A Alberto Ruiz-Gallardón le pagaremos alrededor
de 5.500 euros netos al mes. Es lo que
cobran los miembros de un Consejo Consultivo que cuesta a la Comunidad de
Madrid 4,3 millones de euros al año
28/09/2014 - 20:42h
Que
Ruiz-Gallardón haya pedido su ingreso en el Consejo Consultivo de la Comunidad
de Madrid dos días después de dimitir como ministro de Justicia y como diputado del PP nos ha
provocado esa mezcla de indignación y perplejidad ya consustancial al yo soy
español español español. Tal y como están organizadas las cosas, Gallardón
estaba en todo su derecho de solicitar ese ingreso, pues corresponde a todo
aquel que haya ejercido funciones de presidente de la Comunidad, como es su
caso. Lo que resulta especialmente ofensivo, dada la naturaleza de esa
consejería, es tal celeridad. Si Gallardón hubiera esperado seis meses, por
ejemplo, para pedir ese ingreso, habría hecho entonces algo de ruido, pues se
criticaría lo previsible de la solicitud y se cuestionaría esa naturaleza del
cargo a la que nos referimos. Pero habría demostrado tener un poco de respeto
por los madrileños. El respeto suficiente como para que la satisfacción de su
derecho no pareciera, además, una provocación.
A
Alberto Ruiz-Gallardón le pagaremos alrededor de 5.500 euros netos al mes.
Cotizará por 8.500 euros brutos. Es lo que cobran los miembros de un Consejo
Consultivo que cuesta a la Comunidad de Madrid 4,3 millones de euros al año, y
que, junto con el resto de los Consejos Autonómicos, cuestan al ESTADO (nos cuestan a los yo soy español español español) 60
millones de euros anuales. Además, la Comunidad de Madrid le proporcionará todo
"el apoyo personal y los medios materiales que necesite para el
desarrollo de sus funciones representativas". Coche oficial, secretaría,
esos apoyos. Los 8.500 euros brutos se los embolsará Gallardón por ir a currar
un día a la semana. Bueno, a una reunión.
Como
describe el propio Consejo, su función consiste en opinar sobre asuntos de la
Administración autonómica, corporaciones locales, universidades y demás
entidades regionales de derecho público. Los funcionarios elaboran informes y
los consejeros opinan sobre ellos. Los miércoles. Emiten sus opiniones a través
de dictámenes que pueden o no ser publicados.
En
2013, por ejemplo, según su Memoria de Actividad, se da cuenta de la celebración de la Jornada sobre Contratación
Pública; se resalta la dificultad que supone la evaluación de las indemnizaciones
en los daños sanitarios; se resalta la falta de conservación y custodia de las
historias clínicas en algunos centros; se reflexiona sobre la insuficiencia del
plazo legal para resolver los expedientes sobre responsabilidad patrimonial.
Hala: 8.500 euros al mes a modo de alforjas para un viaje consistente en dar a
Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, opiniones de tal
calado.
Tan
agotador e imprescindible trabajo es realizado por dos consejeros permanentes,
Joaquín Leguina y ahora Gallardón, otros seis consejeros electos y un
secretario general. Todos ellos presididos por Ignacio Astarloa, exdiputado del
PP que fue subsecretario del Ministerio de Justicia y secretario de Estado de
Seguridad con Aznar, y cuyo hermano, casualmente, es Esteban Astarloa, abogado
del despacho Uría y Menéndez, donde también se ha desempeñado José, el hijo
mayor de Gallardón. Esteban Astarloa defendió al kamikaze que fue condenado a
13 años por un delito de conducción con grave desprecio para la vida de los demás
(una persona muerta y otra herida) y posteriormente indultado por el Gobierno
siendo Gallardón ministro de Justicia. Pero todo esto son casualidades, cosas
del azar.
El caso
es que, mientras Gallardón, Leguina y los otros se lo llevan crudo de las arcas
autonómicas, en Madrid hay más de medio millón de personas desempleadas, España es líder
europea en paro juvenil y la proporción de mujeres
paradas es superior, claro, a la de los hombres, extremo que suponemos
preocupará mucho, los miércoles, a Gallardón, dado que la protección de las
mujeres es su prioridad, como declaró y vino demostrando en los últimos meses,
cuando andaba dejándose los cuernos en su fallida reforma de la ley del aborto.
En misa con la Conferencia Episcopal y repicando en Génova. Por cierto, es
curioso que te encarguen un trabajo, lo hagas mal, conlleve un grave problema
para tu empresa y te premien de forma vitalicia con 8.500 euros brutos al mes.
La típica curiosidad. Tiene gracia también que Gallardón salga del Gobierno de
Rajoy para irse directamente a un Consejo que el propio Rajoy tenía previsto
eliminar en su proyecto de reforma de las administraciones Públicas porque su inutilidad es clamorosa y ha
recibido numerosas críticas. Curiosidades concatenadas.
El
caso, digo, es que, mientras los consejeros de los miércoles se levantan 5.500
euros netos al mes, las políticas de austeridad del Gobierno que abandona (o
que abandona a) Gallardón han generado una grave precariedad en un
excesivo número de hogares españoles, han contribuido a la
desigualdad y han agudizado las situaciones de pobreza y de exclusión. Basta
con que comparemos un miércoles cualquiera en la nueva vida de Gallardón con el
día a día de cientos de miles, de millones de personas desempleadas a las que
además se recorta en sanidad, educación, servicios sociales, productos
farmacéuticos, pensiones. Ahora, cuando nos cuando planteemos un "plan de
rescate" para esos millones de personas, no podremos olvidar, tampoco, el
rescate del que goza Gallardón.
Quien
aspiró, y creímos que llegaría, a ser presidente del Gobierno ha acabado en un
carísimo cementerio de elefantes. Podría, como anunció en su despedida, haber
dejado la política, pero no lo ha hecho: el Consejo Consultivo es un órgano
político. Podría haberse ido tranquilamente a su casa a dejar pasar los dos
años de incompatibilidad a los que está obligado para poder ejercer el Derecho o
dar vueltas por las puertas giratorias. Podría haberse reservado así un resto de respetabilidad. Pero no: el alcalde
que dejó la ciudad de Madrid endeudada para dos generaciones; el ministro de
Justicia que logró tener en su contra a todos los estamentos judiciales y dejar
judicialmente desprotegidos a los ciudadanos; el mismo que ha insultado a todas
las mujeres de este país con un paternalismo patético y peligroso; el que no ha
cumplido con nadie, ha tardado dos días en perder el poco pudor que debía haber
conservado.
Son insaciables estos romanos.
No salvan ni el honor. Y el precio de su honor es una provocación.
Fuente: http://www.eldiario.es/
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