Cientos de millones destinados a
reconvertir las cuencas mineras apenas han dado fruto
El dinero se ha perdido en polígonos
industriales vacíos y empresas frustradas
,+de+principios+del+siglo+XX,+comprado+por+el+Ayuntamiento+con+fondos+mineros.+-JUAN+MANUEL+VACAS.jpg)
El poblado industrial de
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), de principios del siglo XX, comprado por el
Ayuntamiento con fondos mineros. / JUAN MANUEL VACAS
La Marta
evoca tiempos mejores. Esta locomotora, fabricada en 1884 en Francia por la
Sociedad General Alsaciana de Construcciones Mecánicas, debía estar ahora mismo
tirando de un tren de época por el valle del Guadiato (Córdoba) para atraer
turistas a esta zona minera y paliar el declive económico. En 2008, la entones
alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, Luisa Ruiz (PSOE), presentó el tren turístico
y anunció que comenzaría a funcionar en 2011. El Ministerio de Industria
subvencionó la restauración con 1,4 millones de euros —solo para la primera
fase— del popularmente conocido como plan Miner, destinado a reconvertir la
economía de las zonas mineras tras el abandono del carbón. El tren turístico
del Guadiato iba a crear 10 empleos con un coste de 14 millones.
Pero la
Marta solo acumula polvo y telarañas. Está restaurada, sí, pintada de negro con
ribetes rojos, pero no tiene caldera ni raíles por los que circular. Aguarda en
un almacén del Ayuntamiento, una nave de principios del siglo XX, un vestigio
de cuando la francesa Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya (SMMP)
explotaba carbón en esta sierra de Córdoba próxima a Ciudad Real. En el pueblo
ya no hay minería y la producción de carbón en Córdoba ha caído de 1,1 millones
de toneladas en 1997, cuando comenzó el plan de ayudas, a 520.000 en 2010. Pero
no hay alternativas.
La ‘Marta’, locomotora de 1884
restaurada pero sin uso, en Peñarroya. / JUAN MANUEL VACAS
El
Ayuntamiento, ahora gobernado por el PP, dice que no tiene dinero para
proseguir con la restauración del tren y ha denunciado a la Guardia Civil el
uso indebido de las subvenciones mineras. Alertó, entre otras cosas, de que el
consistorio había firmado la recepción de la restauración del tren cuando ni
siquiera habían llegado los vagones, que estaban repartidos por talleres de
media España. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detuvo a
tres personas e imputó a una decena en un sumario secreto que instruye el
juzgado número 2 de Peñarroya.
La Guardia
Civil ha ampliado las pesquisas al resto de subvenciones mineras en Peñarroya.
Agentes del cuerpo se llevaron los expedientes del Ministerio de Industria, en
Madrid. No lejos de la nave que guarda la Marta está una residencia para
discapacitados psíquicos graves. La construyó el Ayuntamiento también con unos
tres millones de subvención de los fondos mineros. La obra está terminada desde
2010, pero no alberga a nadie. Ni a enfermos ni a cuidadores. El edificio,
moderno, gris, acristalado, choca con los clásicos chalés de alrededor, los que
usaron los ingenieros franceses hace un siglo.
A las
afueras del pueblo espera otro ejemplo del estéril uso de los fondos públicos.
En el polígono industrial Antolín III, subvencionado por Industria, los únicos
brotes verdes que se ven son las zarzas que cubren todas las parcelas. Allí no
se ha instalado empresa alguna. Al lado, se levanta una planta de reciclaje de
neumáticos, que también recibió apoyo del plan Miner, pero ha cerrado. Hay
pintadas contra los impagos a los trabajadores. El pueblo, de 11.000
habitantes, ha recibido en los últimos 15 años unos 26 millones del programa.
La alcaldesa, María Gil (PP), asegura que no puede hacer comentarios mientras
el caso esté bajo investigación. La exalcaldesa detenida, ya en libertad con
cargos, no ha querido hablar para este reportaje, según una portavoz del PSOE
de Córdoba.
