Se sabía, pero ahora se ha materializado. La Generalitat, a través
del Institut Català de Finances, ha entregado un préstamo de 8 millones de
euros a Panrico y la empresa procede inmediatamente a despedir a 60 trabajadores/as
más (ya van 104 este año, más 31 del pasado). ¡Un escándalo! Si la empresa
tenía problemas financieros para pagar los despidos, ahora los puede hacer
utilizando el dinero público.
La Generalitat
había intentado por todos los medios que antes de dar este dinero hubiera una
firma de acuerdo entre empresa y trabajadores para salvar la cara, pero los
trabajadores/as se negaron a firmar los despidos, a pesar de las presiones
también de la dirección de CCOO. Sin esa firma el conflicto sigue abierto.
Mientras la empresa recibe dinero público para paliar los efectos de la huelga,
los trabajadores llevaban los 8 meses de huelga sin cobrar y dos meses más para
empezar a cobrar el ERTE en el que está toda la plantilla; los despedidos aun
no han cobrado el 100% de las indemnizaciones, y la empresa ya anuncia
beneficios para el 2015.
La absoluta complicidad de la Conselleria de Treball con los intereses del
fondo buitre Oaktre, que gestiona Panrico, está sobre la mesa:
- Joan Mas, hermano del President Artur Mas, era consejero
delegado de Panrico hasta marzo del 2014, y sigue hasta hoy al frente de
otra marca del grupo, La Bella Easo. La Generalitat anunció en septiembre ayudas financieras para rescatar a
Panrico, tema que motivó denuncias en clave parlamentaria por la relación
de privilegio con la empresa.
- A pocos días del anuncio del inicio de la huelga el 13 de
octubre, gran despliegue policial con furgones y más de un centenar de
Mossos para forzar la carga y
salida de 9 trailers con productos de la planta de Sta. Perpètua
paralizada por la huelga, con personal ajeno a la factoría, acto de
esquirolaje contra el derecho de huelga.
- El 16 de octubre, Inspección de trabajo levanta acta de la entrada
de camiones con productos Panrico que se venden en toda Catalunya y
resuelve en diciembre que esto vulnera
el derecho de huelga por lo que propone que la Conselleria inicie el
proceso sancionador. En diciembre se acumulaban más de 50 actas que demostraban
que diariamente entraban los camiones para abastecer el mercado catalán.
La Conselleria paraliza al extremo
la resolución del expediente y no aplica ninguno de los agravantes que
son manifiestos, para acabar con una multa de 6.250 euros que aun no consta
que se haya hecho efectiva, pero que paraliza los expedientes en curso.
- Los productos Panrico están a la vista en todas las grandes
superficies, mercados y bares. Se presenta denuncia a Consum de la
Generalitat por falsedad en el
etiquetaje, porque en esos productos se dice en el envoltorio que
están fabricados en Sta. Perpètua (lo que es falso) y en muchas ocasiones
se venden como productos catalanes de proximidad. La Generalitat paraliza
el expediente.
Tras la sentencia
de la Audiencia Nacional sobre el ERE, en junio, la empresa reúne al comité de
empresa para anunciar que está dispuesta a reducir el número de despidos si
despide a los miembros del comité de empresa y elige el resto ‘a dedo’, es
decir, si echa a los trabajadores/as que más se han significado en la lucha.
Hasta Alvarez, secretario general de la UGT de Catalunya (que no convoca la
huelga) pide que se contraste lo ocurrido y que actúe la fiscalía por la gravedad extrema del ataque antisindical que
supone. Pero Treball no hace absolutamente nada. Como había anunciado la
empresa, la lista de los 38 despidos son los compañeros/as más destacados en la
lucha. En cambio los trabajadores sí que denunciaron ante fiscalía esta
situación de represión sindical, denuncia que se encuentra en situación
desconocida después de haber sido transferida de la fiscalía de Barcelona a la
de Sabadell.
Para completar la
situación, la empresa anuncia un ERTE para seguir castigando a los
trabajadores/as, argumentando que la empresa no está en condiciones de producir
tras la huelga –cosa absolutamente fuera de la legalidad de los ERTEs-, y a
pesar de que ha sido la propia empresa la que voluntariamente redujo los
servicios mínimos que debían asegurar el mantenimiento de la capacidad
productiva y las vuelta al trabajo una vez desconvocada la huelga. La
Generalitat calla.
A lo largo de los
8 meses, en lugar de mediar en el conflicto, la Conselleria de Felip Puig ha
actuado como portavoz y refuerzo de Carlos Gila (Consejero Delegado de Panrico
y experto liquidador de empresas como Sintel y La Seda), que opera desde
Madrid. La Generalitat no sólo ha callado cualquier crítica a la empresa y
bloqueado las acciones legales, sino que Felip Puig ha hecho públicas
afirmaciones ofensivas e insultantes contra los trabajadores/as, haciendo coro
a las que vertió la empresa a los medios de comunicación insinuando que los
trabajadores podrían envenenar los donuts, mientras el derecho de huelga era
sistemáticamente vulnerado. El cinismo de la Conselleria era manifiesto en el
intento de desarmar a los trabajadores, cuando pedía una y otra vez
desjudicializar el conflicto (esto es, que los trabajadores/as retiraran sus
denuncias) mientras la Generalitat no hacía nada para cortar los abusos de la
empresa. Para completar el cuadro, ahora premia a Panrico con 8 millones de
euros.
Sí hay dinero para los fondos buitre.
La Generalitat
acaba de anunciar que no tiene dinero para pagar medicamentos a las farmacias,
tampoco para pagar las pagas extras de los funcionarios, de este diciembre ni
las de los dos años anteriores, hace recortes en la enseñanza y la sanidad
pública… pero sí tiene para entregar 8 millones a Panrico, es decir, al fondo
de inversión americano Oaktre. Este fondo buitre, presidido por el
multimillonario Howard Marks, tiene unos activos valorados en 63.591 millones
de euros, de los cuales más de 13.000 están invertidos en empresas con
problemas. Este verano ha hecho compras del Centro Comercial Gran Vía de Vigo
por 115 millones de euros. Es escandaloso que con las grandes dificultades de
financiación pública sí tenga dinero para que el banco público de la
Generalitat entregue ese dinero a Oaktre.
El círculo se cierra con la entrega
de los 8 millones. Esto debería ser motivo para que desde las direcciones
sindicales y el comité de empresa que controla CCOO, se denunciara esta
relación y el daño que ha hecho la Generalitat a los trabajadores/as en huelga,
llamando a movilizarse en solidaridad con los despedidos/as y contra la entrega
de dinero público para financiar los despidos de los y las trabajadoras.
Sta. Perpètua de la Mogoda19 de
septiembre de 2014
Firman:
Jacinto García. Trabajador de
Panrico.
Agustín Cintas. Trabajador
despedido Panrico.
José Alonso. Del comité de apoyo a
trabajadores de Panrico.
Josep Lluís del Alcázar. Del comité
de apoyo, Lucha Internacionalista.
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