba una parte a “gastos propios del cargo, no tanto como representación”; un segundo bloque era para gastos derivados de su actividad sindical, como viajes y visitas a trabajadores y, por último, el tercer bloque se destinó a circulares, octavillas y otros gastos de papelería e imprenta del sindicato.
Es más, Rafael Eduardo Torres ha revelado que sus dietas por asistencia a la Comisión de Control iban directamente a una cuenta de UGT desde Caja Madrid. Posteriormente, UGT le daba “algo pero no todo” por su asistencia a los consejos.
Además, tenía a su disposición una tarjeta black, con la que gastó un total de 82.300 euros con cargo a la entidad entre los años 2001 y 2006. Elegido por el sector general de empleados de UGT, le entregaron la tarjeta para “viajes, alojamiento, comida, libros y algún tipo de vestuario”. Él dedicaba una parte a “gastos propios del cargo, no tanto como representación”; un segundo bloque era para gastos derivados de su actividad sindical, como viajes y visitas a trabajadores y, por último, el tercer bloque se destinó a circulares, octavillas y otros gastos de papelería e imprenta del sindicato.
El juez Andreu ha seguido en su línea incisiva en las
declaraciones de este jueves de trece exconsejeros de Caja Madrid. Así, a
Torres le ha preguntado que si la tarjeta era para gastos de representación,
¿por qué la usó después de cesar en su cargo? “Me dijeron que podía seguir
usándola hasta que no funcionase”, ha aclarado el sindicalista, confirmando
que podían utilizarla tres meses después de cesar. Y, así, “un día fui a realizar
un pago, y ya no me funcionaba”.
Así, la tarjeta black de Torres sirvió para pagar 29.212 euros de una imprenta, Serviprint, que en realidad era material para el sindicato UGT. Otro gasto habitual suyo era el Hotel Sancho de Madrid, de tres estrellas, donde el consejero de UGT gastó cerca de 11.500 euros en once ocasiones, con gastos con un promedio diario superior a los 1.000 euros.
“¿Pero usted no tenía ya las dietas?”, le ha preguntado Andreu. “No, todo lo que recibía por dietas se ingresaba en una cuenta de UGT. Estaba procedimentado”, ha respondido. Esta forma de gestionar era “conocido y vigilado” por el control interno dentro de su Sección Sindical y “avalado” por la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT. Es más, estos ingresos “tienen que constar en el informe anual”.
La mayoría de los trece exconsejeros que han declarado hoy ante el juzgado central de Instrucción 4 han reconocido que el gasto en sus tarjetas black era un complemento salarial de libre disposición. Todos daban por hecho que la Caja incluía sus gastos en el certificado de retenciones fiscales que les entregaba.
Tres exconsejeros –Candido Ceron, Fernando Anton y Manuel Rodríguez González- han asegurado que no eran consejeros de la Caja, sino representantes de la Comunidad de Madrid en la Comisión de Control. Esto es, defendían los intereses del Gobierno Autónomo y no de la Caja. Era una forma de desligarse de las responsabilidades penales que puedan derivarse del gobierno corporativo de la Caja. A los tres les dijeron que era un “paquete retributivo”, compuesto íntegramente por gastos de libre disposición. Recibían “un tanto alzado” por acudir a las reuniones, pero no eran dietas en su opinión.
Ceron fue nombrado como representante de la consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid y asegura que su tarjeta black fue clonada aunque luego la cancelaron. Por ello, hay muchos gastos que no los reconoce. Antón ha revelado que “la gente” hablaba “con total naturalidad” de la tarjeta, que tenía un límite de 25.000 euros anuales.
Uno de los más veteranos era Alejandro Couceiro Ojeda, representante de la patronal madrileña CEIM entre 1993 y 2006. Por ello, ha recibido “muchas tarjetas”. La que le dieron en 1993 ya era de libre disposición y en este tiempo la única indicación que recibió era el límite a gastar al mes. “La institución no estaba obligada de entregarla, ni el de exigirla”. Así se lo dijeron. Hacia el año 2003-2004 le dijeron que el efecto fiscal lo asumía Caja Madrid. ¿Es que antes no no se había interesado?”, ha apostillado el juez Andreu.
El exconsejero José Acosta -62.300 euros de gasto durante el tiempo que fue consejero- ha incidido en que la tarjeta era de libre disposición. Cuando Pablo Abejas se la entregó, le dijo que Caja Madrid llevaría el control y que fueran prudentes en el gasto; “no en la cantidad, sino en el objeto” y, entre bromas, le comentó que la tarjeta ““no estaba para gastos eróticos”. Él pensaba que la entidad era la que realizaba su retención fiscal en la certificación que le entregaba cada año.
En el interrogatorio a Beltran Gutierrez Moliner, el juez Andreu le ha preguntado por su profesión. Cuando le ha respondido que Economista, el magistrado le ha replicado “Como economista, ¿no sabe que el obligado tributario es usted?”. No, él pensaba que era Caja Madrid la que regalaba. Como muchos otros, ha realizado una declaración complementaria ante Hacienda, basándose en lo publicado en los medios de comunicación. Bankia “se ha negado a dármelos”. Es más, hasta que no ha estado imputado no ha podido conocer el gasto que se le atribuía.
Juan Iranzo, expresidente del Instituto de Estudios Económicos, ha definido el gasto en tarjeta black como “complemento retributivo” y confiaba en que los servicios fiscales lo incluyeran en sus retenciones fiscales. El diálogo entre el juez e Iranzo –que llegó a comprar ropa interior con frecuencia con cargo a la tarjeta- no ha tenido desperdicio:
Juez Andreu: ¿A qué se dedica?
