Por Nicolás Guerra
Aguiar
Viernes, 26 de septiembre de 2014
Fue a
finales de 2004 - recuerda NICOLÁS GUERRA AGUIAR - cuando el señor González y
dos de sus exministros solicitaron al señor Rodríguez Zapatero el indulto total
de las penas impuestas a los señores Vera, exsecretario de Estado para la
Seguridad, y Rodríguez Colorado, exdirector general de la Policía (...).
Fue a finales de 2004 cuando el
señor González y dos de sus exministros
solicitaron al señor Rodríguez Zapatero el
indulto total de las penas impuestas a los señores Vera (exsecretario de Estado
para la Seguridad) y Rodríguez Colorado (exdirector general de la
Policía). Ambos habían sido condenados a siete y seis años de cárcel,
respectivamente, por malversación de caudales públicos. Además, debían
devolver a la Administración doscientos treinta millones de pesetas, casi un
millón cuatrocientos mil euros de hoy. Alegaron los solicitantes que en
las dos personas "se conjugan meritorios servicios al Estado y a la
Democracia", opinión perplejante hace diez años y desestabilizadora hoy,
por más que el señor González, el Supremo, sigue siendo para un sector del PSOE
lo que el faro de Alejandría fue para navegantes durante ocho siglos: la
perenne hoguera que ilumina.
Sin embargo, con tal
rememoración vuelvo a notar en mi cerebro algo así como un desajuste racional
toda vez que mis células grises se siguen rebelando contra aquellos méritos
alegados, quizás porque sigo sin acertar cómo se sirve a la democracia
robándole al Estado todo aquello que se puede trincar. De la misma manera
que por segunda vez me sigue resultando desestabilizadora otra coincidencia:
uno de los señores exministros es el mismo que con fondos reservados pagó la
muy costosa bisutería que regalaba a las señoras de sus allegados.
Y en cuanto a los
"servicios al Estado" de los condenados, mantengo la impresión de que
solo se trató de un juego de palabras, habilidades lingüísticas capaces de
confundir a pesar de desvergüenzas y descaros. Porque, bien mirado, más
pareció que se sirvieron del Estado en beneficio propio, con la agravante de
que precisamente ellos eran el poder político. Sin embargo, los señores
Vera y Rodríguez Colorado entraron en prisión. (Por cierto: en octubre de
2004 el señor Rajoy le exige en Sevilla al presidente Zapatero que "diga a
los españoles cuál es su posición ante la petición de indulto". Le
plantea, además, que "si en España hay personas de mejor condición que
otras que han cometido actividades delictivas".)
Algo parecido sucedió el año
pasado, y gobernaba el señor Rajoy. Cuarenta y cinco parlamentarios del
PP en las Cortes Valencianas firmaron un documento: solicitan el indulto para
el señor Hernández Mateo, exalcalde y exdiputado que debía pasar tres años en
la cárcel por prevaricación y falsedad en documento público. En este caso
desconozco los argumentos a su favor, pero estoy seguro de que también fue un
extraordinario servidor de la Patria y, si me apuran, incluso hasta de la
"Democracia" gonzaliana, del invertido Estado de derecho.
Viene a cuento lo anterior
porque las solicitudes de indultos por prevaricaciones, robos o estafas al
Estado (también Hacienda es Estado) se multiplican a medida que un minimísimo
número de políticos y allegados corruptos y deshonestos es condenado.
Así, por ejemplo, el señor Pacheco, el de "La Justicia es un
cachondeo". Este exalcalde de Jerez durante dos decenios acaba de
ser condenado a seis años de prisión por prevaricación y malversación.
Por tanto, eleva solicitud de indulto total (cogobernó con el PP). O el
caso del señor Fabra, prohombre y todopoderoso político del PP en Castellón (de
la Plana, así lo estudié en Bachiller), que espera la respuesta a la solicitud
de indulto tras su condena a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra la
Hacienda Pública.
Sin embargo, hubo años en que la
ciudadanía se echó a la calle para reclamar, requerir y exigir la inmediata
puesta en libertad de todos aquellos presos políticos que albergaban las
cárceles franquistas, unidos por un mismo cordón umbilical: fueron hombres y
mujeres que lucharon con palabras, acciones y comportamientos contra la
dictadura que, en sus estertores, se revolvió con más peligrosos coletazos,
detenciones, encarcelamientos, torturas, asesinatos y fusilamientos. Así,
desde 1976 miles de españoles caminan sin violencias (y en muchos de ellos
permanecían iras contenidas) bajo pancartas que escriben sus peticiones
-"¡Amnistía, libertad!"- acompasadas por decenas de miles de
gargantas cuyas voces emanan de los corazones, florecientes porque es ya el
momento de la libertad que se les secuestró durante cuarenta años.
Reclamaban amnistía, que no
indulto, porque la primera exige la eliminación física de cualquier expediente
escrito, el olvido de las condenas porque ellos nunca fueron delincuentes:
reclamar la libertad no es un delito; robársela, sí. Y no fue fácil, no:
muchos de quienes demandaban la amnistía fueron apaleados por las mismas
fuerzas represoras de quienes los encarcelaron. Pero a pesar de todo
siguieron con las palabras y las voces. El segundo, el indulto, implica
el reconocimiento de graves transgresiones. Y con él se pide el perdón
parcial o total de la condena, la cárcel en la mayor parte de los casos.
Hoy, sin embargo,
todo es más relajado. Lo importante es recordarle al Gobierno de turno
quién soy, cuánto sé. Pero, sobre todo, domina la aproximación: ¿cómo van
los Gobiernos a negarles indultos, medallas, reconocimientos populares a
quienes fueron elevados a los altares exactamente por los mismos que deben
conceder tales gracias, indulgencias o absoluciones? Si se negaran y los
fuegos reclamaran, algunos semidioses perderían sus manos: ¿recuerda, estimado
lector, aquello de "por él pongo la mano en el fuego"? Aunque
también vale para esperar el indulto haber sido presidente del Barça, hoy
condenado con un hijo por sobornar a inspectores de Hacienda. O, incluso,
exjefe de la inspección de Hacienda en Catalunya, a quien condenaron a once
años de cárcel por corrupción.
Esta es la infinita
diferencia entre ética e inmoralidad, entre honestidad y corrupción. No,
no se puede indultar a quienes roban al Estado, a los contribuyentes. Ni
a quienes usan sus cargos políticos o administrativos para delinquir con
malversaciones, chanchullos; ni a quienes, extasiados por drogas, matan en la
carretera, o a sus mujeres, o violan a menores… Lo de 1976, la Amnistía, fue
justicia. Lo de hoy, el indulto a quienes sabemos, es una tomadura de
pelo, una indecencia.
Fuente: http://canarias-semanal.org/
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