La empresa y
la residencia lucen un cartel con el emblema del Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras, un organismo adscrito a Industria que desde finales de los
años noventa ha regado de millones las comarcas mineras. Solo hasta 2006 (los
últimos datos que ofrece en su web), gastó 227,9 millones de euros en polígonos
industriales. Buena parte de ellos no tienen inquilinos. Las ayudas han seguido
manando hasta hace poco con resultados igual de frustrantes.
Mientras
tanto, la plantilla de mineros del carbón ha bajado de 50.000 en los ochenta a
unos 5.000. En ese tiempo, la producción se ha reducido de 36 millones de
toneladas a 6 millones en 2012. Paz Benito, profesora de Geografía de la
Universidad de León, que ha estudiado los efectos del plan Miner en la zona,
saca estas conclusiones: “Se han creado infraestructuras de transporte y de
equipamientos colectivos, pero están ociosas. Los polígonos industriales están
vacíos y los museos de la minería apenas tienen visitantes. Se ha invertido de
forma azarosa, para salir del paso, con una perspectiva cortoplacista”.
Ni cementera ni prefabricado
A 750 kilómetros
de Peñarroya, en Andorra (Teruel), se levantó un polígono hecho a medida para
dos empresas que iban a generar el empleo que necesitaba el pueblo, de 8.000
habitantes, para paliar el cierre de las minas. Allí iban a instalarse una
cementera de la multinacional Cemex y una planta de prefabricados para
arquitectura de la gallega Castelo.
Cementera de Andorra (Teruel) que no
ha abierto y recibió siete millones. / DAVIS ASENSIO
Un grupo de
obreros ruidosos trabajan para desguazar la planta de Castelo, que solo llegó a
funcionar unos meses. Las piezas metálicas se acumulan alrededor del edificio
rojo y blanco que durante un tiempo albergó las instalaciones más modernas de
España en su sector. Dos técnicos de mantenimiento son los únicos empleos que
ha generado la otra, que costó 84 millones, 7 de ellos de subvención. Nunca
llegó a abrir. Una portavoz de Cemex asegura que, tal y como está la situación,
no hay planes para este gigante de hierro y hormigón, custodiado por un guarda
de seguridad las 24 horas del día.
Andorra no
tiene minas desde 2005, pero sigue viviendo del carbón. Justo al lado del
polígono, las chimeneas de la central térmica expulsan humo blanco sin parar.
Pero el tercer municipio más grande de Teruel no consigue encontrar una
alternativa pese a las ayudas. La cementera ha muerto antes de nacer y la
decena de empresas levantadas con subvenciones públicas han ido abandonando la
localidad. El polígono de La Estación, que se llama así porque se ubica en el
lugar al que llegaban las vagonetas llenas de carbón procedentes de la mina, se
ha convertido en el campo de entrenamiento perfecto para los clubes de
atletismo del pueblo. Los vecinos hacen deporte entre naves apagadas y cerradas.
La empresa de jamones Andojam (que sigue abierta, pero casi sin producción),
Ferrogres, la de cartonajes Paphsa... proyectos que se no llegaron a cuajar
como estaba previsto en la villa minera.
De los
22.000 millones de dinero público que, según Industria ha recibido el sector
desde 1990, la gran mayoría ha ido a las empresas mineras y a prejubilaciones.
Pero además, y para paliar el declive, el plan del carbón 2006-2012 financió
“la transición de las comarcas mineras hacia actividades económicas de mayor
valor añadido y de mayor calidad de los recursos humanos”. Para ello anunció
que habría 250 millones al año en infraestructuras (que incluían nuevos
polígonos industriales) y 150 millones para proyectos empresariales. Y lo ha
hecho con escaso éxito y control, según todas las fuentes consultadas.