Cuando Iranzo le ha respondido que es economista y que ha pertenecido a varios consejos de administración, Andreu ha vuelto a la carga:
Andreu: “Dados sus conocimientos ¿no le parecería extravagante recibir una tarjeta sin soporte contractual o acuerdo de los órganos de gobierno?
Iranzo: “No soy especialista en esos temas. Tenía la confianza de que estuviera bien”
El expresidente de Renfe, Miguel Corsini, ha incidido en que se dirigió a la Fundación Caja Madrid para devolver el dinero gastado con la tarjeta black. Pero ésta lo rechazo. Al final, ha realizado un ingreso en el Fondo de Reestructuración Bancaria (Frob).
Así, la tarjeta black de Torres sirvió para pagar 29.212 euros de una imprenta, Serviprint, que en realidad era material para el sindicato UGT. Otro gasto habitual suyo era el Hotel Sancho de Madrid, de tres estrellas, donde el consejero de UGT gastó cerca de 11.500 euros en once ocasiones, con gastos con un promedio diario superior a los 1.000 euros.
“¿Pero usted no tenía ya las dietas?”, le ha preguntado Andreu. “No, todo lo que recibía por dietas se ingresaba en una cuenta de UGT. Estaba procedimentado”, ha respondido. Esta forma de gestionar era “conocido y vigilado” por el control interno dentro de su Sección Sindical y “avalado” por la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT. Es más, estos ingresos “tienen que constar en el informe anual”.
La mayoría de los trece exconsejeros que han declarado hoy ante el juzgado central de Instrucción 4 han reconocido que el gasto en sus tarjetas black era un complemento salarial de libre disposición. Todos daban por hecho que la Caja incluía sus gastos en el certificado de retenciones fiscales que les entregaba.
Tres exconsejeros –Candido Ceron, Fernando Anton y Manuel Rodríguez González- han asegurado que no eran consejeros de la Caja, sino representantes de la Comunidad de Madrid en la Comisión de Control. Esto es, defendían los intereses del Gobierno Autónomo y no de la Caja. Era una forma de desligarse de las responsabilidades penales que puedan derivarse del gobierno corporativo de la Caja. A los tres les dijeron que era un “paquete retributivo”, compuesto íntegramente por gastos de libre disposición. Recibían “un tanto alzado” por acudir a las reuniones, pero no eran dietas en su opinión.
Ceron fue nombrado como representante de la consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid y asegura que su tarjeta black fue clonada aunque luego la cancelaron. Por ello, hay muchos gastos que no los reconoce. Antón ha revelado que “la gente” hablaba “con total naturalidad” de la tarjeta, que tenía un límite de 25.000 euros anuales.
Uno de los más veteranos era Alejandro Couceiro Ojeda, representante de la patronal madrileña CEIM entre 1993 y 2006. Por ello, ha recibido “muchas tarjetas”. La que le dieron en 1993 ya era de libre disposición y en este tiempo la única indicación que recibió era el límite a gastar al mes. “La institución no estaba obligada de entregarla, ni el de exigirla”. Así se lo dijeron. Hacia el año 2003-2004 le dijeron que el efecto fiscal lo asumía Caja Madrid. ¿Es que antes no no se había interesado?”, ha apostillado el juez Andreu.
El exconsejero José Acosta -62.300 euros de gasto durante el tiempo que fue consejero- ha incidido en que la tarjeta era de libre disposición. Cuando Pablo Abejas se la entregó, le dijo que Caja Madrid llevaría el control y que fueran prudentes en el gasto; “no en la cantidad, sino en el objeto” y, entre bromas, le comentó que la tarjeta ““no estaba para gastos eróticos”. Él pensaba que la entidad era la que realizaba su retención fiscal en la certificación que le entregaba cada año.
En el interrogatorio a Beltran Gutierrez Moliner, el juez Andreu le ha preguntado por su profesión. Cuando le ha respondido que Economista, el magistrado le ha replicado “Como economista, ¿no sabe que el obligado tributario es usted?”. No, él pensaba que era Caja Madrid la que regalaba. Como muchos otros, ha realizado una declaración complementaria ante Hacienda, basándose en lo publicado en los medios de comunicación. Bankia “se ha negado a dármelos”. Es más, hasta que no ha estado imputado no ha podido conocer el gasto que se le atribuía.
Juan Iranzo, expresidente del Instituto de Estudios Económicos, ha definido el gasto en tarjeta black como “complemento retributivo” y confiaba en que los servicios fiscales lo incluyeran en sus retenciones fiscales. El diálogo entre el juez e Iranzo –que llegó a comprar ropa interior con frecuencia con cargo a la tarjeta- no ha tenido desperdicio:
Juez Andreu: ¿A qué se dedica?
Cuando Iranzo le ha respondido que es economista y que ha pertenecido a varios consejos de administración, Andreu ha vuelto a la carga:
Andreu: “Dados sus conocimientos ¿no le parecería extravagante recibir una tarjeta sin soporte contractual o acuerdo de los órganos de gobierno?
Iranzo: “No soy especialista en esos temas. Tenía la confianza de que estuviera bien”
El expresidente de Renfe, Miguel Corsini, ha incidido en que se dirigió a la Fundación Caja Madrid para devolver el dinero gastado con la tarjeta black. Pero ésta lo rechazo. Al final, ha realizado un ingreso en el Fondo de Reestructuración Bancaria (Frob).
Fuente: www.publico.es
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