Hablan los transportistas autónomos que
destaparon el mayor fraude descubierto en el Ejército del Aire y que sentará en
el banquillo a 45 oficiales y suboficiales. Están acusados de cobrar dinero
público con facturas falsas de mudanzas
JULIA PÉREZ Madrid
13/09/2014 23:55 Actualizado: 14/09/2014 09:39
Cristina del Río y Julio Suárez, los transportistas
autónomos que destaparon el 'caso Mudanzas'.J.P./Público
Dos años de
instrucción les quitaron el sueño, la alimentación y el piso que compraron.
"Si llegan a darle la vuelta, seríamos nosotros los acusados".
Quienes así se expresan son Cristina del Río y Julio Suárez, el
matrimonio de transportistas autónomos que denunciaron una red de facturas
falsas en el Ejército del Aire.
Esta pareja
destapó en el año 2012 una trama que ha sentado en el banquillo a 45 oficiales
y suboficiales del Ejército del Aire por cobrar falsas mudanzas con la ayuda de
presupuestos falsificados. La red organizada podría haberse apropiado entre 7 y
10 millones de euros, según difundió Público el pasado 2 de junio.
Ambos llegaron
a estar imputados en la causa, a petición del principal acusado, el teniente
David Hernández Claret. El juez togado militar central número 2 les
acaba de eximir de toda responsabilidad en un auto que reconoce que, gracias a
ellos, este fraude ha sido descubierto.
Pero siguen
preocupados, a la espera de que el auto del instructor sea firme. Julio Suárez
es tajante: "Nunca pensamos que la denuncia se fuera a revolver de esta
manera. Si miramos en Internet, leemos que nos llaman los colombianos, los
narcos, los hampones... Denunciamos lo que descubrimos, pero hemos sufrido mucho".
Ambos
llegaron a España en 1999 desde Bogotá. Con tres hijos, la nacionalidad
española y el carnet de conducir que obtuvo Cristina en 2008, lo arriesgaron
todo para comprarse un camión de 40.000 euros y fundar la empresa de
mudanzas SDR.
Hoy han
perdido el piso, con el que financiaron la compra del vehículo, ya que su
clientela decayó a causa de su imputación a este sumario y por la crisis
económica. "Muchos clientes dejaron de confiar en nosotros",
remacha Julio.
Fue Cristina
quien interpuso la denuncia en el juzgado de guardia. Corría el año 2012.
Descubrió el pastel a raíz de una llamada de comprobación de la base de Getafe
(Madrid), a cuenta de un kilometraje inexacto de una factura de su empresa,
SRD. Se sorprendió: ellos nunca habían emitido esa factura, tan sólo habían
entregado tres presupuestos allá por 2008 que no habían sido aceptados.
Es más,
nunca había estado en la base aérea de Getafe. Para su sorpresa, a través de
ese militar supo que había más facturas presentadas a nombre de su compañía.
Se citaron
con el militar que había entregado las facturas de SDR al Ejército, y apareció
el teniente David Hernández Claret. Era el que les había pedido los
presupuestos en 2008. Les ofreció ser socios al tiempo que les reveló cómo
funcionaban.
"El
dijo que hacía 500 mudanzas al año con facturas falsas. Nos ofreció un
25% sobre el beneficio que él se llevaba, y un viaje a Canarias. Si hubiéramos
aceptado, o si hubiéramos realizado las mudanzas que nos habían atribuido, hoy
tendríamos una flota de vehículos y no deudas", relata Cristina.
"No
teníamos ni idea de lo que pasaba, pero nos preocupaba Hacienda
-prosigue -; teníamos miedo al delito fiscal, ya que no sabíamos cuántas
facturas habían emitido a nuestro nombre, con IVA incluido". También
tenían miedo a represalias del militar o de su trama.
Escribió al
ministerio de Defensa, pero no tuvo noticias. Un mes más tarde, el 13 de julio
de 2012, Cristina se presentó en el juzgado de guardia para denunciarlo. El
caso recayó en el Juzgado de Instrucción 37.
Su correo y
su denuncia provocaron una investigación interna en el Ejército y la apertura
de un sumario en la jurisdicción militar, que es la que ha sentado ahora en el
banquillo a los 45 oficiales y suboficiales después de que el juzgado ordinario
se inhibiera.
"Nos
han quitado el sueño y la alimentación, no vives", relata Cristina
mientras su marido salta a cuenta de que el teniente Claret, cuando vio que no
aceptarían su propuesta, "lo enredó todo en el juzgado para aparentar un
lío de faldas". Argumentó que había sido él quien le había entregado las
facturas, al margen de su mujer: "Querían la separación entre
nosotros y no lo lograron".
Ahora dudan
del paso que dieron en el año 2012, cuando descubrieron que alguien estaba
utilizando membrete, sello y firma de su empresa.
"Si nos
hubiéramos dado cuenta de cómo iba a tornar esta causa, de que nos iban a
imputar, no lo hubiéramos denunciado. Hemos perdido el piso, y hemos tenido que
pedir prestado", se lamenta Cristina.
Hoy sólo
aspiran a dos cosas: que se confirme su desimputación y recuperar su buen
nombre.
Un comandante, 20 capitanes, 18 tenientes...
Los 45
militares acusados están destinados en las bases aéreas de la Academia
de Getafe (Madrid), Palma de Mallorca, Zaragoza, Albacete, Murcia, Canarias o
Sevilla. Están acusados de los delitos de deslealtad y contra la Hacienda
en el ámbito militar, que prevé penas de entre tres meses y seis años de
cárcel.
La ley prevé
que los funcionarios sean indemnizados en los casos de traslados forzosos, como
ocurre con los militares recién salidos de la academia. El Ministerio de
Defensa exige que sean presentados tres presupuestos, para conceder la
indemnización al presupuesto más barato.
Las investigaciones apuntan a que las
mudanzas no se realizaban, aunque se cobraba la indemnización
con la ayuda de facturas falsas. En otras ocasiones, la mudanza se realizaba
por una empresa relacionada con el teniente Claret y a un precio muy
inferior que el presupuesto falso presentado al Ministerio. Además, siete
alumnos que presentaron factura acababan de salir de la Academia del Ejército
del Aire de Getafe, por lo que tenían pocos enseres.
La factura
falsas solía alcanzar una cuantía de 3.500 euros. El teniente Calet 'vendía' a
sus compañeros/clientes que su familia tenía una empresa de transporte de
mudanzas y que él les tramitaba toda documentación ante el ministerio.
Al parecer,
los transportistas de SDR entregaron en 2008 tres presupuestos -uno suyo, el
más barato, y otros dos presupuestos de otras dos empresas- con el fin de
lograr la adjudicación de una mudanza. Pero nada supieron de su oferta,
y creyeron que habían sido rechazados.
La trama
utilizó su factura para "replicar" ulteriores presupuestos ante el
Ejército del Aire, falsificando firma y membrete, supuestamente. La llamada de
un auditor a cuenta de un error de kilometraje hizo saltar las alarmas de los
propietarios de la empresa SDR, que denunciaron lo ocurrido en el juzgado en el
año 2012.
La
investigación del juzgado militar central 2 ha llegado a abarcar hasta 150
militares investigados, lo que causó problemas de operatividad en más de una
base aérea ya que quedaban suspendidos de sus funciones mientras se
aclaraban las responsabilidades de cada uno.
Los
oficiales y suboficiales acusados abarcan a un comandante, 20 capitanes, 18
tenientes y media docena de sargento
Fuente: www.publico.es
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