Jesús
Magadán recibe en la sede de Comisiones Obreras en Ponferrada (León). A la
puerta del responsable sindical de la minería de la comarca acude un goteo de
afectados por los ERE para consultarle. Calcula que la zona ha pasado de 2.800
mineros a 650 en 20 años. Y cita empresas creadas con ayudas de Fondos Miner:
“Comonor y LM [fabricantes de aerogeneradores eólicos], Inoxidables del
Noroeste… No recuerdo ninguna que se mantenga bien”.
“Levantad la boina que os tapa los ojos, le decía a
los alcaldes”, recuerda la exdiputada socialista Yolanda Casaus
La mayoría
de las empresas han cerrado tras recibir subvenciones. Cumplieron los cinco
años de funcionamiento mínimo que exige el plan de ayudas para no tener que devolver
el dinero.
El
fabricante de paneles solares Cel Celis abrió en 2010 tras invertir 35 millones
(seis de ellos de ayudas) en un acto al que acudió el vicepresidente de la
Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva. El pasado 19 de enero, Industria
publicó en el Boletín Oficial del Estado que iniciaba el trámite de revocación
de la ayuda. Recurría al BOE porque no había podido notificarlo a la empresa.
En la empresa afirman que fue un problema de notificación de los expedientes de
la Junta de Castilla y León. La firma sigue en marcha, pero con la producción
parada. No se venden paneles solares.
El mismo
boletín incluía otros 15 expedientes de revocaciones de ayudas a empresas que
no habían podido ser localizadas. Estaba una firma de deshuese de jamones de
Andorra (Teruel), que tenía concedida una ayuda de 400.000 euros; un hotel de
tres estrellas con 88 habitaciones en Alcañiz (Teruel), que nunca se llegó a
construir y que tenía concedidos 393.000 euros; o una fábrica de embutidos en
La Mata de los Olmos (Teruel), que funcionó entre 2008 y 2010, y tuvo
adjudicada una subvención de 527.000 euros.
Prefabricados
Castelo, la mole cerrada junto a la cementera de Andorra, tuvo adjudicados 2,1
millones, y está en la lista de los buscados por Industria. Solo en el último
año, el ministerio ha abierto expediente a un centenar de empresas que no
encuentra, y que tenían adjudicados 50 millones entre 2007 y 2010, aunque no
todas habían llegado a cobrar la ayuda.
Peñarroya-Pueblonuevo recibió 26
millones del Plan Miner en 15 años. / JUAN MANUEL VACAS
Tras dos
semanas sin dar respuesta, Industria afirmó el viernes por la noche que de los
560 proyectos empresariales que entre 2009 y 2010 tuvieron asignada una
subvención ha revocado o anulado las ayudas a 218, por un importe de 129,9
millones. En la mitad de los casos son las empresas las que renuncian a la
subvención. En otros es el Gobierno porque las compañías no han estado abiertas
el tiempo previsto o no han cumplido con la inversión anunciada. Pese al
paisaje de empresas cerradas que se ve sobre el terreno, el ministerio señala
que estas anulaciones solo conllevan la obligación de reintegrar 3,4 millones.
Algunos expedientes están en tramitación y no han llegado al punto de la
devolución. De los 4.706 nuevos empleos anunciados, Industria asume que 1.863
nunca llegaron a crearse.
“Da igual
que les reclamen las ayudas, son sociedades anónimas que han desaparecido”,
pronostica sombrío José Luis Villares, secretario de minería de Comisiones
Obreras. Este admite que los planes para reindustrializar las zonas mineras no
han funcionado. Hay infraestructuras, carreteras decentes que llegan a zonas
remotas, polígonos industriales en cada esquina dispuestos a recibir proyectos
empresariales. Pero pocos empleos. Villares está en una oficina de CC OO en
Madrid, pero habla mezclando palabras en bable. Advierte: “No intenten analizar
los datos. Ni nosotros lo conseguimos. No nos los dan. Vengo de Asturias con un
dato de ejecución de convenios y dinero gastado y en el ministerio me dan otro
que no coincide”.
