El regulador de los mercados de EEUU
ha pagado 30 millones de dólares por denunciar un fraude y anima a los
ciudadanos a seguir identificando malas prácticas
España está entre los países más
rezagados de la OCDE en favorecer las denuncias de ilegalidades dentro de las
empresas
La restrictiva Agencia de Protección de Datos supone un
freno para estas prácticas
Pilar Blázquez - Madrid
24/09/2014 - 21:18h
EEUU premia a los chivatos...
pero solo a los del mundo empresarial.
Ni oscurantismo, ni pudor, sino todo lo
contrario. La Securities and Exchange Commision (Sec), el regulador
estadounidense de los mercados (el equivalente a la CNMV), ha publicitado por
todo lo alto que acaba de pagar 30 millones de
dólares (alrededor de 23 millones de euros) a una persona por
proporcionar una información valiosa y clave para la detección de un gran
fraude.
Se trata de la mayor recompensa de la historia
por delatar un fraude financiero, y las autoridades estadounidenses tienen
ganas de que no sea la última. En la información sobre este caso, el
responsable de la política de delatores de la SEC, Sean McKessy, anima a los
ciudadanos de todo el mundo a colaborar con EEUU para detectar irregularidades
en sus empresas. No se sabe ni quién es él o la delatora ni lo que ha
desvelado, pero la recompensa puede equivaler a entre un 10% y un 30% del
fraude detectado gracias a su soplo.
Pero lo que es un superéxito en EEUU no se ve
con tan buenos ojos a este lado del Atlántico. Aquí el miedo, tanto a posibles
denuncias falsas como a que no se respete la confidencialidad de los denunciantes
es de tal calibre que la implantación de políticas de w histleblowing (término
inglés para definir la denuncia desde dentro de una institución o empresa de
corruptelas y malas prácticas), está a años luz. Tanto, que el último informe
de Transparencia Internacional sobre este tema sitúa a España como uno de los
países más retrasados de Europa en la implantación de canales para facilitar la
denuncia de conductas corruptas relacionadas con temas financieros en empresas
e instituciones. Incluso acusa a España de "no actualizar, desde 2006, las
recomendaciones de la OCDE para proteger los derechos de confidencialidad de
los empleados públicos que quieran reportar crímenes financieros".
Costumbres culturales
La idiosincrasia de cada territorio tiene gran
parte de culpa en estas diferencias. Lo de incentivar el chivatazo y pagar por
ello tiene raíces ancestrales en la cultura anglosajona. A muchos les recuerda
a las prácticas instauradas en la época de indios y vaqueros, aunque la primera
referencia escrita procede de 1863, la llamada Ley Lincoln.
Fue el estallido del fraude Enron, a finales
del siglo pasado lo que motivó que desde 2002 (Ley Sarbanes-Oxley) todas las
empresas que cotizan en EEUU y sus filiales estén obligadas a tener un canal de
comunicación que facilite, de forma confidencial, las denuncias sobre temas
financieros. Incluso se permiten las denuncias anónimas.
El estallido de la crisis financiera en 2008
reforzó esta convicción y a raíz de la Ley Dodd-Frank se obligó a la SEC
implantar un sistema de delatores anónimo o de máxima seguridad. Según sus
responsables, funciona estupendamente y esto no exime a los que viven en el
extranjero: cuatro de los 14 chivatos recompensados no vivían en EEUU.
Estado de los programas de delatores en la UE
La realidad es que nos encontramos en España
es como una pescadilla que se muerde la cola. Ante todo la figura del chivato
está mal vista. Además, los empleados no se fían de los sistemas de denuncias
confidenciales, y a veces los desconocen. Por mucho que los expertos aseguren
que los chivatazos sólo llegan al director del departamento jurídico o al de
recursos humanos o al vigilante del sistema, que en muchos casos es una
consultora externa, son pocos los que confían en que una denuncia no redunde en
represalias.
"La gente todavía tiene miedo y
desconocimiento. Apenas hay denuncias en los sistemas que nosotros
gestionamos", reconoce Christian Mesia, consejero delegado de la
consultora especializada Lesseps.
