El portavoz de JpD Joaquim Bosch confía en que la nueva etapa que se abre tras la
dimisión del ministro sirva para rectificar sus "numerosos errores".
nuevatribuna.es | Joaquim Bosch | 23 Septiembre 2014
- 19:55 h.
La dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón cierra una
etapa especialmente negativa para nuestros juzgados y tribunales, así como para
los derechos fundamentales en nuestro país. Desde Jueces para la Democracia
valoramos positivamente el relevo en dicha cartera ministerial y reclamamos el
inicio de un nuevo periodo en el que se rectifiquen las
numerosas medidas erróneas adoptadas y se opte por buscar soluciones reales a
los graves problemas de nuestra administración de justicia.
El nombramiento de Gallardón generó ciertas expectativas, al tratarse de un
político de cierto peso en el Gobierno, a diferencia de otros ministros
anteriores. Al encontrarse en un ejecutivo con mayoría absoluta, resultaba
evidente que tenía la posibilidad de efectuar la importante transformación que
necesita nuestro sistema judicial. Sin embargo, pronto estas expectativas
quedaron frustradas, ante la actuación de un ministro que desde el principio
mostró escasa sensibilidad hacia los problemas de la Justicia y que se centró
más en iniciativas que pensaba que podían generarle protagonismo y proyección
personal.
Gallardón no se ha sabido centrar en la modernización de las estructuras
judiciales, pero sí que lo ha hecho en el recorte de elementos esenciales del
servicio público, como la implantación agresiva de unas tasas que han vulnerado
seriamente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y que han
dejado fuera de la Justicia por razones económicas a amplios sectores de la
población. Del mismo modo, de manera innecesaria ha procedido a la
privatización del Registro Civil para entregarlo a los registradores mercantiles.
Además, ha aplicado recortes de gran intensidad a una administración de
justicia que ya contaba con unos recursos manifiestamente insuficientes.
Por otro lado, diseñó un Consejo General del Poder Judicial al servicio del
poder político, en clara vulneración del papel de este organismo constitucional
como garante de la independencia judicial y de la división de poderes en un
Estado de Derecho. Y esta actuación resulta especialmente reprochable en un
momento en el que se investigan judicialmente centenares de casos de
corrupción.
En materia de libertades impulsó una reforma del Código Penal que opta por
criminalizar la protesta ciudadana y por un endurecimiento populista e
injustificado de las penas, en el que se incluye una versión de la cadena perpetua
de dudosa constitucionalidad. Pero el ataque a los derechos más inaceptable
socialmente ha sido su proyecto de Ley del Aborto, que pretendía limitar los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y retroceder en esta materia
hasta los tiempos del régimen anterior. Resulta inconcebible que semejante
iniciativa haya surgido de un gobierno europeo y desde Jueces para la
Democracia celebramos que la presión ciudadana haya conseguido frenarla. El
hecho de que Gallardón afirme que dimite por esta cuestión resulta muy
significativo de la falta de atención del ministro hacia las necesidades
sociales existentes en nuestro país.
Finalmente, esta gestión tan inadecuada se ha visto acompañada de unas
formas muy alejadas del interés general. El ministro ha actuado de manera
unilateral, a menudo con prepotencia, y ha sido incapaz de buscar consensos
amplios para impulsar medidas en beneficio de la mayoría. Al contrario, solo ha
conseguido el rechazo de todos los sectores vinculados a la administración de
justicia. En definitiva, el ministro Gallardón deja un paisaje judicial
arrasado tras tres años de gestión, con operadores jurídicos ampliamente
desmotivados, y con un sistema judicial mucho más deteriorado que al inicio de
esta etapa. Por todas estas razones, desde Jueces para la Democracia hemos
pedido en varias ocasiones su dimisión y ahora valoramos muy positivamente su
marcha, con la esperanza de que se abra una nueva etapa en el ámbito de la
Justicia.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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