Pedro
Luis Angosto
18 de noviembre de 2013
Romper el concordato con el Vaticano no es
un capricho, es una cuestión de supervivencia para nuestra libertad y para
nosotros mismos, como individuos y como sociedad.
Un día después de la fiesta católica de la Purísima
Concepción pero de 1905, la Asamblea Nacional francesa aprobaba la ley que
separaba definitivamente a la Iglesia del Estado. A propuesta de Combes, Briand
y Jaurès, radical-socialistas y socialistas, el Estado francés denunciaba el
concordato vigente desde época napoleónica, nacionalizaba todos los bienes de
la iglesia puesto que hasta entonces habían sido sostenidos con dinero público
y prohibía al brazo francés de la multinacional romana el ejercicio del
comercio y, sobre todo, de la enseñanza. Tras la sanción de la ley, el gran
Jean Jaurés, íntimo amigo de Pablo Iglesias, diría una frase que ha quedado en
mayúscula para la Historia: "La ley de separación es la marcha deliberada
del espíritu hacia la plena luz, la plena ciencia y la entera razón".
Aunque los gobiernos colaboracionistas de Petain suspendieron temporalmente la
norma, devolviendo muchas prerrogativas a la iglesia, hoy todavía sigue vigente
en el país vecino, siendo la laicidad rasgo principal de la Educación francesa
y base del desarrollo político, económico y social del Estado.
Siguiendo los pasos de la III República francesa, la
española de 1931 fijó con claridad meridiana que el Estado nada tenía que ver
con confesiones religiosas, correspondiendo la fe, como es natural, a la
interioridad de los individuos. Así, en su artículo 26 decía: “Todas las
confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley
especial. El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no
mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias,
Asociaciones e Instituciones religiosas. Una ley especial regulará la total
extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero. Quedan
disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de
los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de
la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines
benéficos y docentes. Las demás Órdenes religiosas se someterán a una ley
especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes
bases: 1. Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro
para la seguridad del Estado, 2. Inscripción de las que deban subsistir, en un
Registro especial dependiente del Ministerio de justicia. 3. Incapacidad de
adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que los que,
previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de
sus fines privativos. 4. Prohibición de ejercer la industrial el comercio o la
enseñanza. 5. Sumisión a todas las leyes tributarias del país”. 6. Obligación
de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en
relación con los fines de la Asociación. Los bienes de las Órdenes religiosas
podrán ser nacionalizados”. Aprobada también un nueve de diciembre, en este
caso de 1931, la Constitución de la II República recuperó un siglo perdido y
metió a España en el siglo XX, dejando atrás siglos de superstición, abusos,
privilegios y la imposición de la moral particular de unos pocos como norma
fundamental de obligado cumplimiento para todos.
El sueño duró poco y al cabo de cinco años, la España
que hiela el corazón y mata, la España rufiana y podrida incendió al país,
crucifijo en mano, para regresarnos al siglo XIX y suprimir todas, absolutamente
todas, nuestras libertades. Fue entonces cuando el catolicismo volvió a ser
religión de Estado y más que eso el Estado mismo, dando forma a la versión
española del fascismo: El Nacional-Catolicismo, que desde entonces, con suaves
paréntesis, habita entre nosotros y espanta con virulencia cualquier atisbo de
librepensamiento y progreso. No niego, ni creo que nadie lo haga, el derecho de
cualquier persona a profesar las creencias religiosas que estime oportunas,
pero esas creencias pertenecen a la esfera íntima de cada individuo y en
absoluto pueden interferir en la vida pública del país porque cuando eso sucede
las naciones se castran a sí mismas, cercenan su presente y someten el futuro a
dogmas probadamente inciertos. Uno, como individuo puede creer en lo que
quiera, lo mismo en el Dios de los católicos que en Manitú pero esas creencias
tienen que quedar, por fuerza, dentro del ámbito personal.
El partido
que ahora mismo manda en España -porque no gobierna, manda- está restaurando
con gran celeridad muchos de los principios del nacional catolicismo, no siendo
el menor de ellos la imposición de la moral particular hipócrita de unos pocos
a toda la ciudadanía, lo que por esencia es incompatible: No hay ciudadanía
cuando ésta acepta tal imposición. De continuar por el camino emprendido, y
quedan todavía dos años de legislatura, no tardaremos en reencontrarnos con el
cardenal Segura o Vázquez de Mella, ni en volver a limpiar las botas de
nuestros dueños. En España, para la España franquista la religión es de casta,
pertenece a la estirpe que ha machacado siempre nuestras libertades y hoy, por
desgracia, no está sólo presente en la acción del gobierno central sino
también, y mucho, en gobiernos como el catalán de Artur Más y ERC. Romper el
concordato con el Vaticano no es un capricho, es una cuestión de supervivencia
para nuestra libertad y para nosotros mismos, como individuos y como sociedad.
El artículo 26 de la Constitución republicana de 1931 sigue plenamente vigente
y hacia su reposición tenemos la ineludible obligación de caminar. El pasado
que el PP pone como futuro ya lo hemos vivido y huele muy mal.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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