Por otro lado, ni legisladores ni expertos se
fían de los españoles. La denuncia anónima no está permitida por miedo a
denuncias falsas. "El sistema de cazarrecompensas en una sociedad como la
española sí sería pernicioso porque dispararía las denuncias falsas. Pero sin
recompensa, la denuncia anónima ayudaría mucho a detectar las corruptelas que
hay en este país. No creo que hubiera tantas denuncias falsas y éstas serían
fácilmente detectables por su inconsistencia", asegura Francisco
González-Calero, abogado especializado en protección de datos.
El organismo hermano de la SEC en España, la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no tiene nada parecido a ese
sistema de denuncias.
Las empresas cotizadas han optado por una
solución intermedia de bajo calibre: buzones de denuncia pero que no siempre
cumplen con las exigencias de máxima confidencialidad que demanda la
legislación española. El código Conthe, que estableció en 2006 los
principios básicos del buen gobierno de las empresas, ya recomendaba la
implantación de estos sistemas de control. La recomendación no caló y, en la
mayoría de los casos, las empresas demoraron esta práctica hasta 2010. En ese
año, la reforma del Código Penal impuso que, por primera vez en la historia de
España, las empresas podían incurrir en responsabilidad penal de las malas
prácticas financieras de sus empleados. Sólo un adecuado sistema de control las
puede liberar de esa responsabilidad.
"Hasta ahora la mayoría de las que
implantan sistemas de whistleblowing lo hacen para que, en
caso de que haya algún problema, la empresa pueda alegar una eximente y no ser
acusada", asegura Christian Mesias. "Es una cuestión de tiempo que
cambie la mentalidad de las empresas y que realmente se implante para detectar
a tiempo las malas prácticas y evitar los problemas", añade.
También ayudará la próxima reforma del Código
Penal, que tiene previsto ampliar esa responsabilidad penal a los
administradores de las empresas y a las empresas públicas, y que además va a
exigir la figura de un vigilante de estas conductas.
Protección de datos vs
facilidades de denuncia
Por si este débil convencimiento no fuese
suficiente lastre, además, las empresas españolas se dan de bruces con las
exigencias de la protección de datos. "En España nos topamos con una de
las leyes de protección de datos más restrictivas. Por eso es muy complicado
poner en marcha estas políticas de delatores", asegura Francisco
González-Calero.
La Agencia de Protección de Datos española
(APD) es, sin duda, muy restrictiva. Hasta tal punto que se ha desmarcado de un
acuerdo de un grupo de trabajo europeo, que en el sector se conoce como Grupo
de Trabajo del Artículo 29, en el que participaron todas sus homónimas. El
grupo europeo ha autorizado que los sistemas de delatores de las empresas
europeas puedan aceptar denuncias anónimas, como la SEC y el resto de empresas
de EEUU, aunque sea en casos excepcionales y con suficiente documentación.
Pero en España esa excepción no tiene cabida.
"El espíritu de la ley de protección de datos es garantizar la máxima
confidencialidad del proceso. Por eso exige que los ficheros que utilice la
empresa para dar de alta cualquier tipo de denuncia cumplan con las máximas
garantías de que la identidad del denunciante nunca será revelada. Y éste no
sufrirá ningún tipo de represalia por esa denuncia", aseguran en la APD.
Pero dado el escaso número de denuncias no
parece que este argumento tenga suficiente grado de convicción.
Frente a esta escasez, está la realidad de la Agencia
Tributaria española. "Aquí se admiten denuncias de todo tipo.
Identificadas y anónimas", explica un portavoz de la Agencia Tributaria.
"Una denuncia anónima puede dar pistas a los inspectores para investigar
donde no hubieran pensado que debían hacerlo. El riesgo de que sea falsa no es
tan alto", aseguran.
Los datos avalan que su sistema funciona mucho
mejor que la restricción a la que están sometidas las empresas. Según los datos
proporcionados por ese organismo, en 2013 la Agencia Tributaria cargó para
análisis en el área de Inspección un total de 10.462
denuncias ordinarias (incluyen tanto las que siguen el formato de denuncia
a través del cauce establecido en la web de la Agencia, como denuncias anónimas
por otros formatos). A ello se suman otras 3.149 específicamente sobre posible
incumplimiento de la limitación de pagos en efectivo, también cargadas para
análisis. En total, 13.611.
También Competencia tiene un programa de chivatos que ha tenido
mucho éxito desde su implantación, pero no es anónimo. La gracia precisamente
es que un miembro del cártel denuncie al resto y así se libre de la multa.
Fuente: http://www.eldiario.es/
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