CC OO remite
al análisis que publicó en 2011 sobre el balance del periodo 2006- 2008: “Del
empleo comprometido a nivel nacional, 8.789 puestos, se crearon tan solo 514
puestos, mientras que se perdieron 4.215 [por la caída de la producción del
carbón]”.
Magadán, por
su parte, insiste en que el programa no estaba mal pensado, que ha sido la
crisis y la política energética del Gobierno del PP el que lo ha hecho naufragar.
“Las eólicas llegaron a emplear a miles de personas en León y ahora apenas a
unos cientos”, explica este hombre de 49 años que pasó un cuarto de siglo en la
mina y que añade que no es sencillo atraer empresas a lugares geográficamente
aislados.
A 30 kilómetros
al sur de Ponferrada, en Brañuelas, por el camino que marca la A-6, emerge otro
monumento al fiasco de la reconversión: un polígono terminado hace 12 años que
sigue prácticamente vacío. Benjamín Geijo, alcalde desde 1979 de este municipio
que hoy tiene unos 400 habitantes, se lamenta: “Vivo con la impotencia de ver
que mi pueblo va a menos y que es muy difícil hacer algo. Antes había 17 bares
y ahora quedan dos”. Geijo habla en el restaurante que tiene junto a la
autovía, un sitio apreciado por los camioneros. Brañuelas no tenía minas, pero
sí el lavadero y la estación de tren para el carbón que se extraía de la
montaña.
El alcalde de Brañuelas, Benjamín
Geijo, en el polígono del pueblo. / SUSANA DÍEZ
Geijo, del
PSOE, recuerda que hace más de 20 años ya acudió a un programa a TVE a un
debate entre alcaldes de pueblos pujantes y otros venidos a menos. Fue cuando
ofreció suelo gratis a una empresa de misiles que suscitaba oposición en Navarra.
Aún sigue buscando empresas.
Gracias a
los fondos mineros ha construido una residencia de ancianos de 190.000 euros,
un polígono industrial de 400.000 y un vivero empresarial.
En una
esquina del polígono está su único inquilino, la empresa de Magín Fernández
Feliz, de 63 años, que moldura y trata el granito y la pizarra para cementerios
o tejados. “A mí no me dieron fondos Miner y casi lo prefiero”, cuenta mientras
pasea entre lascas. Aunque llegó a tener 12 trabajadores, ahora la maneja con
su socio. Espera que un inminente negocio de envío de plaquetas de pizarra a
Alemania reactive la producción. “Aquí habría que reconvertir a la gente, más
que la zona. Los mineros se prejubilan con una buena pensión y no la arriesgan.
Hacen que los hijos estudien y se vayan, pero no invierten su dinero. Si
alguien quiere levantar esta tierra tenemos que ser nosotros, no esperar a que
vengan los japoneses, los alemanes o los americanos a cosechar por nosotros”,
opina Magín.
Aragón ha
recibido del Estado en 15 años de planes mineros 350 millones para
infraestructuras y 76 para proyectos empresariales. El consejero de Industria,
Arturo Aliaga, del PAR, que ha estado al frente de los tres planes estratégicos
del carbón en la comunidad, defiende que las cosas se han hecho de forma
“exquisita” y culpa a la crisis de haberse llevado por delante a las empresas
que llegaron a Teruel con el plan Miner. Pero apunta otro escollo para la
reconversión: la presión social de las zonas mineras para atraer proyectos a
cada pueblo. “¿Que si Andorra necesitaba tres polígonos? Es que si no los
hacemos nos matan. Pregúntele al entonces alcalde, que era de Izquierda Unida”.
