16 sep 2014
Emilio Arrojo
Periodista
Periodista
Desprecio profundamente a quienes se oponen a que las
víctimas del franquismo y familiares tengan los mismos derechos para honrar a
sus muertos y desaparecidos que los vencedores de la Guerra Civil. Para estos
la contienda continúa, no perdonan, son inmisericordes y ahí siguen,
beneficiándose del poder.
El rencor franquista en democracia resulta tan
incomprensible para el mínimo sentido común que desde la ONU, una vez más, han
advertido al Gobierno del Partido Popular que debe dar “prioridad inmediata” a
la búsqueda de la verdad sobre las víctimas de la dictadura y el paradero de
miles de muertos y desparecidos.
España sigue siendo una excepción en la Europa
democrática. Hoy, 78 años después del golpe militar y 36 de la restauración de
la democracia, ni la justicia, ni las instituciones del país han dado pasos
significativos para cumplir con la legislación internacional y el respeto
debido a los derechos humanos y a las víctimas de conflictos armados.
Es más, se ha retrocedido, dejando sin efecto y sin
presupuesto la Ley de Memoria Histórica del Gobierno Zapatero que por primera
vez abordaba este problema, aunque de manera insuficiente.
Entre las democracias occidentales preocupa el reiterado
incumplimiento por parte del Gobierno español de la legislación internacional,
y es comprensible porque en esos países también inquieta el auge del
franquismo, nazismo, falangismo o cualquier ultraderechismo entre los estados
de la UE en los que oficialmente se honra a los que murieron y combatieron el
fascismo.
Todo lo contrario en la España actual, donde en pueblos y
ciudades siguen homenajeando al fascismo franquista con calles a nombre de sus
militares, actos de hermandad con los aviadores nazis de la Legión Condor que
bombardeó Guernika o en recuerdo al General Yagüe, el de la Matanza de Badajoz,
entre los actos más recientes de este verano que contaron con el apoyo de
autoridades locales.
Aquel “Spain is different”, que servía de eslogan
turístico a la dictadura de la década de los sesenta del siglo pasado, también
cuadra bien con el Gobierno actual, que consiente homenajes a los verdugos en
lugar de a las víctimas y parece actuar como guardián de las esencias del
franquismo.
Las 2.381 fosas comunes sin exhumar por todo el país, con
miles de muertos anónimos en defensa de la democracia o los casos de niños
robados, entre otros crímenes, recuerda la ONU a España, siguen siendo delitos
imprescriptibles y una continua violación de los Derechos Humanos.
La cotidianeidad del país se asemeja cada vez más a esos
años grises de totalitarismo y caciquismo franquista en los que las autoridades
de entonces —igual que las de hoy— sin sonrojarse lo más mínimo, explicaban su
gestión con eso de “las cosas se hacen como Dios manda”
Incluso el glamour se ha impregnado de esencias rancias y
olor a naftalina con la portada de la reina de las revistas del corazón
dedicada y pagada a una de las nietas de Franco, que cuenta en exclusiva sus
amores y divorcios desde el pazo del abuelo, expropiado a los vecinos en la
posguerra para regalárselo al dictador
También como entonces ministros y autoridades del PP
presumen de amistad con poderes celestiales y se retratan con
vírgenes y santos que dicen son de gran ayuda en la lucha contra el desempleo o
la pobreza infantil, y por eso los condecoran y ponen bajo su advocación a
equipos de fútbol, batallones militares y hasta el mismo país.
No son solo retazos de una España de trazo grueso nada
democrática, es aun peor, son modos gubernamentales a los que el franquismo
está acostumbrado y con los que se maneja cómodamente, porque los han mamado en
casa, durante la dictadura, cuando las jerarquías y quienes ellos decidieran
—igual que hoy— parecían gozar de total impunidad.
La última advertencia por el comportamiento con las
víctimas del franquismo ha llegado desde el relator de Naciones Unidas para la
promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no
repetición, Pablo de Greiff. También antes lo habían hecho la UE y
organizaciones de Derechos Humanos, pero ni caso, solo la callada por
respuesta, con arrogancia y prietas las filas e impasible el ademán, como es
costumbre en los dominios del Partido Popular.
El demoledor informe de la comisión de expertos que
visitó España hace un año subraya el desamparo jurídico institucional y estatal
de las víctimas, y su “palpable sufrimiento”, por lo que reclama al Gobierno un
plan nacional de búsqueda de desaparecidos, con “los fondos necesarios para
aplicar la Ley de Memoria Histórica”.
La retirada de la geografía española de símbolos
franquistas y de los restos del dictador del Valle de los Caídos son también
algunas recomendaciones que el documento pide incluir en un calendario
detallado de medidas concretas.
Más cruel y discriminatorio resulta aun el menosprecio
del Gobierno por el dolor de estos miles de españoles en contraste con el apoyo
estatal, disposición de medios y comprensión de todo un país volcado con el
sufrimiento de los padres de una joven de 17 años desaparecida en 2009 que
todavía no han podido encontrar el cadáver de su hija.
Las reticencias para extender a los familiares de estos
desaparecidos igual consideración que a los del famoso caso de Marta del
Castillo son algo inhumano, inmoral y sobre todo injusto, además de dejar
internacionalmente en ridículo el sistema judicial español.
En Ginebra y ante el Comité de Derechos Humanos, el
Gobierno Rajoy se ha defendido pobremente, de oficio, apelando al repetido
“consenso político de la Transición” y a su convencimiento de que “el olvido y
el perdón” son “la única vía para la reconciliación”.
En la misma línea tampoco sirven otros argumentos
banales, pero de gran popularidad, del tipo “no hay que abrir viejas heridas”,
“es un pasado superado” o “se debe mirar al futuro”, porque no son de recibo
fuera de casa, no están a la altura de las democracias europeas, no venden y ni
siquiera quedan bien.
El reconocimiento oficial y soluciones
para los miles de víctimas del franquismo y sus familiares son deudas
pendientes no solo con los afectados, sino con el país entero, para que todos
los españoles sin distinciones puedan vivir en democracia y tengan los mismos
derechos.
Fuente: www.publico.es
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