nuevatribuna.es |Javier López | Secretario Confederal de
Formación de CCOO| 24 Septiembre 2014 - 17:58 h.
Hemos aclarado los conceptos de cuenta individual de formación y
del cheque formación, en los diferentes países en los que se ha implantado
alguna de estas modalidades para financiar la formación de trabajadores y
trabajadoras. Hemos dedicado un segundo capítulo a la financiación,
beneficiarios y tipo de costes que se cubren con estas cuentas o cheques. En un
tercer capítulo hemos presentado los resultados de las evaluaciones que se han
realizado. Va siendo hora de detenerse en algunas consideraciones sobre la
situación y perspectivas de las cuentas de formación y los cheques formación en
España.
Para empezar, parece que nuestro Gobierno, al hablar de Cuenta
Individual de Formación, se refiere a otra cosa distinta a la del concepto que
manejan otros países de Cuenta Individual de Formación. La Cuenta de Formación
sería, en nuestro país, un registro de los cursos, o acciones formativas, que
cada persona ha realizado a lo largo de su trayectoria laboral. Es decir, algo
similar a la vida laboral de cada persona, en la que se contemplan las
cotizaciones realizadas a la Seguridad Social, en cada una de las empresas en
las que ha trabajado.
La idea es interesante, porque corregiría la actual dispersión,
que obliga a cada trabajador o trabajadora a presentar los certificados de cada
curso realizado. Sin embargo, obviamente, nada tiene que ver con el concepto de
Cuenta de Formación imperante en otros países, que implica unos recursos,
acompañados en ocasiones de créditos horarios, para realizar cursos de
formación. Esta cuenta acompaña a cada persona, independientemente de los
cambios de empresa que se produzcan.
Si esto es así, habría que preguntar qué designio prepara el
Gobierno para los actuales Permisos Individuales de Formación, recogidos por la
legislación vigente, pero muy condicionados por los empresarios en las
posibilidades de libre utilización por parte de los trabajadores.
Con respecto a los cheques formación, el Gobierno parece pensar
en ellos para determinados colectivos de personas desempleadas, que podrían
recibir este cheque y realizar un curso en un centro de formación de su
elección. Además de lo limitado de la propuesta, llevarla adelante exigiría
medidas personalizadas de acompañamiento y orientación, así como otras de
seguimiento y control para evitar que, como en Inglaterra, todo desemboque en
un inmenso fraude.
Por otro lado, no puedo obviar que el actual sistema de
bonificaciones de la cuota de formación, que consume casi 600 millones de
euros, cada año, es un inmenso sistema de cheques formación. Eso sí, en manos
de las empresas que, como se bonifican la cuota en función de su tamaño y de
los cursos realizados, asumen todo el papel de planificación, gestión y
justificación, con una muy limitada capacidad de control de la Representación
de los Trabajadores, que se restringe, en el mejor de los caso, a ser
informados.
En este ámbito de la formación bonificada conviven dos
realidades muy distintas. La de las grandes empresas que realizan formación a
medida, con medios y personal propios y en algunas ocasiones con participación
de la representación de los trabajadores. De otra parte, las pequeñas empresas
que suelen realizar formación poco especializada, según las ofertas genéricas
que realizan las miles de empresas de formación y consultoras que se dedican a
captar este nicho de negocio.
Será interesante conocer el anunciado Informe del Tribunal de
Cuentas sobre la formación bonificada. Es muy importante disponer de
evaluaciones independientes de la Formación Bonificada (también llamada de
demanda), que no incluyan sólo análisis de gastos, costes y personal formado.
Un primer avance de esta necesaria línea de trabajo se encuentra en el Estudio
realizado por el Instituto de Estudios de Economía, Evaluación y Empleo, para
la Fundación Tripartita para Formación en el Empleo, que apunta muchas de las
ineficacias e ineficiencias del sistema y posibles líneas de corrección, con
las que coincidimos en gran medida y sobre el que reflexionaremos en otro
momento.
Para poner en marcha cuentas de formación, o cheques formación
en España, habría que despejar, en primer lugar, algunas incógnitas importantes,
tales como: Quién realiza las aportaciones a la cuenta y de qué forma (Estado,
Comunidades Autónomas, empresas, trabajadores, otras entidades). Determinar si
hay componentes de ahorro individual y si es necesaria una cuenta bancaria
abierta. Si se dirige a todos los trabajadores y trabajadoras, o sólo a
determinados colectivos o grupos específicos. Qué tipo de variaciones pueden
producirse en función de las necesidades sectoriales, individuales o por
empresa. Quiénes pueden homologarse para realizar esta formación y cuál será el
papel de los centros públicos en esta formación. Se trata de una iniciativa
complementaria o sustitutiva de otras modalidades formativas ya en marcha.