Aliaga cree
que es difícil atraer empresas a las cuencas mineras por su complicada
orografía y justifica que muchas de las compañías que llegaron a Teruel
estuvieran relacionadas con la construcción. “Cuando todo esto se planteó, el
modelo no era descabellado, pero ahora ¿qué quiere llevar a Andorra? ¿Cuántos
jóvenes se quieren ir a trabajar allí? No podíamos atraer a empresas
especializadas”.
En Ariño
(Teruel), un municipio de 900 habitantes, se puso hace diez años la primera
piedra del balneario que habría de cambiar la economía del pueblo. Pero no
logró acabarlo. El pueblo sigue dependiendo del carbón. El alcalde, Joaquín
Noe, baja a la mina cada día. Los cascos y las camisetas negras en defensa del
sector decoran el bar y una torreta de extracción da la bienvenida al visitante
a la entrada del municipio. Carlos Luna, concejal socialista de Ariño y minero
recién jubilado, tiene en este balneario, que se supone que algún día dará
trabajo a una treintena de personas, su esperanza para que el pueblo no muera.
“El Miner ha estado mal repartido, cada uno ha mirado solo por lo suyo, y así
no se puede”, asegura.
Carlos Luna, edil de Ariño y minero,
en el balneario cerrado de su pueblo. / DAVID ASENSSIO
Yolanda
Casaus, concejal socialista de Andorra, estuvo dos legislaturas en el Congreso
llevando los temas del carbón. Para ella, el principal problema ha sido “la
planificación, más pensada para los pueblos que para el conjunto”. Y la
lentitud en la concesión de las subvenciones.
Las ayudas
se deciden en llamada Mesa de la Minería. Una veintena de personas —de la
Comunidad, parlamentarios autonómicos, los Ayuntamientos y los sindicatos— que
se reúne cuando el Gobierno autonómico las convoca para decidir qué proyectos
reciben ayudas, después de que las propuestas hayan pasado por una comisión
técnica. Para Casaus, estos encuentros, que se podían alargar durante horas,
nunca acabaron de ser del todo transparentes y es el origen de que se aprobaran
algunas iniciativas con “poco sentido para un territorio como Teruel”. “Aragón
ha hecho polígonos para criar ababoles [amapolas]”, relata Casaus. “Yo hablaba
con los alcaldes y les decía: ‘Haced el favor de levantar la boina que os tapa
los ojos”.
Por supuesto
no todas las empresas subvencionadas han caído. Casting Ros, en Utrillas
(Teruel), dedicada a fabricar piezas de automóvil, se ha convertido en el motor
de la comarca y las ayudas han sido imprescindibles para su supervivencia, una
de ellas del plan Miner. Ha estado en la cuerda floja en varias ocasiones y en
2010 estuvo a punto de sufrir un ERE que iba a afectar a casi la totalidad de
su plantilla, pero unos pedidos llegados in extremis anularon el proceso. En
2008, Casting Ros contaba con 500 trabajadores, pero la caída de la producción
ha hecho que ahora haya unos 300.
"No se ha frenado la atonía″
Paz Benito,
la profesora de Geografía de la Universidad de León, remata: “Los fondos no han
dado un resultado evidente. No diría que ha sido un fracaso, pero es obvio que
no ha frenado la atonía económica y la despoblación”. Julio Lago, profesor de
Economía de la Universidad de León, da ánimos al que se decide a escrutar los
datos: “He intentado hacer algún estudio, pero cuando he pedido datos al
Instituto del Carbón no me los dieron. Buena suerte”.
Fermín
Rodríguez, director de un centro de la Universidad de Oviedo, presentó al
ministerio un proyecto para evaluar las ayudas, pero cuenta que no vio mucho
interés. Rodríguez sostiene que si Industria ha pagado por residencias que no
funcionan es en parte porque el dinero se ha gestionado “de forma burocrática,
mirando el expediente más que el proyecto. Si el papel dice que algo está en
marcha es que está”. Rodríguez recuerda que al principio del plan los alcaldes
pedían e Industria daba: “Uno reclamaba una bolera y otro un abrevadero. No ha
sido un modelo de gestión”.
