LA TRAMPA DE LA GESTIÓN CLÍNICA

Por Pablo Vaamonde | Estamos gobernados por un grupo de liquidadores de los servicios públicos, por una facción ideológica que sigue con entusiasmo el credo ultraliberal y que se aplica con diligencia en el desprestigio y el desmantelamiento de lo público, con la entrega a manos privadas de porciones de presupuesto cada vez más cuantiosas. Para este fin emplean, en la sanidad, todos los medios posibles.

nuevatribuna.es | Pablo Vaamonde | Médico de Familia (A Coruña) | 25 Noviembre 2013 - 19:25 h.

Núñez Feijóo y Rocío Mosquera.

El último artículo sobre La trampa de la Gestión Clínica tuvo cierto impacto en el entorno sanitaro gallego. Lo sé porque recibí bastantes críticas y menos elogios. Intentaré explicar con más detalle, en esta segunda entrega, mi lectura de los hechos. El relato que intenté construir es el siguiente:

Estamos gobernados por un grupo de liquidadores de los servicios públicos, por una facción ideológica que sigue con entusiasmo el credo ultraliberal y que se aplica con diligencia en el desprestigio y el desmantelamiento de lo público, con la entrega a manos privadas de porciones de presupuesto cada vez más cuantiosas. Para este fin emplean, en la sanidad, todos los medios posibles: la privatización total de los hospitales (mediante las concesiones tipo PFI), la derivación masiva a los centros privados y la externalización creciente de servicios sanitarios y parasanitarios.

Este grupo dirigente miente y engaña por sistema. Incumplieron todas las promesas de la campaña electoral. Una vez ganadas las elecciones comenzaron su labor de demolición. Aquí, en Galicia, Núñez Feijóo ya advirtió que privatizaría todo lo que no fuera estrictamente sanitario. Pero la Consejera Rocío Mosquera va más allá: “no nos queda otra que aplicar fórmulas de colaboración público-privada”. La utilización del BOE para publicar normas (incrustadas en leyes referentes las otras materias) es una táctica tramposa que ya utilizaron en diversas ocasiones. Que empleen este medio para la creación de las Áreas de Gestión Clínica (AGC), con la posibilidad de laboralizar a los sanitarios actualmente acogidos al Estatuto Marco, hace desconfiar de las intenciones del ejecutivo. Nada bueno están preparando cuándo pretenden esconderlo de esta forma.

Allí donde aplicaron las recetas neoliberales (que comenzaron hay tres décadas en el Reino Unido) las consecuencias fueron catastróficas para la sanidad pública y para sus trabajadores. En las comunidades gobernadas por el PP, donde más han avanzado con las medidas privatizadoras, llegaron a un severo deterioro de la calidad asistencial y de las condiciones laborales, provocando ademáis un incremento en el gasto sanitario que sitúa a esas autonomías en la ruína. Los gobernantes de Galicia, a pesar de las evidencias, siguen el mismo camino. Las consecuencias para los profesionales son severas: reducción drástica de los presupuestos de sanidad, desmantelamiento de las Gerencias de Atención Primaria, amortización de plazas, precarización del empleo, suspensión de la jornada de tarde en los hospitales, exilio de los profesionales jóvenes. También la población sufre las consecuencias en el aumento de las listas de espera y el desvío masivo a los centros concertados. La apuesta por la privatizacion es rotunda; entregaron a empresas externas la plataforma informática, la renovación tecnológica, la central de compras, el suministro de material sanitario etc. La propuesta de creacion de AGC no es sino un escalón más para privatizar, en este caso, el núcleo duro de los centros sanitarios: el trabajo asistencial.

Hecho este largo preámbulo recordemos lo sucedido en estos últimos tiempos:

-El gobierno de Madrid publica en el BOE, con nocturnidade y alevosía, una norma que promueve la creación de AGC y facilita la laboralizacion del personal sanitario.

-El gobierno gallego lleva al Parlamento una propuesta para crear AGC en Galicia (que ya venían impulsando en los últimos meses en los hospitales, sin que existiera norma legal alguna). Es muy probable que el PP gallego imponga en Galicia los criterios propuestos desde Madrid. Las promesas de soberanía realizadas por el portavoz de sanidad, Miguel Santalices, ofrecen poca garantía.

-Rocío Mosquera comparece ante la prensa en compañia de los consejeros de Valencia y Madrid, máximos exponentes del furor privatizador del PP. Afirma que es necesario modificar el sistema retributivo para vincularlo al rendimiento (haciendo entender que actualmente no existe implicacion en el trabajo ni se consiguen objetivos).

-Pocos días después, en sede parlamentaria, afirma que la Consejería va a impulsar el autocuidado y la atención telefónica. En resumen: cierran camas, eliminan servicios, amortizan plazas, suprimen la actividad de tarde y pretenden que los pacientes se cuiden la sí mismos y, cuando no lleguen, que llamen por teléfono.

La estrategia es clara (desprestigio de lo público, reducción de los presupuestos y de la actividad de los centros, e introducción de la gestión privada en los hospitales) y los actores están identificados (los actuales mandatarios del PP que, en el futuro, podrán pasar, mediante la puerta giratoria, a gestionar las áreas que ahora privatizan). Los perdedores de esta batalla también son conocidos: los profesionales (que están perdiendo derechos laborales de forma acelerada) y los usuarios de la sanidad pública (que ven crecer las demoras para recibir la atención y los copagos a los que deben hacer frente).

La fuerza de los hechos es tan contundente que no podemos permitirnos el lujo de ser ingenuos ni es posible mirar para otro lado. Los partidos de la oposición tienen que salir de su letargo para intentar frenar, por todos los medios, esta demolición programada de la sanidad pública. Las fuerzas sindicales deben recuperar la beligerancia de antaño para hacer frente común ante de la liquidación de los servicios públicos. De no hacerlo así, ya y todos juntos, quedarán en la historia como cómplices del mayor ataque contra el Estado de bienestar perpetrado desde el poder.