Son preguntas ociosas, porque ya quedó dicho que no parece que
el gobierno vaya por este camino, pero estas mismas preguntas son las que hay
que responder para acometer la reforma y el buen funcionamiento de la formación
bonificada. Ahí quedan, por tanto.
El Gobierno ha abierto el melón del debate al hablar de Cuentas
de Formación y cheques formación, como parte del subsistema de formación para
el empleo, en esa concepción renovada que se pretende del mismo. Por eso, creo
conveniente avanzar algunas líneas propositivas, sobre este tema.
Debería abordarse como iniciativa complementaria y no
sustitutiva del sistema de formación, garantizando su interrelación con otras
iniciativas existentes. Igualmente debería destinarse a colectivos muy
determinados y con especiales dificultades, como es el caso de trabajadoras y
trabajadores de PYMES, personas con baja cualificación, inmigrantes, mayores y,
siempre, para la adquisición de cualificaciones concretas.
Establecer cuantías distintas, en función de las características
sociales y laborales de cada persona y de la formación que vayan a realizar.
Lo hemos dicho ya, pero conviene insistir en la necesidad de
acompañar estos programas con la orientación personal. Hay que buscar siempre
que las decisiones individuales se tomen con la información adecuada. Si no se
hace así, la idea de que la demanda de los alumnos terminará mejorando la
calidad de la oferta, se transforma en todo lo contrario y terminan siendo los
proveedores de formación los que determinan la formación que se imparte y la
oferta disponible, en función de su catálogo de cursos, que terminan haciendo
llegar a los alumnos, igual que ahora la hacen llegar a las PYMES, con el
sistema de bonificaciones. Por eso es determinante la orientación que facilite
información clara y relevante, vinculada a la trayectoria y necesidades
formativas de cada persona.
Parece obvio, pero no por ello ocurre así. Es urgente contar con
un buen sistema de homologación de proveedores. No cualquiera puede dar
formación, ni cualquier tipo de formación. No basta un registro de centros,
sino acreditar y homologar la calidad de la formación que imparten. Teniendo en
cuenta y previniendo lo que el Tribunal de Cuentas Británico, ante el fraude
masivo en los cheques formación, denomina “la propensión al fraude de algunos
proveedores”, exigiendo requisitos previos y experiencia para impartir
formación, dotando de claridad y transparencia al sistema.
Y aquí cobra sentido dejar muy claro cuánto dinero se puede
gastar, qué presupuesto se dedica, qué contenidos limitados y concretos se
adaptan a este tipo de programas y qué personal y medios se van a dedicar a la
verificación, para evitar cualquier tipo de fraude, como el referido en
Inglaterra.
Las cosas no se anuncian, se inauguran y por sí solas van bien.
El estudio, la experimentación, son esenciales para no causar destrozos en lo
existente, al tiempo que se mejora. Por eso habría que acotar programas de
experimentación, con participación de las Administraciones, las empresas y los
trabajadores, de forma que cada paso haya contrastado su viabilidad, su
eficacia y su eficiencia.
En definitiva, la experiencia en otros países nos dice que no se
pueden implantar medidas como el cheque formación desde el simplismo de los
presupuestos ideológicos, porque hacerlo así termina profundizando las brechas
de desigualdad. Que hay elementos de nuestro sistema de formación para el
empleo que hay que poner en valor, vinculándolo cada vez más a la negociación
colectiva. Es decir, a las necesidades concretas de los sectores y las
empresas. Que tenemos mucho que mejorar en el grado de coordinación de las
Administraciones Públicas.
Que no podemos seguir con un sistema de bonificaciones que
consiste en un cheque formación para el empresario, financiado por la cuota de
formación. Que la formación es un derecho de la persona y una necesidad de la
empresa, entendida siempre como trabajadores y empresarios, que utilizan desde
la negociación y el acuerdo, los recursos que aportan a través de la cuota de
formación, para asegurar el futuro y la calidad de sus productos y servicios.
Hay que actuar con decisión, pero lo que ha costado construir
más de 20 años, merece ser mejorado, adaptado, transformado, pero no
destrozado. En eso consiste la buena labor de los gobiernos. Espero con esta
serie de artículos, que parten de documentos y reflexiones de numerosas personas
que llevan muchos años analizando y estudiando nuestro sistema de formación, en
CCOO, haber aportado elementos de reflexión y buenas prácticas, que puedan
contribuir a mejorar la formación de los trabajadores y trabajadoras, porque la
formación es el componente más importante para nuestro futuro como país.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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