Una fuente que
estuvo en Industria hace unos años cuenta cómo se veía el Miner allí: “Las
comunidades y los sindicatos presentaban los proyectos e Industria pagaba y
miraba para otro lado. Nadie quiere hacer balance de ese programa porque a
nadie le interesa”.
Izquierda
Unidad en León sí que se empeña en reclamar una auditoría. “Ha habido
cazasubvenciones, empresas que abrían, estaban el mínimo tiempo posible y luego
cerraban sin control. Ni el PSOE ni el PP ni los sindicatos quieren analizar
qué ha pasado con el dinero”, opina Santiago Ordóñez, coordinador de IU en la
provincia.
Incluso si
no se buscan culpables, Paz Benito echa en falta una auditoría pública, un
balance de cómo ha ido un programa tan grande de dinero público: “No lo hay,
porque ¿a quién le interesa ese balance? Ni al Gobierno, ni a los sindicatos,
ni a las comunidades les interesa, porque han participado en la toma de
decisiones. A los habitantes de estas zonas les resulta indiferente porque
viven mayoritariamente de la prejubilación y sus hijos están fuera. Y las
empresas creen que no tienen que dar cuentas del dinero público que reciben.
Nadie se hace responsable de la herencia que recibe ni de la que deja y por eso
nadie hace balance, no interesa”.
Proyectos frustrados
Estos son
algunos de los proyectos fracasados que recibieron subvenciones millonarias del
Ministerio de Industria para cambiar la economía de las zonas mineras.
» Seis
millones para placas solares. La planta de fabricación de placas solares Cel Celis
abrió en 2010 en San Román de Bembibre (León) tras invertir 35 millones de
euros (seis de ellos, ayudas públicas del Plan Miner). Ahora está en concurso
de acreedores. El pasado 19 de enero, Industria publicó en el Boletín Oficial
del Estado que iniciaba el trámite de revocación de la ayuda concedida a Cel
Celis. Iba a crear 150 empleos.
» 3,5
millones para medicamentos. Industria concedió en 2002 una ayuda de 3,47 millones a la farmacéutica
Diasa Pharma. Iba a invertir 8,67 millones en una nueva planta en Turón
(Asturias) para crear 90 puestos de trabajo. La empresa se comprometía a
mantener el empleo hasta octubre de 2010 (el plazo es mayor que en el resto
porque hubo retraso en los permisos y abrió más tarde de lo previsto). En mayo
de 2009 entró en concurso de acreedores y está en liquidación, según la prensa
local.
» 31
millones para una fotovoltaica. Silicio Solar, filial de una empresa ucraniana,
recibió de Industria 20,9 millones en 2007. La planta, situada en Puertollano,
obtuvo además 10 millones de incentivos regionales que otorgó el Ministerio de
Economía. Llegó a ser la mayor planta de fabricación fotovoltaica de España,
con casi 500 empleados. En diciembre pasado, cerró, según fuentes del sector.
» 2,1
millones para prefabricados. La empresa gallega de prefabricados Castelo abrió en
2009 la planta con la maquinaria más moderna de su sector en Andorra (Teruel) y
cerró en diciembre de 2010. Recibió 2,1 millones de ayudas en 2007 y solo creó
25 puestos de trabajo de los 100 prometidos.
» Diez millones para un balneario. El complejo termal de Segura de
Baños, ubicado en este municipio de solo 30 habitantes de Teruel, comenzó a
construirse en 2007 y las obras todavía continúan. La Mesa de la Minería
concedió 10 millones de euros de subvención al Ayuntamiento para levantarlo, y
cuando esté finalizado, el Consistorio tendrá que sacar a concurso su gestión.
Fuente: www.elpais.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario