12 de Marzo de 2015 (14:59 h.)
Este breve artículo no lo escribo desde ninguna pretendida
imparcialidad, ni desde ninguna pretendida distancia. Y no es así sencillamante
por mi aprecio personal a Ramón Sáez y por mi respeto profesional por su
trabajo, podamos estar después más o menos deacuerdo en algún argumento
concreto.
Pero sí que es un artículo escrito desde un claro estupor
personal - mío y sólo mío personal, tras desayunarme esta misma mañana con la
prensa del día -, y desde la necesidad de tomarme unos minutos para decir basta
ya, a una serie de críticas tan reiterativas como injustas que, sinceramente,
aparentan alcanzar ya la categoría de "cacería".
Digo "cacería" y basta con mirar la portada de hoy
de algún medio nacional en el que, con muy criticable criterio, se exhiben las
fotos de los magistrados de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcárcel,
Manuela Fernández Prado y Javier Martínez Lázaro, acompañando la noticia de
la fuga de ayer del etarra Plazaola, y a la que solo le faltaba un "Se
busca" acompañándolas, estilo "far west".
Me parece un auténtico exceso.
No ya sólo dicha portada, no, sino la inquietante secuencia
de actos y tratamiento de informaciones de estos pasados meses por parte de
distintos medios en los que queda inserta la misma. Informaciones en las que
los apelativos de magistrado "antisistema" o magistrado
"indignado" han sido excesos verbales al orden del día que, con mejor
prudencia atemperando la crítica, no deberían haberse producido. Sencillamente
no puedo evitar que me venga a la cabeza el artículo "Conciencia del
límite" del profesor, y ex Presidente del Tribunal Constitucional,
Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA el 14 de Febrero de 1996 y que,
al parecer, muchas más personas deberían recordar y releer también estos días.
No. Ni toda la comprensible indignación que se quiera por
los acontecimientos de ayer, Día Europeo, además, de las Víctimas del
Terrorismo, ni todo el compromiso que se quiera en la lucha contra la impunidad
de ETA justifica tales planteamientos mediáticos contra tres magistrados que
han obrado según su leal saber y entender y mediante resolución motivada, se
comparta más o menos dicha resolución después.
Yo mismo llevo años de trabajo para fundamentar
jurídicamente e impulsar que los Jefes de ETA respondan por las expulsiones
forzadas de población y otros muchos crímenes contra la humanidad y actos de
genocidio a día de hoy todavía impunes en nuestro país y, con independencia de
las legítimas interpretaciones jurídicas de cada cual y de los legítimos
desacuerdos que en su momento habrán de ser jurídicamente confrontadas como
corresponde en Derecho, reitero que nada de ello justifica que se pase a los
ataques personales, que se insinúen o se pongan en juicio valores de ética o
profesionalidad personal, ni nada remotamente semejante.
Simplemente los argumentos jurídicos de una corriente
interpretativa deberán ser contestados con otros argumentos jurídicos de la
corriente interpretativa contraria, y después resultará una cosa u otra
jurídicamente, pero siempre desde el elemental respeto debido a la
profesionalidad y corrección personal que no deberían ser ni tan siquiera
objeto de insinuación, menos aún tratándose de magistrados con largos años de
servicio a nuestra sociedad.
Todo esto es un error. Y un exceso. Y algún día sería de
agradecer que quien se pronunciase también, y no de modo meramente personal
como en este artículo, fuese el Consejo General del Poder Judicial, qué se yo.
Quien se fugó ayer fue Plazaola y solo Plazaola.
Y las razones de que esa fuga fuese posible parecen recaer más
en otras descoordinaciones fortuitas que nada tienen que ver con la Audiencia
Nacional, y ante las que más prudente sería esperar, en todo caso, a que éstas
resultasen debidamente esclarecidas, en vez de apresurarse a sacar hoy mismo la
foto de nadie estilo "Se busca" en ninguna portada.
Toda esta situación representa una auténtica injusticia y
una, además, cometida contra quienes no la merecen. Y entiendo que no debo ser
el único en pensarlo y que estaría bien que otras personas que así lo piensan
lo expresasen también con nombres y apellidos en solidaridad con tres juristas
honrados que no se merecen nada de esto. Y, punto y aparte, luego debatiremos
jurídicamente lo que haya que debatir, como corresponde.
Miguel Ángel Rodríguez Arias. Experto en Derecho penal
internacional. Autor de las primeras investigaciones jurídicas sobre las
desapariciones forzadas infantiles y de adultos de la dictadura franquista y
otros trabajos en materia de responsabilidad penal internacional de empresas
transnacionales por violación de los derechos humanos; actualmente dirige las
querellas por actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad contra los jefes
de ETA en la Audiencia Nacional.
Fuente: www.nuevaribuna.es
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