La
carta que recibió el presidente Zapatero del Banco Central Europeo, provocó
escasos cambios en el último trimestre de la legislatura socialista, pero ha
sido seguida a rajatabla por el Ejecutivo de Rajoy
27/11/2013 -
13:05h
Guindos ha
sido el brazo ejecutor de la carta enviada por el BCE en 2011
Dos años y
medio después, la famosa carta que el Banco Central Europeo (BCE) remitió al
entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha visto la
luz. La misiva (publicada en el libro del presidente y
adelantada por El País) causó verdadero estupor por el intervencionismo de una entidad
supuestamente independiente, el guardián del euro, y llegó en la recta final de
legislatura socialista, sin apenas margen de maniobra para atender las demandas
de Fráncfort, menos aún, en plena campaña electoral.
Con todo,
entre las herencias recibidas que acogió con peor o mejor agrado Mariano Rajoy,
fue la ínclita epístola, que tuvo mucha más parroquia en las filas populares
que en las socialistas. Leyendo actualmente los requisitos del entonces
presidente, Jean Claude Trichet, sorprende ver cómo se convirtieron en el
ideario programático del Gobierno de Rajoy, apadrinado especialmente por Luis
de Guindos. Un programa que, por supuesto, no se reflejó en las promesas
electorales que les llevaron a ganar las elecciones apenas cuatro meses después
de la llegada del correo. Estas son, una por una, las peticiones que hizo la
institución –reproduciendo exactamente el modelo de la carta–, y esto, lo que
ha hecho finalmente el Partido Popular.
1.- Reforma
Laboral
a) Negociación
Colectiva. Trichet exigía en la carta "reducir la posibilidad de que
acuerdos en el sector industrial (en el ámbito nacional o regional) limiten la
aplicabilidad de acuerdos a nivel empresarial". Esta demanda se trasladó
en la reforma laboral por el Gobierno conservador dando prioridad a los
convenios pactados en las empresas por encima de los de ámbito superior.
b) Eliminar
las cláusulas de inflación. El BCE exigía acabar con las prácticas de
las cláusulas de revisión salarial ligadas al IPC. Como el Gobierno no puede
regular los pactos entre partes privadas, ha trasladado este deseo en dos
vectores. Por un lado, desvinculando las pensiones de la inflación, con la
creación de un nuevo factor de sostenibilidad, y por otro, con la ley de
desindexación de la economía, que verá la luz el próximo ejercicio y que
tratará de eliminar todas las referencias del sector público que apliquen la
evolución de los precios. El Ejecutivo cree que estas dos prácticas terminarán
permeando las relaciones laborales también. Por otro lado, la flexibilización
del descuelgue en los convenios de empresa ha facilitado que no se cumplan las
subidas de actualización de los sueldos.
c) Moderación
salarial en el sector privado. Esta era la petición de la institución
comunitaria, pese a saber que intervenir en el sector privado es casi imposible
(por no hablar de censurable en términos de economía de mercado). Con todo, el
Gobierno ha promovido leyes como las que se recogen en el punto anterior para
desligar precios y salarios, y su discurso se vertebra en torno a la moderación
de los sueldos.
d) Nuevo
contrato con indemnizaciones por despido muy bajas. Dicho y hecho. El
Ministerio de Fátima Báñez creó el contrato de emprendedores que supone que
durante el primer año hay despido libre. Indemnización más baja, imposible. El
BCE pedía además suprimir la restricción a la prolongación de contratos
temporales, el único requisito que cumplió el Gobierno de Zapatero al eliminar
la restricción de encadenar este tipo de contratos más de dos años. Se da la
paradoja de que la reforma laboral del PP lo restableció en dos años.
2.- Límites
al déficit
a)
Compromiso de los objetivos de política fiscal. En la carta, cofirmada
por el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez,
se le pedía al Ejecutivo que mostrara su "compromiso incondicional con el
cumplimiento de los objetivos de política fiscal, independientemente de la
situación económica". "Acciones", pedía la carta. Esta demanda
se trasladó, pocas semanas después, en una modificación exprés de la
Constitución, que fijaba los límites del déficit y del gasto. La estabilidad
presupuestaria quedó así fijada por la Constitución.
También se
pedía dentro de la misma relación, que se presentara en agosto medidas
adicionales de recortes por al menos 5.000 millones de euros y estrechar la
vigilancia de los presupuestos regionales y locales. Trichet pedía signos de
que se alcanzaría el 6% del déficit en 2011, una promesa que quedó tan lejos
como el 8,9% que supuso en ese ejercicio el roto de las cuentas públicas. De
hecho, no será hasta este año cuando se baje, con suerte, de ese 6%.
b) Transparencia
en las cuentas de las autonomías. El BCE quería que se publicaran todas las
cuentas de los subsectores autonómicos. Esto solo lo consiguió el titular de
Hacienda, Cristóbal Montoro, que lo anunció en abril de 2012.
c) La
regla de gasto. En este caso, no es una petición, sino un reconocimiento de
la entidad financiera por la medida aprobada en julio por el Gobierno
socialista para ligar la evolución de la economía a los límites de gasto.
3.- Reformas
del mercado
i) Precios
de la energía. El BCE urge al Gobierno a que los "precios reflejen
mejor el coste de la energía". Esta petición se ha trasladado (se verá si
con éxito) en la reforma eléctrica, en la que el Gobierno quiere acabar con el
déficit de tarifa de forma que los precios de la factura dejen de recoger la
deuda que tiene el Estado con las eléctricas.
ii)
Liberalizar el alquiler de vivienda. Aunque el Gobierno de Zapatero hizo
sus pinitos con este tema, fue el de Mariano Rajoy el que finalmente aprobó una
nueva ley de fomento del alquiler, que ha dado más poder al propietario,
acortando los periodos de alquiler obligatorios y facilitando los desahucios.
iii)
Aumentar la competitividad del sector servicios. El BCE pide que se
aborde la regulación de los servicios profesionales. Zapatero ya inició
tímidamente la reforma de los colegios profesionales, una timidez que ha
continuado Luis de Guindos. Aunque el ministro prometió una gran liberalización
del sector, se ha quedado en agua de borrajas después de las fuertes
presiones que recibió por parte de farmacéuticos y abogados. Lo que sí ha hecho
el Ejecutivo de Rajoy es aprobar la ley de Unidad de Mercado, que se supone que
facilitará la prestación de servicios, y continuar con la liberalización de
horarios comerciales.
Fuente: www.eldiario.es
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