Sí a las reformas, pero no en forma de
recortes a los ciudadanos
Tanto la reducción
del déficit como la creación de empleo son dos objetivos irrenunciables en
estos momentos en los que cabe la esperanza del inicio de la recuperación. La
reducción del déficit lo es por imperativo de la Comisión Europea y por la
necesidad de normalizar las finanzas públicas y el crecimiento del empleo, y
porque es uno de los requisitos para que la sociedad española deje de sufrir,
las familias puedan recuperar parte de su bienestar y su capacidad de consumo
y/o de ahorro.
Sin embargo,
las medidas necesarias para alcanzar ambos objetivos son difíciles de combinar,
y por ello surge la controversia entre medidas de crecimiento y medidas de
austeridad. Para unos es el sector público el que, a través de un mayor gasto,
debe impulsar al crecimiento en detrimento del déficit público. Para otros es
la austeridad del sector público la que debe dejar paso a que el sector privado
incremente su actividad y el empleo.
El
equilibrio es complicado. Las autoridades internacionales, y no solo la
Comisión Europea, exigen la continuidad de los recortes de gasto del sector
público, y su receta son las tan conocidas reformas estructurales, que o no son
suficientes o no tienen fin. Y eso cuando no salen con el consejo de reducir
los salarios, desconociendo la gran deflación que se ha producido estos años en
el sector privado de la economía, donde no hay empresa que, de acuerdo con los
trabajadores y a pesar de los convenios, no haya reducido drásticamente los
salarios y aplicado reducciones de plantillas en sus diferentes modalidades.
En opinión
de esas autoridades, algunas reformas sí se han hecho bien, como la reforma del
sistema financiero, para la que sí ha habido financiación europea. Otras, como
la reforma laboral, las califican de insuficientes, y otras, como la reforma de
las Administraciones públicas, apenas las mencionan, no vaya a ser que se metan
en asuntos internos de la nación española. En opinión de algunos analistas y en
mi propia opinión, sí faltan reformas por hacer, pero son reformas que no
tendrían que implicar recortes de los servicios públicos y sociales de la
población. Por ejemplo, una reforma fiscal que eleve la presión sobre los que
más tienen (capital) y más rentas reciben; una reforma política que reduzca el
elevado número de asesores y lo que algunos llaman colocados, a pesar de que
unos cuantos —no todos— se irían a engrosar el paro; una reforma de la ley
electoral que acabe con las ventajas electorales de los grandes partidos y
permita al ciudadano votar con listas abiertas al que se lo merezca, y no a los
que decidan los propios partidos, y que también permita reducir el número de
parlamentarios autonómicos, que trabajan poco y mal por los ingresos que
obtienen. Por último, lo más difícil es buscar una solución a la financiación
de las comunidades autónomas que adecúe las transferencias y los ingresos a las
necesidades que tienen que cubrir, pero sin dejar margen a las inversiones
improductivas y los despilfarros que han cometido en el pasado reciente.
Estamos todavía inmersos
en un círculo vicioso
Pero es
difícil que el Gobierno ataque de verdad estos problemas ni que surja algún
acuerdo de Estado importante entre los partidos ahora mayoritarios. De manera
que para crear empleo y reducir el paro solo podemos contar con que el sector
privado se vea impulsado por las condiciones internacionales y que los
empresarios, cansados de la crisis, inviertan, exporten y generen actividad. Y
aquí aparece el mayor problema actual, la falta del crédito suficiente para
hacerlo. Al sistema financiero se le ha ayudado. El ajuste de las cajas de
Ahorros ha sido intenso y se han perdido muchos puestos de trabajo para ganar
productividad y eficiencia, pero ahora, gracias a la política monetaria de
Banco Central Europeo, los bancos y cajas, en vez de dedicarse a su principal
labor —dar crédito a las empresas y familias—, se dedican a financiar al sector
público, ganando una buena rentabilidad con el dinero barato que les
proporciona el BCE.
Mientras el
conjunto de las Administraciones públicas (Estado, comunidades autónomas,
Ayuntamientos y Seguridad Social) no reduzca sus gastos al nivel de los
ingresos disponibles (básicamente, impuestos y cotizaciones sociales), habrá
que cubrir el déficit público generando más deuda pública, que habrá que financiar
o por inversores internacionales o por bancos españoles e inversores privados
españoles. Puede que el cambio que se está sugiriendo en la financiación en
algunas pensiones, transfiriéndolas desde la Seguridad Social al Estado, tenga
sentido desde el punto de vista de la claridad organizativa, pero no soluciona
nada en cuanto a la generación de déficit público.
No se extrañen de que
aumente la deuda pública mientras siga existiendo déficit público
Tampoco se
soluciona el déficit público transfiriendo más recursos del Estado a las
comunidades autónomas, ya sea en forma de puras transferencias o en una mayor
participación de los impuestos. El déficit total de las Administraciones
públicas seguiría siendo el mismo. Solo con la reducción del gasto, a través de
una gestión más eficiente —ya sea de las comunidades autónomas o del Estado—,
podría conseguirse el equilibrio entre ingresos y gastos. Quedan todavía muchos
gastos ineficientes por eliminar sin tener que someter a los servicios de
enseñanza y sanidad a recortes que lo único que hacen, además de reducir el
empleo, es rebajar la calidad de los servicios.
Estamos
todavía inmersos en un círculo vicioso. Si no se reduce el déficit público,
inexorablemente aumentará la deuda pública. Los bancos financiarán la nueva
deuda y las renovaciones de la ya existente, dejando escasos recursos para el
crédito al sector privado, siendo escasas las posibilidades de emprender o de
invertir y, como colofón, haciendo difícil la creación de empleo y la
consiguiente reducción del paro. Las discusiones sobre décimas entre las
previsiones del Gobierno y de la Comisión Europea del déficit público son
insignificantes y dependen del ritmo de crecimiento de la economía que se
consiga en los próximos años.
Por tanto,
sí a las reformas, pero no en forma de recortes a los ciudadanos, que ya han
soportado el peso de la crisis durante muchos años. No se extrañen de que
aumente la deuda pública mientras siga existiendo déficit público. Así será a
no ser que se puedan obtener ingresos patrimoniales extraordinarios para
amortizarla. No les extrañe que no se cree empleo si no hay financiación para
el sector privado que pueda generarlo. No les extrañe que los ciudadanos (salvo
algunos privilegiados) estén cansados de tantos recortes y de pagar tantos
impuestos, mientras ven tanta corrupción y tanto mal hacer entre los políticos
que recibieron sus votos. Rompan el círculo vicioso y reformen de verdad las
instituciones. El riesgo de no hacerlo está en los votos futuros de los
ciudadanos.
Carmen Alcaide es analista y expresidenta del Instituto Nacional de
Estadística (INE).
Fuente: www.elpais.com
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