El relator especial
de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos destaca los
"vacíos" institucionales en materia de verdad y justicia
Pablo de Greiff
critica en su informe la 'privatización' de las exhumaciones, la falta de
información oficial y la Ley de Amnistía
Recomienda que el
Valle de los Caídos deje de ser un sitio de "exaltación del franquismo"
y recuerda al Gobierno que debe juzgar o extraditar a los acusados de torturas
en la causa argentina
28/08/2014 - 17:50h
Amnistía
Internacional denuncia la impunidad con la que la justicia trata los crímenes
del franquismo
Son 20
páginas las que ha necesitado Pablo de Greiff,relator especial de la ONU,
para resumir su análisis sobre las medidas adoptadas por el Gobierno español
frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la
Guerra Civil y la dictadura franquista. Y la conclusión principal es que España
hace poco (y en ocasiones, mal) por la búsqueda de la verdad y la
justicia sobre estos hechos, y por la reparación a las víctimas.
La sentencia
es contundente: "No se estableció nunca una política de Estado en materia
de verdad, no existe información oficial, ni mecanismos de escalrecimiento de
la verdad. El modelo vigente de " privatización" de las
exhumaciones, que delega esa responsabilidad a las víctimas y asociaciones,
alimenta la indiferencia de las insituciones estatales...". Además, De
Greiff critica duramente las " interpretaciones restrictivas de la
Ley de Amnistía" que "no sólo niegan el acceso a la justicia sono
que también impiden cualquier tipo de investigación".
El relator
especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la promoción de la verdad, la
justicia, la reparación y las garantías de no repetición, realizó una visita
oficial a España del 21 de enero al 3 de febrero de este año. En esas semanas
se reunió con numerosas asociaciones de víctimas e instituciones relacionadas
con la memoria histórica, además de varios miembros del Gobierno. Entre ellos,
el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel
García-Margallo.
De sus
contactos con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, De Greiff destaca que el enfoque
'oficial' es maximalista. "Varios representantes enmarcaron las
discusiones en el siguiente esquema: 'O todos concluimos que ya estamos todos
reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios
subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto", explica el
relator. Su opinión es absolutamente contraria, ya que se basa en la fortaleza
y estabilidad de la democracia española. Por el contrario, cree que "los
vacíos en la respuesta institucional al tema [...] de la Guerra Civil continúan
siendo objeto de diferencias más profundas de lo que podrían
ser"."Resulta especialmente sorprendente observar que no se haya
hecho más en favor de los derechos de tantas víctimas", concluye el
especialista de la ONU.
1.
Remoción de símbolos franquistas
De Greiff
considera positiva la Ley de Memoria Histórica de 2007 que obliga a quitar
todos los símbolos y monumentos que exalten el franquismo. Asegura que el
Gobierno le informó de que la mayoría de ellos ya se había retirado. Sin
embargo, destaca que posee información de la existencia de calles y edificios,
placas conmemorativas e insignias que ensalzan a altos cargos y funcionarios
franquistas.
"El Valle de los Caídos difícilmente podrá pensarse como un
lugar en favor de la paz y la reconciliación [...] mientras siga en el centro
del monumento la tumba con flores del dictador".
2. Valle
de los Caídos
"El
sitio constituye en sí mismo la exaltación del franquismo", observa el
relator, que critica la falta de información. "Nada da cuenta de que fue
construido con el trabajo forzoso de miles de presos políticos bajo condiciones
inhumanas" o sobre "los cuerpos de las casi 34.000 personas que ahí
están inhumadas", afirma. "Nada explica quién fue José Antonio Primo
de Rivera ni por qué fue inhumado en el centro de la Basílica", ni por qué
Franco "fue inhumado allí sin ser víctima de la Guerra Civil". De
Greiff recomienda "resignificar" el lugar como guardián de la memoria
y sugiere la retirada del cuerpo de Francisco Franco. "Difícilmente podrá
pensarse como un lugar en favor de la paz y la reconciliación [...] mientras
siga en el centro del monumento la tumba con flores del dictador".
3.
Educación deficiente
El informe
destaca que las reformas educativas de 1990 y 2006 mejoraron el enfoque sobre
esta parte de la historia española en los curriculums escolares, pero asegura
que algunos manuales aún hacen referencias globales, "manteniendo la idea
de una responsabilidad simétrica". De Greiff considera que la mayoría de
los españoles han sido educados en la idea de que la Guerra Civil fue "un
conflicto entre dos Españas" y en la que se reforzaba la política del
" borrón y cuenta nueva" en lugar de destacar los abusos
y la violencia del régimen.
4.
Policías, militares y jueces poco formados
La ONU
considera que los miembros de la Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas
Armadas no reciben suficiente formación sobre las graves violaciones a los
derechos humanos cometidas durante el franquismo ni sobre la responsabilidad
que pudieron tener esos cuerpos en la comisión de esos delitos. También asegura
que los jueces no reciben formación de temas específicos de derechos humanos,
ni de la obligación del Estado en la persecución de delitos internacionales
como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de
guerra.
5. Falta
de información
"No
existen censos oficiales de víctimas, ni datos o estimaciones oficiales sobre
el número total de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura", enumera el
informe. Además, destaca temas "subexplorados" como el de los
trabajos forzosos de presos, muertes en bombardeos, represión, niños robados, o
la participación o complicidad de empresas privadas en la violación de los
derechos humanos. El relator considera que la Ley de Memoria de 2007 no
soluciona en absoluto este problema, e insta al Gobierno a establecer una
institución "independiente pero oficial" de búsqueda exhaustiva de
información, como la Comisión de la Verdad que impulsan varias
asociaciones.
6. Acceso
restringido a los documentos
Lo del
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca está muy bien, según el
informe. El problema es que en la práctica no se permite el acceso libre a
numerosos archivos, y que muchos de ellos permanecen clasificados
"invocando riesgos a la seguridad nacional" y "sin criterios
claros". De Greiff lamenta que la ley de Transparencia del Gobierno de
Mariano Rajoy no haya abordado los vacíos legales que generan este problema.
7.
Exhumaciones 'privatizadas'
El relator
expresa su "preocupación porque el Estado no haya hecho más para gestionar
las exhumaciones e identificación del los restos" y critica que esta tarea
se haya dejado en manos de familiares y asociaciones. De Greiff destaca que el
Gobierno negó "la legitimidad de este reclamo", sino que en general
despachó el tema refiriéndose al mapa de fosas y las subvenciones para exhumaciones.
"Desde 2011 –puntualiza el relator– el presupuesto para la ley de Memoria,
incluyendo las exhumaciones, ha sido anulado". Asegura que el
desentendimiento del Estado en este asunto provoca que no participen
autoridades judiciales y que no existan registros oficiales sobre lo que
encierran ñas 2.382 fosas que contendrían más de 45.000 restos de personas.
El relator
de la ONU, Pablo de Greiff, ha reprochado al Estado que no investigue ni
enjuicie los "graves" crímenes de la Guerra Civil y la dictadura. \
EFE
8. El
obstáculo de la Ley de Amnistía
Aquí es
donde se observan mayores déficits, y la Ley de Amnistía se erige como el
principal obstáculo en la búsqueda de justicia, ya que los casos se archivan
"sin que los jueces siquiera conozcan los hechos". Pablo De Greiff
entiende que la norma en sí misma no impide la apertura de causas, sino que son
las "interpretaciones restrictivas" –tanto de esta ley como de los
principios de no retroactividad o de seguridad jurídica, o de la aplicación de
la norma más favorable o la prescripción de los delitos– las que dificultan la
investigación de los delitos.
De Greiff recuerda
que estos efectos de la Ley de Amnistía son incompatibles con loscompromisos
internacionales que ha suscrito España, como el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, ratificado meses antes de aprobar la ley. Además,
asegura que conceder los beneficios de la ley de Amnistía requiere al menos una
investigación de los hechos, "pues de otra manera no hay responsabilidad
alguna que se pueda suspender o extinguir".
9.
Jurisdicción universal
Naciones
Unidas reconoce que España ha sido pionera en la aplicación de la jurisdicción
universal, y cita sobre todo los casos de las causas contra el dictador chileno
Augusto Pinochet y el militar argentino Adolfo Scilingo por crímenes de lesa
humanidad. La ONU ve "con precupación" las reformas de 2009 y 2014
que "limitan significativamente" que los juzgados españoles puedan
investigar crímenes internacionales graves, y asegura que "sigue
atentamente" los procesos en marcha "como la resistencia de algunos
jueces de cerrar las causas" invoando estándares internacionales.
Además, De
Greiff recuerda al Gobierno español que tiene la obligación de colaborar con la
justicia argentina en la causa en la que se investigan crímenes cometidos
durante la Guerra Civil y la dictadura. En cuanto a la solicitud de extradición
de exagentes de seguridad acusados de torturas, el relator es taxativo: " sólo
podrá denegarse la extradición de los acusados si la justicia española
inicia las investigaciones y juzga a los responsables".
10.
Víctimas 'de segunda'
"Muchas
organizaciones y víctimas han expresado que se siguen sintiendo como 'víctimas
de segunda categoría", describe el informe. Un sentimiento alimentado,
analiza "por medidas más ambiciosas en favor del reconocimiento y
reparación otorgadas a [...] víctimas del terrorismo". El relator
recomienda al Gobierno español que aproveche los debates del Anteproyecto de
Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima como oportunidad para incluir
"todas las categorías de víctimas".
Fuente: http://www.eldiario.es/
No hay comentarios:
Publicar un comentario