Es un imperativo
categórico
moral para una sociedad verdaderamente
democrática,
reparar
el dolor que, en el seno de la misma, provocaron los decenios de infamia y oprobio del franquismo.
Resulta
inaceptable
que
se
haya
querido mantener el velo
del olvido con el que el régimen dictatorial intentó ocultar sus crímenes.
Ampararse en una ley preconstitucional de auténtico "punto final", como fue la Ley de Amnistía,
para exonerar a los agentes de la represión del régimen ,es un hecho que se da comúnmente en los tribunales españoles y
que
ha sido duramente criticado en
reiteradas ocasiones por organismos internacionales de Derechos Humanos.
Pretender que un "crimen de
lesa
humanidad" prescribe, es atentar contra todos los principios de derecho internacional que nuestro estado dice defender.
Incumplir órdenes internacionales
de búsqueda,
captura y extradición es
un hecho gravísimo, indefendible
en
una
sociedad que se pretende
moderna y
democrática en
el seno de
una comunidad internacional defensora de los Derechos Humanos.
Acabar con el principio de Justicia Universal para seguir amparando, también, al
franquismo, es un hecho que está provocando, además, gravísimas
consecuencias de derecho penal.
No perseguir, como
si se hace internacionalmente,
a los nazis
que torturaron durante
años a millones
de seres humanos, incluyendo miles de españoles, es hacer continuismo con un régimen que negó la "españolidad"
de esas personas cuando fueron capturados por sus aliados de dos guerras.
Las asociaciones memorialistas aragonesas denunciamos estos actos del estado.
Se nos ha amparado internacionalmente, pero en nuestro propio país se nos ha dado la espalda por parte de las autoridades reiteradamente.
Una sociedad que niega Verdad, Justicia y Reparación a unas víctimas aplastadas por el peso de una injusticia histórica y que, sin embargo, rinde homenajes a otras, prolonga una situación que, inevitablemente se manifiesta como una enfermedad en el seno de la misma.
Pedimos pues, a las formaciones
políticas, que se pronuncien
públicamente y denuncien estos hechos asumiendo en
sus programas electorales las reivindicaciones por las que las
asociaciones memorialistas
llevamos luchando años.
Y para ello planteamos los siguientes puntos:
-Relanzar
el proyecto
de Amarga Memoria, u otro similar, para que exista, por
fin, un órgano institucional que apoye a las víctimas e investigue los
hechos para que, a través de un cabal conocimiento de los mismos, exhume, dignifique y palie, en la medida de lo posible, el daño hecho a la sociedad por este abandono institucional
-Elevar al ejecutivo central proyectos para conseguir
un punto de partida irrenunciable, es decir,
una COMISIÓN DE LA VERDAD, que también podría desarrollarse
a nivel autonómico, con cuyas conclusiones se podría elaborar un plan de políticas efectivas de rehabilitación social.
-Retomar los expedientes de todos los funcionarios públicos expulsados de
sus puestos por su "desafección" al régimen golpista, debería procederse a su rehabilitación, homenaje y la aceptación de las consecuencias de estos actos a todos los niveles.
-Dignificar TODAS las fosas conocidas, convirtiéndolas en auténticos "lugares de la memoria" con las consecuencias sociales y pedagógicas que este hecho lleva implícito.
Exhumar aquellas que los familiares soliciten
con la colaboración de expertos y asociaciones de memoria histórica.
-Incorporar al
currículo la enseñanza de la Historia de esos años haciendo hincapié en los hechos sucedidos y durante tantos años tergiversados y ocultados por el régimen vencedor y obviados por la sociedad democrática.
-Realizar acciones políticas
y judiciales encaminadas a la derogación de los juicios franquistas y la Ley de Amnistía, cumpliendo con las obligaciones que en materia de Derechos Humanos ha de satisfacer el estado en el contexto internacional.
-Desarrollar la Ley de Memoria Histórica, incluso a nivel autonómico, con un apoyo explícito de discriminación positiva en defensa de las personas y colectivos perseguidos durante años por el franquismo, con su rehabilitación y la reparación a que el desarrollo de estas norma jurídica les diera derecho.
-En aplicación de esta misma norma jurídica, eliminar
todos los restos de símbolos y
nombres franquistas de nuestras calles a nivel local, autonómico y estatal. Exigiendo a la Iglesia Católica
y otras personas jurídicas la misma aplicación de esta norma a la que estarían obligados como toda la ciudadanía.
Cierto es que los ciudadanos que vivieron
oprimidos durante los decenios que duró el franquismo, esperaban una vuelta a un sistema político que, en primer lugar diera a la sociedad la Verdad, Justicia y Reparación, a la que tenía derecho a aspirar tras tan largo y tenebroso episodio de nuestra Historia.
Las circunstancias políticas del momento obligaron a realizar un pacto no escrito para prolongar el silencio.
Dicho pacto no debe durar ni un día más y está en manos de la voluntad de las organizaciones
políticas representativas el que así sea.
"DAD PALABRA AL DOLOR,
EL DOLOR QUE NO SE EXPRESA,
ACABA PUDRIENDO EL CORAZÓN"
(William Shakespeare).
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