Comentario de texto a las nuevas medidas del
Gobierno contra la corrupción
29/03/2015 - 23:51h
Jueves, 26 de marzo de 2015. Se abre el telón y sube a
la tribuna de oradores del Congreso el señor José Antonio Bermúdez de Castro,
secretario general del grupo parlamentario del PP. En la misma semana en la que
un juez acaba de acreditar que este partido se financió de forma ilegal durante
casi dos décadas, el PP presenta un “plan de regeneración democrática” para
combatir la corrupción. En negrita van algunas de las frases de Bermúdez
de Castro ante el pleno del Congreso de los Diputados. Entre medias, mis apostillas.
Bermúdez de Castro es el mismo diputado que una
vez perdió un sobre lleno de billetes en un bar, para pasmo de los parroquianos.
“Muchas
gracias, señora vicepresidenta.”
Gracias, señora Villalobos, por no jugar al Candy
Crush durante este debate.
“Señorías, finaliza hoy la tramitación
parlamentaria de (…) el plan más amplio, más ambicioso y más completo que nunca
antes esta Cámara había debatido en favor de la mejora de la calidad de nuestra
democracia, en respuesta a la desafección ciudadana y de manera especial en la
lucha contra la corrupción política.”
Ese “ambicioso” plan es, en realidad, el de siempre:
las mismas medidas propagandísticas que lleva anunciando Mariano Rajoy desde
hace ya dos años y que apenas cambian gran cosa. Ya es mala suerte que
estas reformas tan “ambiciosas” se hayan votado justo unos días después de que
el juez Pablo Ruz considere probada la financiación ilegal del partido desde
prácticamente su nacimiento, y apenas unas horas después de que el PP haya
tenido que pagar un cuarto de millón de euros en la Audiencia Nacional por el
lucro que obtuvo de la trama Gürtel.
“Fortalecer la democracia consiste en reformar lo que
funciona para que funcione mejor, en corregir sus defectos y desviaciones, en
mejorar la calidad y el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas y
eso es precisamente lo que hacemos con estas leyes.”
Fortalecer la democracia, al parecer, también pasa por
presionar a medios de comunicación para que silencien a periodistas incómodos, como
Jesús Cintora.
O por sacar de Jerusalén a una
periodista de la televisión pública que no gustaba al gobierno de Israel. O porque un diputado del PP, impunemente, llame
a esta misma periodista portavoz de Hamás, O porque
el Supremo mande a la cárcel a unos manifestantes que ejercían su libertad de expresión. O por aprobar
la
ley mordaza.
Todo esto, en apenas dos semanas. ¿En Venezuela? No. En España.
“Con la ley reguladora del
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado establecemos
los requisitos de idoneidad, de honorabilidad, de experiencia y de competencia
profesional de quienes hayan sido llamados a ejercer un alto cargo en la
Administración General del Estado.”
La idoneidad del hijo de Esperanza
Aguirre. La experiencia de la hija de Eduardo Zaplana. La competencia de la
exnovia de Alberto Núñez Feijóo. Todos estos nombramientos tan familiares, y
muchos más,
forman parte de esos más de 600 asesores y altos cargos del Gobierno que, con
la nueva ley, podrán seguir siendo nombrados a dedo, exactamente igual que pasa
ahora.
“Además, reforzamos –que no se diga otra cosa– las
limitaciones de la denominada puerta giratoria, lo que pasa es que lo hacemos
huyendo de criterios populistas.”
Antes de la reforma, el tiempo necesario para que un
alto cargo se pudiese largar a la empresa privada a hacer negocios en los
mismos sectores que administró desde lo público era de dos años.
Después de esta ambiciosa reforma, el plazo para tomar
la puerta giratoria sigue siendo de dos años. Un gran refuerzo, sin duda.
“A partir de ahora van a quedar prohibidas
las condonaciones de deuda a los partidos”.
Casualmente, el PP hace décadas que no recurre a las
condonaciones de deuda para tapar sus agujeros. En Génova eran más de donativos
ilegales.
“Van a quedar prohibidas las donaciones de
personas jurídicas a los partidos para separar con carácter definitivo el mundo
de la política del mundo de los negocios”.
Pero la nueva ley permitirá que las personas jurídicas
–es decir, las empresas– sigan donando a las fundaciones de los partidos sin
límite alguno en las cantidades. Y tampoco hay problema alguno en los donativos
de los empresarios.
“Vamos a reforzar los mecanismos de fiscalización de
las fundaciones vinculadas a los partidos”.
Pero esa “fiscalización” la seguirá haciendo el nada
imparcial Tribunal de Cuentas, controlado por reconocidos “independientes”,
como el hermano de José María Aznar o la exministra del PP Mariscal de Gante.
“El ajuste en estos años ha sido muy duro y la
financiación pública de los partidos se ha reducido ni más ni menos que en un
40%”.
El recorte no ha afectado por igual a todos los
partidos. El PP ha aprovechado que sus cuentas estaban más saneadas –el legado
de Luis Bárcenas– para reducir estos fondos, y dejar a muchas otras formaciones
políticas al borde de la bancarrota.
“Hemos tipificado de manera muy severa las
infracciones en las que puede incurrir un partido y sus correspondientes
sanciones, que por su gravedad pueden alcanzar la calificación del nuevo tipo
penal de financiación ilegal que hemos introducido en la reforma del Código
Penal”.
Así que al fin, apenas cuatro décadas después, la
financiación ilegal de un partido será un delito. Gracias a que esta medida tan
evidente llega tan tarde, los
dirigentes del PP han podido librarse de tener que sentarse en el banquillo de
los acusados.
“…la suspensión temporal de
afiliación de aquellos incursos en un procedimiento penal por delitos de
corrupción cuando se haya dictado un auto de apertura de juicio oral,
suspensión que se convertirá en expulsión definitiva si tras el juicio recayese
sentencia condenatoria. Lo hacemos, señorías, porque entendemos que la corrupción
es incompatible con la pertenencia y afiliación a un partido político”.
Y al mismo tiempo que el PP mete estos
requisitos en la legislación, pone como número uno en su lista para el
Ayuntamiento de Valladolid a un alcalde, León
de la Riva,
que el 27 de abril se sentará en el banquillo para ser juzgado por
desobedencia, por no cumplir una sentencia que ilegalizó el ático donde vive.
Se corrompen las personas, no las
siglas. Si creemos en el Estado de derecho, no extendamos nunca la
responsabilidad más allá de quien la tiene, del daño responden los culpables,
nunca los inocentes. (Aplausos).
Y cuando un juez pone negro sobre blanco
en un auto que el PP se financió de forma ilegal desde que existe, ¿quién es el
culpable? ¿Quién asume la responsabilidad política?
Fuente: http://www.eldiario.es/
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