GESTHA advierte de que el nuevo plan del ministro
Montoro no reducirà la economía sumergida
El
80% de la plantilla de la Agencia Tributaria se dedica a perseguir pequeñas irregularidades,
mientras que solo el 20% de la plantilla persigue a las grandes fortunas,
corporaciones empresariales y multinacionales, responsables de casi las tres
cuartas partes del fraude en España.
nuevatribuna.es 11 de Marzo de 2015 (17:04 h.)
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) lamentan
que el nuevo Plan Anual de Control Tributario y Aduanero publicado
este martes en el BOE sea "poco ambicioso" en sus objetivos y la
ausencia de cambios organizativos y de la selección de contribuyentes no
lograrán reducir la economía sumergida (que asciende al 24,6% del PIB) y
acabar con la sensación de impunidad de quienes defraudan.
En este sentido, explicaron que el objetivo de prevención y
control del fraude previsto para 2015 en un máximo de 11.300 millones se
superará como ocurre tradicionalmente, pues el objetivo previsto para 2015 es
inferior en mil millones a los resultados logrados en 2014 por la
Agencia Tributaria del Estado (AEAT), ya que ascendieron a 12.318 millones.
Aún con ello, Gestha recordó que en 2014 fue el mejor de los
años de la AEAT, pese a lo cual los resultados representaron un 23% de la
evasión fiscal estimada, es decir que el 77% del fraude fiscal estimado
en nuestro país quedó impune a pesar de los resultados récord
obtenidos por Hacienda.
El motivo de esta falta de eficacia reside, según el
colectivo, en varios motivos: la inexistencia de estudios oficiales de
economía sumergida, una organización tributaria antigua y poco adaptada a los
cambios sociales y económicos, la falta de personal dedicado a la lucha contra
la economía sumergida, la vigencia de una normativa que permite eludir
legalmente el pago de impuestos y lo mal enfocada que se encuentra la lucha
contra el fraude.
A este respecto, destacaron que actualmente el 80% de la
plantilla se centra en perseguir los pequeños fraudes e irregularidades de
autónomos, pymes y trabajadores o pensionistas, mientras que solo el 20% de
la plantilla persigue el fraude más cuantioso y sofisticado de las grandes
fortunas, corporaciones empresariales y multinacionales, responsables de casi
las tres cuartas partes del fraude en España.
No en vano, Gestha señala que si se aumentara la
responsabilidad y competencias de los Técnicos de Hacienda y de los demás
colectivos implicados en la lucha contra el fraude y se pusieran en marcha
medidas más contundentes, como la prohibición de los pagos en efectivo por
encima de los mil euros o el establecimiento de un límite máximo del 5% en la
participación de las SICAV, los resultados de recaudación podrían aumentar a
medio plazo en cerca de 8.200 millones de euros anuales adicionales a los
objetivos marcados.
Escasas novedades
Respecto a las novedades introducidas en el plan de este
año, Gestha destaca el rastreo de más de 200.000 dominios para su posterior
incorporación a las bases de datos tributaria, así como continuar con el
control del consumo de energía eléctrica para detectar los alquileres no
declarados de viviendas e inmuebles, un control que se inició a partir de 2010
y que puede contribuir a reducir una de las bolsas de fraude históricas de
nuestro país y más fácilmente controlable.
Respecto a la investigación de patrimonios situados en el
extranjero, Gestha recuerda el procedimiento iniciado por la
Comisión Europea, que considera «desproporcionadas» las sanciones y la
imprescriptibilidad de dichos patrimonios que no se hayan declarado en plazo en
el modelo 720 de bienes y derechos en el exterior, algo que los técnicos de
Hacienda ya advirtieron al aprobarse la ley antifraude en 2012.
En este sentido, los extranjeros residentes en España
que mantengan propiedades en sus países de origen e incumplan la obligación de
presentar el modelo 720 podrían llevar una sanción mínima de 10.000 euros o de
1.500 euros si presentan fuera de plazo, pero, en general, nunca van a estar
afectados por la tributación en el IRPF (ganancia patrimonial no justificada a
tarifa de la renta general) ni por tanto incurrirán en la sanción especial del
150% siempre que puedan probar que los bienes se corresponden con rentas
obtenidas en los años en los cuales no fueron residentes en España.
En esta posible sanción podrían incurrir buena parte del
millón de extranjeros residentes en España originarios de países con alto poder
adquisitivo, puesto que en 2013, el primer año en que entró en vigor la
obligación de informar de los bienes y derechos situados en el extranjero,
131.414 contribuyentes presentaron el modelo 720 declarando 87.800 millones.
Fuera de plazo lo presentaron otras 2.899 personas más declarando 1.165
millones adicionales, y en 2014, han declarado bienes y derechos en el
extranjero 31.824 contribuyentes por importe de 20.449 millones.
Finalmente, en el ámbito de la fiscalidad internacional,
los Técnicos recalcan que se haga realidad la intensificación del combate
contra la planificación fiscal abusiva, como el control de pagos al exterior e
investigación de operaciones complejas o la residencia en paraísos fiscales,
aunque se muestran escépticos a que se adelante el intercambio automático de
cuentas financieras previstos a partir de septiembre de 2017 entre la
cincuentena de países firmantes del acuerdo de octubre pasado.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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